Opinión

Benito Juárez defiende a la nación por Victor Quintana Silveira

Cuando al inicio de la asamblea ejidal de Benito Juárez, Buenaventura, el 17 de noviembre, se pasó lista y se leyó el nombre de Ismael Solorio Urrutia, caído hace un mes, junto con su esposa Manuelita Solís, en defensa del territorio de su comunidad, 240 voces conmovidas de ejidatarias y ejidatarios gritaron un enérgico: “¡Presente¡”. Voces que con la misma emoción se pronunciaron por unanimidad para exigir la salida de la minera el Cascabel, filial de la canadiense Mag Silver, en un plazo de 48 horas y para negarle todo permiso de exploración o explotación en las tierras ejidales cuando menos durante 100 años.

Nunca se había reunido el quórum oficial del ejido a la primera convocatoria. Nunca habían respondido tan al unísono hombres y ahora muchas mujeres ejidatarias. Solo en el funeral de Ismael y Manuelita, el 24 de octubre, se había visto una acción tan firme, tan decidida, a pesar de las amenazas externas. Son testigos de de la legalidad de la asamblea y del resultado de la votación, así como de la libertad para expresar todas las opiniones, los representantes de Procuraduría Agraria, la Secretaría de Gobierno del estado de Chihuahua y la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Además, formaron un cerco fuera del recinto de la reunión representantes de varias organizaciones sociales como El Barzón, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, y CONTEC, Asesoría Técnica Comunitaria. Sin embargo, la minera Mag Silver, en lugar de sacar su maquinaria y equipo del territorio ejidal, como lo exigió la asamblea, sacó dos comunicados infamantes en su su sitio web: www.magsilver.com En dichos comunicados, fechados en Vancouver, el mismo día de la asamblea ejidal y el lunes 19 de noviembre y firmados por “Dan Maccinis” CEO y Director, y con una pésima traducción al castellano: la trasnacional hace saber a sus accionistas : “…su firme opinión de que la asamblea fue llamada (sic) ilegalmente y orquestado (sic) por un pequeño grupo de activistas radicales agrarios conocido como El Barzón, que se oponen al desarrollo minero e industrial de la región”.

Añade que “las firmas clave necesarios (sic) para llamar correctamente la reunión fueron fraudulentas”. Amenaza con buscar “soluciones legales” para declarar “nula y sin efecto” la asamblea del 17 de noviembre y se realice una nueva asamblea ejidal para que sean respetadas las “normas de procedimiento y gobierno” y con utilizar todas las medidas legales y diplomáticas para defender sus derechos. Concluye que “ los acontecimientos del 17 de noviembre parece ser un paso más en un plan cuidadosamente orquestado para socavar los derechos legales del MAG y frustrar la voluntad de la comunidad en general” y advierte que “tiene la intención de defender enérgicamente sus derechos a través de los canales legales y diplomáticos y que tome medidas para garantizar que las actividades ilegales y equivocada de un grupo marginal no pueden interferir con la voluntad de la comunidad más grande de Ejido” .

Es un ataque directo para la soberanía de la Nación que una empresa extranjera se arrogue funciones de procuraduría agraria, de procuraduría de justicia, de vocera del supuesto bien de una comunidad. Es intolerable ver cómo se apropia de la interpretación de la ley de un país que no es el suyo y ver cómo viene a nuestro país a realizar explotaciones mineras con técnicas prohibidas en su país de origen Es además un alarde de hipocresía amenazar con acudir a instancias legales mientras ha violado la NOM 120 pues no ha hecho ningún estudio de impacto ambiental, y ha realizado perforacioes por debajo del nivel del acuífero. Mag Silver puede hacer todo esto y mentirle a sus accionistas y al público mexicano porque la ley minera del salinismo resulta más entreguista que la porfiriana y sacrifica a los pueblos en aras del interés general de una Nación abstracta, otorgándole primacía al uso minero del subsuelo, por encima de la voluntad de las comunidades, tal y como reza en su artículo 6: “La exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta Ley son de utilidad pública, serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno…”

Por todo esto, la resistencia ejemplar e histórica de las y los ejidatarios de Benito Juárez es un ejemplo de un pueblo concreto que defiende no sólo su territorio, sus recursos naturales, su agua, su medio ambiente. Defiende también la justicia, la dignidad y la soberanía de la Nación. En estas circunstancias, el Senado de la República tiene la obligación de llevar a la práctica el punto de acuerdo que emitió por unanimidad el martes 6 de noviembre para parar en seco las mentiras y la ofensiva de la trasnacional Mag Silver. Debe también reformar de inmediato la ley minera para eliminar el principio de primacía del uso minero del suelo y del interés público de la actividad extractiva. Sólo así podrá defender a este y a otros pueblos que se la rifan por la Nación.

Opinión

Huachicol y otros demonios. Por Caleb Ordoñez T.

México lleva ocho años combatiendo el huachicol y el huachicol lleva ocho años ganándole por goleada. López Obrador inauguró su gobierno cerrando ductos y prometiendo mandar al huachicolero al museo de la corrupción del pasado. Ocho años y una transición después, México registró 2,563 tomas clandestinas solo en el primer trimestre de 2026: una cada 51 minutos. El huachicolero no murió. Evolucionó, se puso corbata y aprendió política.

¿Por qué Huachicol?

“Huachicol” nombró primero al alcohol adulterado, era una bebida que prometía una cosa y entregaba otra, antes de migrar a la gasolina robada y, ya en su versión de cuello blanco, al huachicol fiscal. Somos creativos para ponerles nombres folclóricos a nuestras tragedias.

