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Múltiples fracturas y 4 policías investigados: lo que se sabe del homicidio de la salvadoreña Victoria Salazar

Cuatro policías mexicanos (tres hombres y una mujer) mataron a Victoria Esperanza Salazar Arriaza, una mujer salvadoreña de 36 años, en Tulum, México la tarde del sábado. Los agentes la sometieron, asfixiaron e ignoraron sus gritos de auxilio durante varios minutos, como muestran los videos difundidos en redes sociales, y le partieron varias costillas, la columna vertebral y el cuello, confirmaron las autoridades mexicanas.

“Yo quiero justicia para mi hija, porque no es justo lo que le hicieron a ella”, afirmó el lunes la madre de la víctima, Rosibel Arriaza, a la agencia AP. “ Ella era una mujer que no iba armada, simplemente porque era mujer y no sé qué pasó”.

Salazar era madre soltera de dos hijas, de 15 y 16 años. Arriaza dijo que “supuestamente una niña ya está en custodia del DIF [Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, institución mexicana]” pero que la otra se niega porque “ siente temor de la policía” y “piensa que la policía le puede hacer algo”, según reporta la agencia Efe.

Las autoridades locales de Tulum, en el estado de Quintana Roo y uno de los centros turísticos más importantes de México, informaron que la mujer acabó muerta a manos de la policía tras ser detenida por un altercado con un vendedor de víveres.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, comentó la mañana del lunes que el homicidio de Salazar le llenaba “de dolor y vergüenza” y dijo que se castigaría a los responsables.

“Veo a miles de mexicanos indignados, exigiendo justicia para nuestra compatriota. Ellos están igual de indignados que nosotros”, dijo el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, a través de su cuenta oficial de Twitter. “Que no se nos olvide que no fue el pueblo mexicano quien cometió este crimen, sino unos criminales en la policía de Tulum”.

La organización Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad informó el 5 de marzo de 2020 que el 97% de los feminicidios cometidos en México quedan impunes. Esto en un país donde un promedio de 10 mujeres son asesinadas al día y que en el primer semestre de 2020 registró un récord de homicidios cometidos contra mujeres, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía mexicano (Inegi).

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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