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AMLO envía carta a Suprema Corte por juez que frenó reforma eléctrica

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El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer este lunes que envió una carta la presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, por el caso del juez que frenó la reforma eléctrica.

«Un día después de haberse publicado la reforma a la ley de la industria eléctrica, el juez Juan Pablo Gómez Fierro, titular del juzgado segundo de distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, concedió a un quejoso una suspensión por el amparo promovido en contra de esa nueva disposición y lo hizo extensivo a otras personas físicas y morales», dice el mandatario federal en la misiva al también presidente del Consejo de la Judicatura Federal.

López Obrador solicita a Zaldívar que se lleve a cabo una investigación para esclarecer la actuación del juez Gómez Fierro en este asunto, en el que se le concedió amparo empresas eléctricas. Y acusó que al ministro en retiro José Ramón Cossío y a Claudio X. González, abogado y cofundador de varias asociaciones civiles, de estar detrás de dicho amparo.

«De manera respetuosa, en observancia al principio de separación de poderes, le solicito que el Consejo que usted preside determine e informe si a la autoridad judicial mencionada le correspondía o no aplicar de manera oficiosa a quienes no lo solicitaron y si es de su competencia o no resolver sobre este caso», expresa el presidente.

La nueva ley que da prioridad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre empresas privadas se enfrentó a su primer obstáculo judicial importante dos días después de su ratificación, cuando un tribunal otorgó una suspensión provisional a dos empresas.

En la decisión, que fue entregada a Eoliatec del Pacifico y otra compañía no identificada, el tribunal federal de distrito dijo que la suspensión debería aplicarse en todo el país. Eoliatec del Pacífico es una asociación de parques eólicos entre divisiones de Electricite de France y la japonesa Mitsui & Co.

El fallo es un revés importante para el presidente, que ha tratado de proteger a la CFE de la competencia privada. La ley determina qué productores tienen prioridad en la distribución de energía, comenzando por las centrales hidroeléctricas estatales y otras instalaciones gubernamentales. Solo entonces se permitirá a los parques solares y eólicos privados suministrar energía a la red.

La decisión es solo temporal mientras el caso continúa en la corte de distrito. Un portavoz de CFE declinó comentar sobre la decisión y la oficina de prensa del presidente no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Esta no es la primera vez que López Obrador encuentra resistencia. A principios de este año, la Corte Suprema de México anuló las medidas introducidas por la Secretaría de Energía de la nación para proteger la generación estatal de electricidad, que ya había sido suspendida en tribunales inferiores.

Fuente: Bloomberg

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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