Conecta con nosotros

Opinión

Benito Juárez defiende a la nación por Victor Quintana Silveira

Published

on

Cuando al inicio de la asamblea ejidal de Benito Juárez, Buenaventura, el 17 de noviembre, se pasó lista y se leyó el nombre de Ismael Solorio Urrutia, caído hace un mes, junto con su esposa Manuelita Solís, en defensa del territorio de su comunidad, 240 voces conmovidas de ejidatarias y ejidatarios gritaron un enérgico: “¡Presente¡”. Voces que con la misma emoción se pronunciaron por unanimidad para exigir la salida de la minera el Cascabel, filial de la canadiense Mag Silver, en un plazo de 48 horas y para negarle todo permiso de exploración o explotación en las tierras ejidales cuando menos durante 100 años.

Nunca se había reunido el quórum oficial del ejido a la primera convocatoria. Nunca habían respondido tan al unísono hombres y ahora muchas mujeres ejidatarias. Solo en el funeral de Ismael y Manuelita, el 24 de octubre, se había visto una acción tan firme, tan decidida, a pesar de las amenazas externas. Son testigos de de la legalidad de la asamblea y del resultado de la votación, así como de la libertad para expresar todas las opiniones, los representantes de Procuraduría Agraria, la Secretaría de Gobierno del estado de Chihuahua y la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Además, formaron un cerco fuera del recinto de la reunión representantes de varias organizaciones sociales como El Barzón, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, y CONTEC, Asesoría Técnica Comunitaria. Sin embargo, la minera Mag Silver, en lugar de sacar su maquinaria y equipo del territorio ejidal, como lo exigió la asamblea, sacó dos comunicados infamantes en su su sitio web: www.magsilver.com En dichos comunicados, fechados en Vancouver, el mismo día de la asamblea ejidal y el lunes 19 de noviembre y firmados por “Dan Maccinis” CEO y Director, y con una pésima traducción al castellano: la trasnacional hace saber a sus accionistas : “…su firme opinión de que la asamblea fue llamada (sic) ilegalmente y orquestado (sic) por un pequeño grupo de activistas radicales agrarios conocido como El Barzón, que se oponen al desarrollo minero e industrial de la región”.

Añade que “las firmas clave necesarios (sic) para llamar correctamente la reunión fueron fraudulentas”. Amenaza con buscar “soluciones legales” para declarar “nula y sin efecto” la asamblea del 17 de noviembre y se realice una nueva asamblea ejidal para que sean respetadas las “normas de procedimiento y gobierno” y con utilizar todas las medidas legales y diplomáticas para defender sus derechos. Concluye que “ los acontecimientos del 17 de noviembre parece ser un paso más en un plan cuidadosamente orquestado para socavar los derechos legales del MAG y frustrar la voluntad de la comunidad en general” y advierte que “tiene la intención de defender enérgicamente sus derechos a través de los canales legales y diplomáticos y que tome medidas para garantizar que las actividades ilegales y equivocada de un grupo marginal no pueden interferir con la voluntad de la comunidad más grande de Ejido” .

Es un ataque directo para la soberanía de la Nación que una empresa extranjera se arrogue funciones de procuraduría agraria, de procuraduría de justicia, de vocera del supuesto bien de una comunidad. Es intolerable ver cómo se apropia de la interpretación de la ley de un país que no es el suyo y ver cómo viene a nuestro país a realizar explotaciones mineras con técnicas prohibidas en su país de origen Es además un alarde de hipocresía amenazar con acudir a instancias legales mientras ha violado la NOM 120 pues no ha hecho ningún estudio de impacto ambiental, y ha realizado perforacioes por debajo del nivel del acuífero. Mag Silver puede hacer todo esto y mentirle a sus accionistas y al público mexicano porque la ley minera del salinismo resulta más entreguista que la porfiriana y sacrifica a los pueblos en aras del interés general de una Nación abstracta, otorgándole primacía al uso minero del subsuelo, por encima de la voluntad de las comunidades, tal y como reza en su artículo 6: “La exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta Ley son de utilidad pública, serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno…”

Por todo esto, la resistencia ejemplar e histórica de las y los ejidatarios de Benito Juárez es un ejemplo de un pueblo concreto que defiende no sólo su territorio, sus recursos naturales, su agua, su medio ambiente. Defiende también la justicia, la dignidad y la soberanía de la Nación. En estas circunstancias, el Senado de la República tiene la obligación de llevar a la práctica el punto de acuerdo que emitió por unanimidad el martes 6 de noviembre para parar en seco las mentiras y la ofensiva de la trasnacional Mag Silver. Debe también reformar de inmediato la ley minera para eliminar el principio de primacía del uso minero del suelo y del interés público de la actividad extractiva. Sólo así podrá defender a este y a otros pueblos que se la rifan por la Nación.

Clic para comentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Opinión

Inzunza: la decadencia del favorito. Por Caleb Ordóñez T.

Published

on

By

Hay políticos que caen peleando. Hay políticos que caen defendiendo una causa. Y hay políticos cuya caída comienza mucho antes de que ellos mismos se den cuenta; cuando todavía sonríen en las fotografías oficiales y firman acuerdos con la soltura de quien cree que el futuro le pertenece.

La historia reciente de Enrique Inzunza Cázares parece pertenecer a esta última categoría.

