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México

«Lorenzo Córdova y Ciro Murayama son unos traidores a la democracia»: Mario Delgado

Al grito de «¡Fuera, fuera, fuera!», Mario Delgado, presidente nacional de Morena, acusó que algunos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) como Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, se han convertido en «traidores de la democracia».

Al participar en el inicio de campaña de Layda Sansores al gobierno de Campeche, el líder partidista aseguró que la derecha y la «mafia de la corrupción», a través del órgano electoral quieren quitarle al pueblo la opción de decidir y alterar la voluntad ciudadana.

«Tenemos que estar muy atentos porque la derecha y la mafia de la corrupción no se van a quedar tranquilos. Ahora están metiendo la mano a través del INE, algunos consejeros como Lorenzo Cordova y Ciro Murayama son unos traidores a la democracia, y quieren alterar la voluntad ciudadana, quieren quitarle al pueblo la posibilidad de decisión».

«¡Fuera, fuera, fuera, fuera! No nos vamos a dejar y desde aquí se los decimos», manifestó ante cientos de simpatizantes de Morena.

Desde Ciudad del Carmen, Campeche, Mario Delgado aseguró que la elección de este año se trata de defender los logros de la cuarta transformación y de apoyar su continuidad, para que, indicó, el cambio siga adelante en Campeche y todo el país.

«Cuando el pueblo se decide a cambiar no hay nada ni nadie que lo detenga, que lo pueda detener; ni los mañosos de siempre, ni todo su dinero que van a tratar de desviar para cambiar la voluntad del pueblo de Campeche».

Afirmó que Campeche no se merece «a la pandilla de saqueadores» que han tenido como gobernantes, a quienes, acusó, por años le han robado el patrimonio y la tranquilidad a los campechanos, pero aseguró, que la gente ya se decidió por el cambio y que con Layda Sansores y Morena, el pueblo campechano va a despedir a los corruptos para que llegue la transformación a la entidad.

«Les llegó la hora y se van. Layda es una mujer de convicciones, ejemplar, que ha mostrado una y otra vez que no se dobla. Ha acompañado también por muchos años al hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; es la mujer que Campeche ha estado esperando. Layda representa el cambio, representa la justicia, representa la transformación de este bello estado», agregó.

Fuente: El Universal

México

Senado prohíbe definitivamente las terapias de conversión en México

El pleno Senado de la República aprobó las reformas al Código Penal y a la Ley General de Salud para prohibir y sancionar de forma definitiva y a nivel nacional los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG), también conocidas como terapias de conversión, las cuales han sido consideradas por organismos internacionales como un acto de tortura en contra de la comunidad LGBTQ+, ya que consisten en someter a las víctimas a abusos sexuales, electrochoques y hasta supuestos exorcismos, para que se se identifiquen como personas cisgénero heterosexuales.

Los senadores aprobaron prohibir los ECOSIG en México con 77 votos a favor, cuatro en contra y 15 abstenciones durante una sesión que duró casi 12 horas, a un mes de que fue aprobada en la Cámara de Diputados y a seis años de que se presentó la iniciativa.

“Para prohibir y sancionar las llamadas terapias de conversión, conocidas como ECOSIG, se aprueba reformar, con 77 votos a favor, cuatro en contra y 15 abstenciones, el Código Penal Federal y la Ley General de Salud.

“Los ECOSIG son prácticas que han incentivado la violación de los derechos humanos de la comunidad LGBTTTIQ+.”, escribió en redes sociales el Senado.

Tras la aprobación de las reformas, el Senado envió el documento al Ejecutivo Federal para que se realice el trámite correspondiente y se publiquen en el Diario Oficial de la Federación.

¿Cómo se sancionarán las terapias de conversión en México?

De acuerdo con el Senado, quien realice las denominadas terapias de conversión o ECOSIG podrá ser sancionado con dos a seis años de prisión y una multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que actualmente sería una suma de entre 108 mil y 216 mil pesos.

Las reformas que adicionan un artículo 209 Quintus al Código Penal Federal y un artículo 465 Ter a la Ley General de Salud precisan que dichas sanciones se impondrán a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona.

No obstante, la sanción aumentará al doble cuando las conductas tipificadas se realicen en contra de personas menores de 18 años, adultos mayores o personas con alguna discapacidad.

En el proyecto de decreto se establece que bastará la presentación de una denuncia para iniciar la investigación de los hechos que revistan las características del delito al que este precepto se refiere.

¿Los padres de familia podrán ser sancionados?

 

Sí, pero no de la misma forma. En el caso de que sea el padre, madre o tutor de la víctima la persona que incurra en las conductas sancionadas, se les aplicarán las sanciones de amonestación o apercibimiento a consideración del juez.

De igual forma, cuando la persona autora tuviere para con la víctima una relación laboral, docente, doméstica, médica o cualquier otra que implique una subordinación de la víctima; o se valga de la función pública para cometer el delito, también será castigada con destitución e inhabilitación para desempeñar el cargo hasta por un tiempo igual a la pena impuesta.

¿Cómo se sancionará a profesionales de la salud?

 

Subrayó que las personas profesionales, técnicas, auxiliares de las disciplinas para la salud y relacionadas con las prácticas médicas que realicen, impartan, apliquen, obliguen o financien tratamientos, terapias o cualquier tipo de servicios o prácticas quirúrgicas o de otra índole, con el objeto de obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar, anular o suprimir la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona, serán sancionadas de acuerdo con el Código Penal Federal, y suspendidas en el ejercicio profesional, de uno a tres años.

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