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Por pandemia, cierran 1 millón de Mipymes en México

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Ante el cierre de poco más de un millón de negocios en México, las empresas señalaron que requieren más apoyos fiscales y aplazamiento de pagos a créditos o servicios para poder hacer frente al difícil panorama provocado por las afectaciones del coronavirus.

De acuerdo con el estudio sobre la Demografía de los Negocios (EDN) 2020 publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de las 4.9 millones de empresas micro, pequeñas y medianas que había en el 2019, sobrevivieron 3.85 millones, es decir, un millón 10 mil 857 establecimientos o 20.81 por ciento cerraron sus puertas definitivamente.

“Es decir, justo el periodo de la pandemia coincide con un incremento en la mortalidad de los establecimientos, no podemos afirmar la causalidad, pero definitivamente podemos decir que la pandemia tiene un factor dentro de todo esto”, mencionó Julio Santaella, presidente del Inegi, en videoconferencia.

En los establecimientos que dejaron de operar de manera definitiva laboraban casi 3 millones de personas, mientras que los locales sobrevivientes tuvieron una disminución de 1.15 millones de personas. En total se perdieron 4.12 millones de puestos de trabajo.

Por otra parte, el estudio muestra que a 17 meses de concluido el levantamiento censal nacieron 619 mil 443 unidades productivas, en las cuales se generaron 1.23 millones de empleos.

De esta manera, se pasó de 14.66 a 11.77 millones de personas ocupadas en septiembre de 2020, lo que representa una disminución de 19.68 por ciento con respecto a la población ocupada en mayo de 2019.

Por actividad económica, la mayor proporción de cierres definitivos se registró en establecimientos de servicios privados no financieros, con el 24.92 por ciento; comercio, con 18.98 por ciento y manufacturas, con el 15 por ciento.

En otra encuesta, sobre el impacto económico generado por Covid-19 (ECOVID-IE), se revela que alrededor de 1.87 millones de empresas en el país, el 86.6 por ciento del total, indicó haber tenido alguna afectación a causa de la pandemia.

Entre las principales afectaciones se encuentran la disminución de los ingresos con el 79.2 por ciento del total, la baja demanda con 51.2 por ciento y con el 22.8 la escasez de insumos o productos.

“Tomando en cuenta todo el periodo del COVID-19, el principal resultado que da la encuesta es que las empresas tuvieron una disminución de los ingresos debido al cierre de actividades no esenciales”, consideró Guillermina Rodríguez, subdirectora de Estudios Económicos de Citibanamex.

Destacó que es cierto que las empresas cerraron sus operaciones, pero también hay nacimientos de nuevas unidades productivas que pueden ser de otras actividades, por lo que quizás se estén ajustándose a la nueva normalidad de la actividad económica.

“Este cierre masivo de empresas en México es histórico porque muestra la profundidad de la afectación del coronavirus. La desaparición de Mipymes implicó la pérdida de empleos y la salida fue generar pequeños micronegocios para obtener ingresos propios, esto muestra la problemática que se tiene en materia de empleo y también de inversión”, dijo José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC).

Advirtió que lo anterior afectará de manera estructural en la actividad económica de México y será difícil que a partir de ello se pueda pensar en una recuperación rápida de la economía, pues será al menos hasta el 2022 cuando esto ocurra.

“En comparación con la encuesta pasada en abril, parece que hay cierto optimismo entre las empresas que mencionaron afectaciones por el coronavirus, pero más allá de la mejora, las afectaciones que provocó el virus son muy graves y profundas”, expuso Marcos Arias, analista de Monex.

De acuerdo con el reporte, a nivel nacional 37.6 por ciento de las empresas consideran que podrán continuar operando de 12 meses a más con su nivel actual de ingresos, 46.6 por ciento de tres a menos de 12 meses y 15.8 menos de 3 meses.

De acuerdo con el segundo levantamiento de la Encuesta sobre el Impacto Generado por COVID-19 en las Empresas (ECOVID-IE), la proporción de empresas que recibieron apoyos fue de 5.9 por ciento, mientras que el 94.1 por ciento restante no recibió ningún tipo de ayuda.

La encuesta arroja que las empresas consideran que la política de apoyo que más se requiere para hacer frente a la pandemia es aquella relacionada con los apoyos fiscales, con 61.3 por ciento de respuestas.

Un 40.6 por ciento indicó que se requiere un aplazamiento de pagos a créditos y servicios, 34.4 por ciento mencionó la trasferencia de efectivo y 30.3 por ciento dijo que se necesitan nuevos créditos.

Los resultados destacan que 37.6 por ciento de las unidades económicas prevén un retraso en el pago de sus deudas, y esta proporción es mayor en las microempresas, con 38 por ciento, mientras que en las grandes es de 19.3 por ciento.

Política

Deudas electorales alcanzan a jueces y magistrados en el Distrito Bravos

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Entre las diez personas con mayor adeudo por multas derivadas del proceso de fiscalización de gastos de campaña se encuentran una jueza y una magistrada que actualmente desempeñan funciones en el Distrito Judicial Bravos, de acuerdo con registros oficiales de las autoridades electorales.

La jueza de Control del Tribunal Especializado en Narcomenudeo, Silvia Delgado García, encabeza la lista con el monto más alto pendiente de pago. Su adeudo asciende a 34 mil 960.26 pesos y permanece vigente desde agosto de 2025. Durante su campaña, la funcionaria fue señalada públicamente por haber representado legalmente a un presunto líder de una organización criminal trasnacional. El incumplimiento del pago quedó asentado en un acuerdo emitido el 16 de enero por la autoridad electoral estatal y en el apartado correspondiente de sanciones.

En los siguientes lugares se encuentran Ángel Gerardo Ontiveros Hinojos, Édgar Olivas Mariñelarena, Paola Lizeth Pérez Chávez y Óscar Jan Erntsson Hernández, con multas que oscilan entre los 18 mil 894 y los 23 mil 194 pesos.

En el sexto sitio figura la magistrada penal reelecta Ilian Yasel Iradiel Villanueva Pérez, quien mantiene un adeudo de 16 mil 065.88 pesos.

En la novena posición aparece Jesús Manuel Carrasco Chacón, exfiscal de Distrito Zona Norte hasta enero de 2023, cuando fue destituido. Carrasco Chacón buscó un cargo como juez penal fuera de Ciudad Juárez y tiene pendiente el pago de 13 mil 689.94 pesos, monto que fue reducido tras argumentar imposibilidad para cubrirlo en su totalidad.

En total, 435 personas candidatas dentro del proceso de elección judicial mantienen adeudos por multas. De ellas, 22 son actualmente jueces en el Distrito Judicial Bravos, entre quienes se encuentran, además de Delgado García, Rosa Amelia Bailón Payán, Lizbeth Marbella del Carmen Barraza Morales, Karen Arteaga Rivas, Raquel Carlos Ávila, Edith Castruita, Félix Guerra, Marco Calderón y Maribel Vega, principalmente en materia penal. En estos casos, los montos pendientes son menores, con cifras que van de los 566 a los mil 697 pesos.

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