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Aumentan contagios y defunciones por COVID-19 en la entidad

En el último reporte epidemiológico COVID-19, la Secretaría de Salud confirmó un total general de 59 mil 602 casos positivos, con 277 nuevos registros, así como un acumulado de 5 mil 752 defunciones, con 22 personas más fallecidas en la entidad.

El reporte indica que 18 de las nuevas defunciones corresponden a Chihuahua y una a cada uno de los municipios de Juárez, Cuauhtémoc, Namiquipa y Gómez Farías.

Se contabilizan 51 mil 289 pacientes recuperados, 32 mil 081 casos descartados y mil 817 contagios sospechosos.

Se encuentran hospitalizadas 295 personas en 28 unidades médicas, de ellas 64 están intubadas; de los pacientes hospitalizados 66% son derechohabientes del IMSS, 25% del Sector Salud, 5% de la Sedena y 4% Issste.

La información muestra que el 51% son del sexo masculino con 30 mil 298 casos y el 49% del femenino con 29 mil 304 casos confirmados.

La proporción por género en los fallecimientos es de 40 por ciento mujeres (2,318 casos) y 60 por ciento hombres (3,434 casos).

Las estadísticas en El Paso, Texas, al 7 de abril de 2021: 130,647 confirmados (+184 nuevos y 6 atrasados); 2,442 defunciones (+9); 125,792 recuperados (+128).

En el país hay 2,261,879 casos totales (+5,499); 441,925 sospechosos acumulados (+461); 205,002 defunciones (+596); 6,191,679 notificadas (+23,424); 25,855 activos estimados 1% (+1,436); 1,798,657 recuperadas (+3,444).

En el mundo hay 132,046,206 casos confirmados (+517,585); 7,821,190 (6%) de los últimos 14 días; 2,867,242 defunciones (+9,264); 2.2% tasa de letalidad.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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