La reforma a la Ley de Hidrocarburos aprobada en la Cámara de Diputados deja con incertidumbre a los inversionistas del sector energético y está lejos de combatir el comercio ilegal de gasolinas y diésel, coincidieron participantes y analistas consultados.
La tarde del miércoles fue avalada en lo general con 292 a favor, 153 en contra y 11 abstenciones y la madrugada de este jueves en lo particular con 271 a favor, 134 en contra y 8 abstenciones, luego de que se presentaran y rechazaran 105 reservas o propuestas de modificación.
El dictamen fue avalado solo por la mayoría parlamentaria de Morena, PT y el PES, con el argumento de que la propuesta servirá fundamentalmente para combatir la corrupción, el saqueo y el abuso de empresas privadas.
En tanto, la oposición del PAN, PRI, MC y PRD insistieron en sus acusaciones de que las reformas solo buscan crear un monopolio en Pemex, que abren las puertas a la discrecionalidad, al abuso, al autoritarismo del gobierno y que se repetirán los amparos y controversias ante la Corte por ser contrarias a la Constitución, atentan contra la competencia económica y porque van a generar alzas de precios en los combustibles.
La unión más grande de gasolineros en el país, Onexpo, informó que ya estudian su defensa legal.
“Se analiza y valora entre otros, el aspecto relativo al alcance y los efectos de estas modificaciones y las medidas que cada unidad económica y la integridad del sector permiten”, declaró.
Otros participantes de ese sector adelantaron que se defenderán del artículo que busca condicionar la entrega y continuidad de permisos al tamaño de la infraestructura para almacenar hidrocarburos. A su vez, buscarán que la autoridad quede obligada a detallar las razones por las que niega un permiso, pues consideraron que en la reforma impera la discrecionalidad.
El dictamen aprobado será remitido al Senado los siguientes días. Si la votación es favorable, la reforma a la Ley de Hidrocarburos podría publicarse la próxima semana en el Diario Oficial de la Federación, estimaron fuentes cercanas al proceso.
Sin embargo, la iniciativa presidencial no va a resolver el comercio ilegal de ‘huachicol’, ni el tema del contrabando, ni las diferencias volumétricas cuando el combustible sale y entra para venderse, señaló Rocío Robles, experta en regulación energética.
“Lo único que va a dar es más incertidumbre y riesgo para los permisionarios. Unas 12 mil 800 gasolineras son de familias mexicanas. Hay muy poca inversión extranjera en instalaciones, están actuando en contra de las propias familias mexicanas”, destacó.
En este sentido, señaló que la reforma cae en el ámbito de lo “ocioso e inoperante” porque ya existen las facultades que otorga a la autoridad para combatir el huachicol.
“La posibilidad de suspender un permiso o revocarlo también ya existían. Los criterios de seguridad energética y de garantía de suministro no están descritos en la modificación, pero sí dejan abierta la posibilidad a la subjetividad del criterio de la Sener cuando se considera que está en riesgo la seguridad energética o el suministro”, advirtió la experta en entrevista.
Óscar Ocampo, coordinador de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), indicó que los cambios a la iniciativa incluidos de último momento por los diputados son solo cosméticos.
“El problema con esta iniciativa es elevar a nivel legal la política de almacenamiento. Es muy difícil que las empresas cumplan con esos criterios, pues México tiene muy baja capacidad de almacenamiento de petrolíferos”, dijo.
Sostuvo que es grave facultar al Estado para suspender las operaciones de las empresas cuando considere que atentan contra la seguridad nacional, energética o la economía nacional.
“¿A qué se refieren con estos conceptos? La forma en la que está redactada la iniciativa está en los términos más amplios posibles, lo cual permite a la Sener o a la CRE argumentar de muchas maneras que algo está afectando. Y ese es el problema, dejar a las empresas desde transportistas, almacenamiento, distribuidores y expendedores con una incertidumbre jurídica muy grande de que en cualquier momento pueden venir contra ellas sin dejar claro por qué”, comentó.
“Los conceptos son tan ambiguos y tan vagos que el mensaje que se envía es que el gobierno mexicano en cualquier momento puede cambiar las condiciones y deja a los inversionistas en un estado de incertidumbre jurídica muy grande”, agregó.
Dijo que es de esperarse que como sucedió con la Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, al día siguiente de que se publique, se presenten juicios de amparos de empresas que se sientan afectadas.
Marcial Díaz Ibarra, presidente de la Asociación de Reguladores del Sector Energético, destacó que no será suficiente el ‘addendum’ que enviaron los diputados para incorporar la garantía de audiencia a las empresas que sean suspendidas, con relación al artículo 59 Bis, que fue señalado por permitir una expropiación indirecta.
“Aún así, la incertidumbre jurídica persiste pues habrá un grado de discrecionalidad para llevar el acto jurídico como tal de la suspensión. Estoy seguro que si queda como vienen en este proyecto va a haber una judicialización por parte de los regulados”, reiteró.
Susana Cazorla, analista del sector, indicó que al artículo cuarto transitorio es preocupante porque en nada afecta que se otorguen permisos antes de iniciar operaciones.
“Es imposible cumplir con el almacenamiento cuando no pueden. La autoridad no está generando las condiciones para un piso parejo, sino todo lo contrario, está haciendo piedritas para que sea más fácil revocar permisos”, señaló.
Fuente: El Financiero
