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México inicia el 2021 con 5 estados en rojo y 22 en naranja por Covid

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México iniciará 2021 con Baja California, Guanajuato, Ciudad de México, Estado de México y Morelos en color rojo del semáforo epidemiológico de COVID-19 de la Secretaría de Salud, que se aplicará a partir del 4 de enero.

Las entidades que se sumaron al riesgo máximo en esta herramienta federal son Guanajuato y Morelos, los cuales estaban en naranja hace 15 días.

En total, 22 entidades estarán en naranja, mientras que en color amarillo, de riesgo medio, se mantendrán tres, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz, y en verde, de bajo riesgo, solo dos, Campeche y Chiapas.

Los estados en semáforo naranja son: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Colima, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Hidalgo, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán.

El semáforo comenzará a aplicarse a partir de este lunes y estará vigente al 17 de enero, aunque los colores pueden modificarse en el intervalo de este periodo.

En la capital y el Edomex se anunció el regreso al máximo riesgo el 18 de diciembre. Las medidas se empezaron a aplicar desde el día siguiente al anuncio y, de acuerdo con las autoridades, estarán vigentes por lo menos hasta el 10 de enero.

La decisión se tomó luego de que se presentara un incremento en la actividad epidémica y en las hospitalizaciones. Al 1 de enero, la Ciudad de México contabiliza 334,137 casos acumulados de COVID-19 y 21,810 defunciones, en tanto que el Edomex, 147,443 positivos y 14,423 decesos.

Ambas entidades reportan alto nivel de hospitalizaciones. La CDMX tiene 85% de ocupación de camas generales, y el Edomex, 81%; los porcentajes son de 83% y 75% en camas con ventilador, y 85% y 83% en camas con ventilador en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), respectivamente.

En Guanajuato, se informó que el incremento en el número de contagios propició el cambio del semáforo estatal para regreso al color rojo, el cual se aplicaría del 28 de diciembre al 10 de enero.

Debido a la tendencia al alza, se adelantó la aplicación de este semáforo desde el 25 de diciembre. «Lo hacemos en virtud del incremento de la tendencia de hospitalización, de mortalidad, por el porcentaje de positividad del virus en la toma de muestras, esta es una acción absolutamente necesaria para detener la cadena de contagios en el estado», dijo recientemente el secretario de Salud estatal, Daniel Díaz.

Guanajuato ocupa el tercer puesto con más casos de COVID-19 acumulados, con 83,520, y el séptimo en fallecimientos, con 5,321.

Previo a Noche Buena, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, también anunció que la entidad regresaría a semáforo rojo, tras el incremento en los pacientes contagiados, situación provocada principalmente por el aumento de la movilidad.

El mandatario señaló que la medida se aplicaría desde el 24 de diciembre hasta el 10 de enero. La entidad contabiliza 9,930 casos positivos y 1,439 decesos.

Fuente: Expansión

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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