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Japón dice que los Juegos Olímpicos de Tokio se celebrarán “pase lo que pase”

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Después del COI, turno para el Comité organizador japonés de mostrarse optimista: los Juegos Olímpicos de Tokio, aplazados de 2020 a 2021 debido a la pandemia de Covid-19, tendrán lugar «pase lo que pase», a pesar de la evolución de la crisis sanitaria.

«Tenemos que dejar atrás los debates sobre el hecho de que se disputen o no. La pregunta es cómo los organizaremos», insistió Yoshiro Mori, presidente del Comité de organización, durante una reunión entre el comité de Tokio-2020 y los responsables del Partido liberal-demócrata (PLD), en el poder en Japón.

«Reflexionemos en esta ocasión sobre un nuevo tipo de Juegos Olímpicos», lanzó el antiguo Primer ministro, mientras los organizadores nipones ya expresaron su voluntad de hacer de los Juegos de Tokio «un modelo» para ediciones futuras, que podrían también estar confrontadas a crisis sanitarias como la del Covid-19.

Las declaraciones de Mori se producen mientras el Primer ministro japonés Yoshihide Suga anunció el martes una prolongación de un mes del estado de emergencia ante la pandemia, decretado en enero en varios departamentos del país (entre ellos Tokio y su periferia) por una duración inicial de un mes.

Un endurecimiento de las condiciones de acceso a Japón para los no residentes ya forzó el aplazamiento de varios eventos deportivos, entre ellos una prueba de natación sincronizada que iba a servir de torneo de clasificación olímpica, aplazada ahora a mayo cuando su fecha prevista era primeros de marzo.

El relevo de la llama olímpica a través de Japón se mantiene y en principio comenzará el 25 de marzo.

La próxima etapa, muy esperada, tendrá lugar el miércoles con la presentación por los organizadores de los Juegos de Tokio de nuevos detalles sobre sus medidas ante el coronavirus. Unas decisiones difíciles sobre el número de espectadores, con una eventual disputa a puerta cerrada, se tomarán en principio en la primavera (boreal).

Así pues, no resulta imposible que por primera vez en la historia los Juegos Olímpicos (23 julio-8 agosto) seguidos de los Juegos Paralímpicos (24 agosto-5 septiembre) de disputen sin espectadores, o con un número muy reducido.

Pero para el presidente del Comité Paralímpico Internacional, el brasileño Andrew Parsons, entrevistado por la AFP «tener unos Juegos, incluso sin público o únicamente con espectadores japoneses, es preferible a no tener Juegos».

«Comprendemos que los Juegos no serán los mismos sin espectadores, pero su impacto es muy fuerte, y va más allá de la ciudad y del país organizador», estimó, considerando que el sacrificio es aceptable si el evento puede inspirar amplias audiencias.

Una amplia mayoría de la opinión pública japonesa se opone actualmente a albergar los Juegos este año, temiendo que ello agrave la pandemia en Japón, según recientes encuestas.

Pero los organizadores descartaron cualquier nuevo aplazamiento o anulación, y contaron con el apoyo del Comité Olímpico Internacional y de deportistas de todo el mundo.

Así, el presidente alemán del COI, Thomas Bach, barrió la semana pasada los temores a la anulación de los Juegos, apelando a «la paciencia y la comprensión», y prometiendo unos Juegos «seguros» a pesar de la pandemia.

Un mensaje retomado este martes por la ministra nipona encargada de los Juegos, la antigua patinadora de velocidad Seiko Hashimoto: «Hacer de los Juegos un éxito será la prueba de un mundo unido», aseguró.

Pero aún queda por tranquilizar a la población local. Varias asociaciones de médicos japoneses apelaron a los organizadores a limitar el número de espectadores, señalando que el sistema de sanidad japonés está siendo desbordado por la ola actual de contagios.

Y todo ello mientras Japón no ha autorizado aún ninguna vacuna, y en principio no comenzará a vacunar a sus ciudadanos antes de finales de febrero.

Fuente: El Economista

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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