Caleb Ordoñez Talavera

Y esto dejó de ser folclor hace mucho. En el primer trimestre del año, Hidalgo registró 731 tomas clandestinas; Jalisco, 578; el Estado de México, 189. Cuautepec de Hinojosa, un solo municipio de Hidalgo, acumuló 202 perforaciones en tres meses. Una toma clandestina cada 51 minutos no es el vecino con una manguera a las tres de la mañana. Es una industria con horario de oficina, y una industria necesita nómina: gente para sacar el combustible, pipas para moverlo, bodegas para guardarlo y empresas de papel para lavar las ganancias. Y para sostener el aparato durante años hace falta el insumo más caro de todos: suficientes autoridades dispuestas a no ver, no oír y no preguntar.

Aquí conviene hacer una pausa honesta. El gobierno tiene un argumento real que oponer a esto: los aseguramientos han aumentado, no disminuido, y parte de la razón por la que ahora “vemos” más huachicol es que se está buscando más que antes. Es cierto. El problema es que ese argumento explica el número de decomisos, no el de tomas clandestinas —que también aumentó—, y tampoco explica por qué las redes de corrupción y protección que hacen posible semejante negocio han logrado sobrevivir durante ocho años. Encontrar más droga no prueba que se esté ganando la guerra contra el narco; encontrar más huachicol tampoco prueba que se esté ganando esta.

La escoba de Tabasco

Aquí entra Adán Augusto López. No existe sentencia que lo vincule con el huachicol ni está acreditado que perteneciera a La Barredora. Su problema es otro, y más incómodo: cuando gobernaba Tabasco, puso al frente de la seguridad pública a Hernán Bermúdez Requena, el hombre encargado de cazar exactamente a los delincuentes que terminó, presuntamente, dirigiendo.

Hoy Bermúdez está procesado como presunto jefe de “La Barredora”, organización señalada por extorsión, secuestro y robo de combustible. El hombre puesto a barrer el crimen de Tabasco terminó acusado de encabezar La Barredora llena de corrupción. Adán Augusto ha negado cualquier vínculo y no enfrenta cargos. Pero muchos tabasqueños aseguran que está involucrado.

Lo que no resuelve es la pregunta política: ¿cómo se gobierna un estado sin enterarse de lo que ocurre alrededor del propio jefe de Seguridad? Solo hay dos respuestas, y ambas son un problema. Si lo sabía, es gravísimo. Si no lo sabía, la pregunta es qué estaba gobernando exactamente. Para quien después llegó a secretario de Gobernación y hoy pretende conservar influencia en la definición electoral de 2027, ninguna cabe en un currículum, aunque ambas quepan en la política mexicana.

El huachicol aprendió a usar corbata

Mientras el país perseguía mangueras en el campo, el negocio se mudó a un piso más alto. El huachicol fiscal ni siquiera necesita perforar un ducto: puede bastarle un barco, una importación mal declarada, una empresa fachada y un pedimento aduanal firmado por la persona indicada. Cambió la camioneta por un escritorio y la manguera por un sello.

Las investigaciones han tocado ya a mandos vinculados con la Marina, la institución a la que López Obrador entregó el control de las aduanas para, supuestamente, erradicar la corrupción. Se le dieron las llaves de la puerta trasera a quien debía cuidarla. El pasado 17 de septiembre se conoció en Guanajuato el aseguramiento de 59 millones de litros de presunto combustible ilícito en diez tanques. Con una cifra así, preguntar solo quién manejaba la pipa es casi un acto de inocencia voluntaria. La pregunta es quién permitió construir la carretera —económica, institucional y política— por la que ese combustible circuló durante años.

Adán y la búsqueda incesante de gubernaturas

Tras el escándalo, Adán Augusto dejó la coordinación de Morena en el Senado y anunció que se dedicaría a tareas electorales rumbo a 2027, elección en la que se disputarán 17 gubernaturas para la que Morena ya registró 277 aspirantes. Lejos de desaparecer, sigue moviendo fichas: respalda públicamente a Andrea Chávez en Chihuahua, frente al alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar (favorito en encuestas), y participa en la operación territorial del partido en estados donde aún no se resuelven las candidaturas.

Es decir: mientras el país intenta averiguar cómo el crimen organizado penetró policías, gobiernos y negocios de combustible, uno de los políticos más salpicados políticamente por el caso sigue participando en la construcción del próximo mapa de poder. Solo en la política mexicana un escándalo de ese tamaño puede convertirse en escala y no necesariamente en lastre.

Los otros demonios

Nos acostumbramos a las fotografías de bidones y camionetas incendiadas —una imagen casi reconfortante porque colocaba al delincuente lejos del poder—. Pero un negocio capaz de producir miles de tomas clandestinas y sobrevivir durante ocho años no se explica únicamente desde abajo. Necesita perforadores, sí, pero también transportistas, empresarios y funcionarios que decidieron no complicarse la vida. Necesita, sobre todo, silencio comprado al mayoreo.

López Obrador creyó que bastaba con cerrar ductos. Sheinbaum enfrenta algo más incómodo: averiguar hasta dónde llegan las tuberías políticas que heredó y decidir —con nombres y cargos, no con comunicados— cuánto está dispuesta a seguirlas. Decomisar combustible es relativamente sencillo; investigar las redes de funcionarios, empresarios y protectores que permitieron que el negocio sobreviviera mientras el gobierno presumía combatirlo es otra cosa.

Ahí empiezan los otros demonios. Porque seguir una manguera es fácil. Lo verdaderamente peligroso es seguir el dinero y, de ahí, sin desviarse, seguir al poder mismo.

¿Alguien les pondrá un alto?