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Policiaca

Publicaba en Facebook que amaba a sus hijos… pero los asesinó

Tres hermanos aparecen de espaldas y agarrados de las manos, el menor lleva jalando una pelota de plástico grande. El pie de foto dice: “Lo mejor de mi vida”, acompañado de emoticones con corazones en los ojos.

Esto lo escribió Luis Alfredo C. O. el 5 de septiembre de 2018 en su cuenta de Facebook, 15 meses antes de presuntamente asesinar este sábado a sus tres hijos de tres, siete y ocho años de edad, en la colonia 11 de Julio, en Mineral de la Reforma, Hidalgo.

El 16 de julio del mismo año, el joven actualizó la foto de portada de su red social, en una fotografía se observa a dos niños sonriendo.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven de 26 años de edad es el responsable de asesinar a los tres niños, quienes presentaban golpes y lesiones en diversas partes del cuerpo.

Asimismo, el parte policiaco refiere que el padre del presunto culpable fue quien alertó a las autoridades, luego de que recibió una llamada telefónica de Luis Alfredo, quien confesó el crimen.

La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) desplegó un operativo para localizar a Luis Alfredo C. O., pero hasta el momento no se encuentra prófugo.

Casos como este triple homicidio cometidos por padres o familiares en contra de menores de 15 años no es el primero que ocurre en Hidalgo en los últimos ocho años.

De 2012 a 2017, en la entidad 16 niños fueron asesinados por maltrato infantil, de los cuales en seis casos se identificó a algún familiar como el agresor. Durante este tiempo, en México se registraron mil 91 casos, y no hay estado de la República que no haya presentado al menos un incidente, así lo reveló la investigación Matar a un hijo.

De acuerdo con el trabajo periodístico, los principales agresores de estas víctimas son padres, madres y padrastros, quienes cometen 8 de cada 10 homicidios de niños y niñas entre los 0 y 14 años de edad. Asimismo, tíos, abuelos y hermanos son también perpetradores, pero en menor medida.

De enero a noviembre de 2020, la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) inició 5 mil 350 carpetas de investigación por violencia familiar, de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Según las estadísticas, durante los primeros meses de la contingencia por la pandemia del covid-19 se incrementó la incidencia. En marzo se denunciaron 631 mil casos, en abril 576 y en junio 522, mientras que en enero fueron 406 y en febrero 435.

La tendencia en llamadas de emergencia por presuntos delitos de violencia familiar fue similar a nivel nacional. En enero del año pasado se realizaron 15 mil 851, en febrero 17 mil 801 y en marzo alcanzaron su primer punto más alto durante el primer semestre de 2020 con 20 mil 504. No obstante, en septiembre se registraron 20 mil 89 llamadas y en octubre 20 mil 589, la mayor cifra alcanzada desde 2015, de acuerdo con el informe del SESNSP.

Fuente: Animal Político

Chihuahua

Sentencia de 50 años a maestro y cómplices por secuestro de Camila

Sentencia Condenatoria por Secuestro de Menor en Chihuahua

El Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Morelos dictó sentencia condenatoria contra tres implicados en el secuestro de una adolescente, ocurrido el 8 de noviembre de 2022, en la calle Bahía de San Quintín, Chihuahua.

Hechos Comprobados

  • José Luis A. Z. y Armando M. O., armados con un cuchillo, privaron de la libertad a la menor, subiéndola por la fuerza a un vehículo Ford Figo 2019.
  • Durante un operativo conjunto entre la Agencia Estatal de Investigación y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, la víctima fue rescatada sana y salva.
  • Eric Ricardo R. S., profesor de la menor, fue señalado como el autor intelectual del secuestro al idear el plan para exigir un rescate.

Sentencia y Reparación del Daño

  • Los tres acusados fueron encontrados responsables tras la presentación de pruebas, incluidas imágenes de cámaras de seguridad.
  • Además de la condena en prisión, deberán pagar 101 mil pesos como reparación del daño.

Este caso destaca la coordinación entre las autoridades y el sistema de justicia para garantizar la seguridad de las víctimas y castigar actos de violencia en la comunidad.

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