La Administración de Joe Biden intenta abordar su primera crisis migratoria en colaboración con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ante el masivo efecto llamada de migrantes centroamericanos. El presidente estadounidense ha enviado una delegación a México para definir una estrategia común y un plan de cooperación regional mientras miles de guatemaltecos, hondureños y salvadoreños en encuentran varados en las fronteras sur y norte del país. El equipo, encabezado por la exembajadora Roberta Jacobson, llega este lunes a Ciudad de México para reunirse mañana con el canciller Marcelo Ebrard y mantener una jornada de trabajo con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Una parte de la misión se desplazará después Guatemala.
El objetivo del viaje, que se produce justo después de que Biden anunciara su intención de visitar la frontera, consiste, según ha informado la Casa Blanca, en “colaborar con funcionarios del Gobierno mexicano para poner en marcha un plan de acción eficaz y humano en la gestión de la migración”. Jacobson, una veterana diplomática que fue la máxima representante de Washington en México entre 2016 y 2018, y renunció por desacuerdos con Donald Trump, estará acompañada por Juan González, hombre fuerte de Biden en América Latina, y Ricardo Zúñiga, el recién nombrado enviado especial del Departamento de Estado para el Triángulo Norte. La delegación estadounidense quiere escuchar también a exponentes de la sociedad civil y de ONG “para abordar las causas primarias de la migración en la región y construir un futuro más esperanzador”.
Eso se ha traducido, de momento, el compromiso de la nueva Administración estadounidense de destinar 4.000 millones de dólares a Centroamérica. El monto, anunciado en enero, es un punto de partida para una tarea titánica que incluye, por ejemplo, la reconstrucción de un país devastado por los huracanes Iota y Eta como Honduras, lo que fue otra espita de la última caravana migrante.
En este momento las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos giran en torno a la migración y a la distribución de las vacunas contra la covid-19. La llegada de Biden a la Casa Blanca y las promesas de un giro en sus políticas alentó a finales de enero una nueva ola de migrantes. La primera caravana de hondureños se topó primero con la represión de las fuerzas de seguridad guatemaltecas y después con la frontera mexicana. Los que logran cruzar y llegar hasta el río Bravo se enfrentan a una expulsión hacia el sur, a pesar de que Trump ya no esté en el poder. A diferencia de su antecesor, Biden ha suavizado algunas fórmulas para permitir la entrada, por ejemplo por motivos humanitarios, pero tanto el presidente como su Administración no han dejado de lanzar mensajes -y dar señales, como las expulsiones- disuasorios.
El incremento del flujo ha sido vertiginoso en los últimos meses. En febrero fueron retenidos o detenidos más de 100.000 migrantes. Estos números recuerdan la crisis vivida a mediados de 2019, cuando López Obrador se plegó a las exigencias de Trump para frenar la llegada de centroamericanos a Estados Unidos ante las amenazas arancelarias de Washington. El pasado 19 de marzo el Gobierno mexicano desplegó nuevos operativos en la frontera sur “para salvaguardar los derechos e integridad de personas menores de edad migrantes de diferentes naciones centroamericanas, usados por redes criminales como salvoconducto de tránsito para llegar al norte del país”. La Secretaría de Gobernación informó también de restricciones de acceso “en los cruces terrestres a los visitantes con actividades no esenciales” ante la emergencia sanitaria de la covid-19. Las autoridades mexicanas han identificado en lo que va de año a casi 4.200 menores, acompañados y no acompañados, “quienes viajaban de manera irregular en territorio mexicano y son presas de traficantes de personas que lucran con la migración irregular”.
Fuente: El País
