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Detectan irregularidades por 12 mil 276 mdp en primer año de gobierno de AMLO

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por 12 mil 276 millones de pesos.

De acuerdo al informe, los entes fiscalizados con mayores señalamientos son la Secretaría de Cultura, la Secretaría del Bienestar, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México por la construcción del Aeropuerto en Texcoco, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

La ASF invitó a los entes a presentar la documentación requerida para demostrar que los recursos fuero utilizados de manera adecuada, pues de lo contrario se impondrán sanciones.

La Secretaría del Bienestar tiene señalamientos por el programa Sembrando Vida, que se creó para atender la pobreza rural y evitar la degradación al medio ambiente con apoyos en efectivo, sin embargo, se entregaron 74 mil 962 apoyos a 61 mil 602 becarios por 338 millones de pesos, pero no acreditó su entrega. De acuerdo a la ASF los señalamientos al programa suman 609 millones de pesos.

En torno a la contratación de Servidores de la Nación, la ASF señala que no existe documentación que compruebe el pago de 321 millones de pesos a los elementos en 2019. Además se tiene conocimiento de una transferencia por 87 millones de pesos a tres cuentas bancarias pero sin evidencia documental. Las irregularidades al programa suman 561 millones de pesos.

El Aeropuerto de Texcoco tiene irregularidades por 3 mil 215 millones de pesos, por ejemplo, se pagaron ocho millones de pesos en diseño de infraestructura adicional que no estaba contemplada en el proyecto original.

Otro pago irregular fue por 229 millones de pesos en el contrato por el edificio terminal de pasajeros, vialidades de acceso, estacionamientos, torre de control y centros de control de operaciones, pues no se acreditó el acompañamiento arquitectónico.

También se detectaron pagos por 266 millones de pesos por obras como la terminal de carga, el edificio satélite o plataformas que no fueron acreditadas, así como 102 millones de pesos por construcción de losas de cimentación.

La Secretaría de Cultura sumó mil 707 millones de pesos en pagos irregulares, como 727 millones por deudas pasadas sin que se conozcan los servicios prestados, contratos por viajes por 2016 millones de pesos en donde no hay justificación, y contratos por 190 millones de pesos para le pago de maestros de arte y dibujo para menores.

También se solicitó al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) aclarar 156 millones de pesos por el proyecto del Tren Maya.

Fuente: La Razón

México

Revelan plataforma sobre presuntos vínculos de políticos con el crimen organizado

Ciudad de México.– Los periodistas Luis Chaparro y Óscar Balderas, junto con la organización civil Defensorxs, presentaron la plataforma digital Narcopolíticos.com, en la que se documentan perfiles de funcionarios y exfuncionarios acusados de tener nexos con el crimen organizado.

El sitio abrió con 11 perfiles, aunque sus creadores anunciaron que se espera superar los 30 en las próximas semanas. Entre los señalados aparecen dos gobernadores en funciones y una alcaldesa, presuntamente relacionados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa.

Los casos más destacados son:

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí (PVEM), vinculado en informes y filtraciones a Los Zetas y posteriormente al CJNG.

Anavel Ávila Castrejón, alcaldesa de Coalcomán (MC), investigada en Michoacán tras un evento público en el que se agradeció a “El Mencho” por la entrega de juguetes a niños del municipio.

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa (Morena), relacionado con la facción de Los Chapitos e investigado en EE.UU. por presuntamente utilizar al Cártel de Sinaloa para afianzar su gubernatura.

El sitio también incluye el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública federal, condenado en Estados Unidos a más de 30 años de prisión por colaborar con el Cártel de Sinaloa.

Los impulsores de la plataforma subrayaron que su objetivo es que la ciudadanía no olvide “los hechos cometidos” y que se mantenga un registro público de los presuntos vínculos entre política y crimen organizado.

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