La Arquidiócesis Primada de México informó este sábado que Rivera, de 78 años de edad, “está siendo debidamente atendido”, pero no explicó las complicaciones por las que fue internado.
“Él mismo pide la oración del pueblo de Dios para hacer frente a esta situación tan especial”, indicó la Arquidiócesis en un comunicado.
En 2017, Norberto Rivera presentó su renuncia como arzobispo primado de México, luego de cumplir 75 años, como lo marca el derecho canónico. En su lugar quedó el cardenal Carlos Aguiar Retes.
En noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó un amparo que podría llevar a que la Fiscalía General de la República (FGR) de a conocer las investigaciones en contra de Norberto Rivera, arzobispo emérito de México, por presuntamente ocultar los casos de pederastia de al menos 15 sacerdotes.
Por unanimidad, la Primera Sala de la SCJN avaló el proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que ordena a la FGR “analizar exhaustivamente” si el denunciante u otros miembros de la sociedad pueden tener acceso a la investigación y el esclarecimiento de los hechos.
La denuncia, presentada ante la FGR en junio de 2017, acusa a Rivera, de omitir informar al Ministerio Público Federal de la posible comisión de actos pederastas realizados por sacerdotes adscritos a esa arquidiócesis, con lo cual habría violado el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley de Asociaciones Religiosas.
En diciembre de 2016, Rivera dijo que los 15 sacerdotes ya habían sido enjuiciados y sentenciados por haber abusado sexualmente de menores, pero negó haber encubierto los casos.
El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.
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