Porque más allá de las acusaciones que enfrenta, más allá de los expedientes estadounidenses y más allá del ruido mediático que rodea a Sinaloa, hay algo que llama poderosamente la atención: Inzunza no se comporta como alguien que busca convencer al país de su inocencia. Se comporta como alguien atrapado en una partida de ajedrez donde cada movimiento tiene un único objetivo: sobrevivir un turno más. Viviendo en un eterno jaque.

Durante años fue presentado como uno de los hombres más inteligentes del círculo cercano de Rubén Rocha Moya. Jurista, magistrado, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, secretario general de Gobierno y después senador de la República. Su ascenso fue tan rápido que muchos (casi todos) dentro de Morena en Sinaloa, lo veían como una especie de gobernador en espera.

No era un político de masas. No era un gran orador. No era un líder carismático.

Su poder provenía de otra parte: de la operación silenciosa, del control institucional, de la cercanía con el grupo gobernante y de una influencia que crecía discretamente, lejos de los reflectores, precisamente donde ese tipo de poder se cultiva mejor.

Por eso resulta tan revelador observar lo que ocurre hoy.Cuando un político es acusado injustamente, normalmente intenta salir a dar la cara. Busca entrevistas. Explica. Debate. Confronta. Construye una narrativa que lo sostenga mientras el temporal amaina.

Inzunza ha hecho exactamente lo contrario.

Los números lo dicen con una frialdad que ningún argumento político puede disfrazar.

Desde el 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación formal en su contra, Inzunza acumuló 21 días de ausencia en sesiones del Congreso. No pidió licencia. No renunció. Simplemente dejó de aparecer. Su única reaparición fue una fotografía en redes sociales junto a su madre, con ubicación en Batequitas, Badiraguato. Un político que dice no tener nada que esconder, escondido. Y cuando finalmente habló, lo hizo desde X, con una frase que revela más de lo que oculta:

«Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad.» Es la declaración de alguien que no quiere testigos en su defensa.

Y en política las formas importan tanto como los hechos, porque la percepción pública rara vez se construye únicamente con documentos judiciales. También se construye observando cómo reaccionan los protagonistas cuando el suelo comienza a moverse bajo sus pies.

Lo que proyecta Inzunza no es fortaleza. No transmite confianza. No parece un político concentrado en demostrar que las acusaciones son falsas.

Parece un político concentrado en administrar daños.

Esa imagen explica en buena medida por qué hoy se encuentra tan aislado. No porque Morena haya decidido abandonarlo de la noche a la mañana. No porque el Senado haya ejecutado una conspiración interna. Sino porque el propio Inzunza dejó de ser una apuesta rentable.

La política es brutalmente pragmática. Los partidos respaldan a quienes generan votos, estabilidad o futuro. Cuando un liderazgo comienza a representar riesgo, incertidumbre o desgaste, las distancias aparecen solas, sin reuniones, sin comunicados, sin rupturas formales. Simplemente aparecen.

Hace apenas unos meses su nombre figuraba entre los aspirantes más serios para suceder a Rocha en la gubernatura de Sinaloa. Hoy prácticamente nadie dentro del oficialismo habla de esa posibilidad. No porque exista una sentencia. No porque haya sido declarado culpable. Sino porque la candidatura dejó de ser viable.

Y en política la inviabilidad suele ser una condena mucho más rápida que cualquier resolución judicial.

Lo verdaderamente inquietante es que el caso de Inzunza trasciende a una sola persona.

Se convierte en un espejo incómodo para todo el sistema político mexicano.

Lo que hace singular el caso de Inzunza no es la acusación en sí. Es la arquitectura que describe. Según el expediente estadounidense, Inzunza habría acompañado al gobernador

Rocha Moya a una reunión con Los Chapitos tras las elecciones de junio de 2021, cuando todavía era secretario general del gobierno estatal y en ese encuentro habrían acordado que el cártel tendría control sobre la Policía Estatal de Sinaloa. Si eso es cierto, no estamos hablando de un funcionario que recibió un sobre. Estamos hablando de una negociación institucional: el Estado cediendo su monopolio de la fuerza a cambio de estabilidad política.

Eso es algo cualitativamente distinto, y más perturbador, que la corrupción individual de siempre. No es un hombre que se corrompió. Es una institución que se ofreció.

Por eso el caso Inzunza genera tanta atención. No solo por sus detalles particulares, sino porque representa el choque entre dos narrativas que México lleva años intentando reconciliar sin éxito: la del político exitoso que parecía destinado a gobernar uno de los

estados más importantes del país, y la del funcionario que termina convertido en símbolo de una crisis de confianza cada vez más profunda.

Su tragedia política no consiste únicamente en las acusaciones.

Consiste en haber perdido aquello que realmente construye el poder: la credibilidad.

Cuando la gente deja de creer en tu futuro, el poder comienza a evaporarse. Cuando tus aliados dejan de apostar por ti, el aislamiento se vuelve inevitable. Cuando tu nombre genera más preguntas que certezas, las puertas empiezan a cerrarse, no con portazos, sino con la silenciosa delicadeza con que se cierra una puerta frente a alguien a quien ya no se espera.

Por eso Enrique Inzunza muy probablemente ya no será gobernador de Sinaloa. No porque un

juez lo haya decretado. No porque un partido lo haya expulsado. Sino porque la política mexicana ya comenzó a actuar como si ese futuro hubiera desaparecido.

Y pocas cosas son más devastadoras para un político que seguir ocupando un cargo mientras todos a su alrededor se comportan como si su historia ya hubiera terminado.

Esa es la verdadera decadencia.

No perder el poder. Sino ver cómo el poder te abandona: despacio, en silencio, sin siquiera molestarse en despedirse.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto