BUENOS AIRES (AP) — La mayoría de las escuelas de la ciudad de Buenos Aires recibían el miércoles a sus alumnos luego de que la alcaldía capitalina decidió no plegarse a un fallo de la justicia federal que ordenaba su cierre, tal como había dispuesto un decreto del presidente argentino Alberto Fernández para frenar un rebrote del nuevo coronavirus.
Los padres acompañaron a sus hijos a los centros educativos públicos y privados luego de recibir el martes por la noche mensajes de docentes o directivos de las instituciones señalando que las clases presenciales continuaban.
La presencia de los chicos es mayoritaria pese a la huelga que cumplen algunos sindicatos de docentes en protesta por la apertura de las escuelas y a favor de mantener la virtualidad.
El opositor Horacio Rodríguez Larreta, alcalde de Buenos Aires, ratificó la continuidad de las clases presenciales pese al fallo del juez federal Esteban Furnari, quien sostuvo lo contrario, alegando que hasta que la Corte Suprema de Argentina “se expida” sobre la cuestión las escuelas “la ciudad de Buenos Aires continúa con el dictado de clases presenciales”.
En medio de la controversia Furnari ordenó cumplir con el decreto de Fernández que dispuso el cierre de los centros educativos hasta el 30 de abril, dejando así sin efecto un fallo previo de una corte capitalina que garantizaba la asistencia de los alumnos a instancias de un pedido de familias y organizaciones civiles.
La Corte Suprema todavía no se pronunció sobre el disputado asunto que tiene en vilo a padres, alumnos y docentes.
La situación no es la misma en las localidades cercanas a la capital que están bajo la jurisdicción del gobierno de la provincia de Buenos Aires -del mismo signo político que el presidente- donde las clases presenciales están suspendidas.
Al referirse a la necesidad de acatar el decreto presidencial, la ministra argentina de Salud, Carla Vizzotti, dijo a periodistas que el país sudamericano “está viviendo el peor momento desde que empezó la pandemia” en marzo de 2020.
La funcionaria señaló que hay que “priorizar la salud” y “poner en valor, en jerarquía, el riesgo colectivo” al señalar cuáles serán los argumentos que el gobierno nacional esgrimirá ante la Corte Suprema.
Al respecto afirmó que “no se trata del riesgo individual” que se asume al asistir a un colegio con protocolos sino el que supone “la movilización de las personas” en un espacio con alta circulación viral.
Hasta ahora en Argentina se han registrado 2,7 millones de contagios y más de 59.000 fallecidos. El rebrote, que comenzó a fines de marzo, ha tensionado el sistema sanitario y en algunas clínicas de la capital faltan camas para internaciones.
Fernández considera que la reapertura de las escuelas entre febrero y marzo en la capital y sus alrededores -tras permanecer cerradas gran parte de 2020- incrementó la circulación de personas, lo que explica en parte el crecimiento de los casos.
El alcalde, en tanto, sostiene que las escuelas no son foco de contagios por los protocolos sanitarios que aplican y que el porcentaje de circulación en el transporte público de la comunidad educativa es bajo respecto del de otras actividades.
Campos de detención: el terrible plan de Trump contra los migrantes
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a encender las alarmas en el ámbito migratorio al adelantar un plan que, de concretarse, marcaría un giro radical en la política de deportaciones de Estados Unidos. Sus recientes declaraciones apuntan a la creación de un sistema masivo de detención y expulsión, respaldado por el ejército, lo que ya ha generado controversia entre expertos, activistas y políticos de todas las esferas.
Una emergencia nacional para deportaciones masivas
Trump, quien regresará a la Casa Blanca en 2025, reafirmó en la plataforma Truth Socialque su administración estaría preparada para declarar un estado de emergencia nacionalcon el objetivo de enfrentar lo que ha llamado «una invasión permitida por Joe Biden».
Esta declaración se suma a los comentarios de Tom Fitton, director de la organización conservadora Judicial Watch, quien sugirió que se utilizarían recursos militares para implementar un programa de expulsiones masivas. El expresidente respondió tajantemente: «¡Es verdad!».
El alcance de este plan incluye el despliegue de la Guardia Nacional y, si es necesario, tropas federales. «La Guardia Nacional debería ser capaz de encargarse de las deportaciones; si no, usaría el ejército», afirmó Trump en una entrevista con Time en abril.
Durante su presidencia, Trump endureció significativamente las políticas migratorias, pero sus nuevas propuestas revelan un nivel de agresividad sin precedentes. A esto se suma, la idea de establecer «campos de detención» en Texas, en donde se albergaría a los migrantes antes de ser deportados.
Texas ofrece tierras para la construcción de campos de detención masiva
La comisionada de la Oficina General de Tierras de Texas, Dawn Buckingham, ha propuesto una medida que podría convertirse en el primer paso hacia la creación de campos de detención en la frontera sur de Estados Unidos.
En una carta dirigida al presidente electo Donald Trump, Buckingham ofreció al gobierno 567 hectáreas de tierra ubicadas en el condado de Starr, cerca de Rio Grande City, para la construcción de instalacionesdestinadas a procesar, detener y deportar a migrantes de manera masiva.
Este terreno, que actualmente se utiliza para cultivos agrícolas como cebollas, canola y maíz, sería destinado a albergar campos de detención, una propuesta que ha generado gran controversia en medio del debate migratorio.
Buckingham destacó que la Oficina General de Tierras de Texas está lista para colaborar con el Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias federales para hacer realidad este proyecto, el cual se alinea con los planes de Trump para reforzar las políticas de deportación y control fronterizo.
Sheinbaum reacciona a deportaciones masivas y campos de detención
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su desacuerdo con laspolíticas migratorias propuestas por Donald Trump, especialmente en relación con la posible deportación masiva de migrantes y la construcción de campos de detención en la frontera sur de Estados Unidos.
Durante su conferencia de prensa mañanera, Sheinbaum destacó que su gobierno no acepta que los migrantes sean tratados como criminales, subrayando que existen instituciones de justicia para abordar estos temas de manera adecuada.
«Primero, evidentemente no estamos de acuerdo en que se trate a los migrantes como criminales, para eso existen las instituciones de justicia en cualquier lugar del mundo», afirmó la mandataria, quien también enfatizó la relevancia de la contribución de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos.
En este sentido, Sheinbaum detalló que su administración tiene cuantificados los beneficios que estos migrantes aportan al país vecino, tanto a nivel laboral como en términos de impuestos.
Como parte de las preparaciones para un posible cambio de administración en Estados Unidos, Sheinbaum informó que su gobierno trabaja en un plan para enfrentar la eventualidad de deportaciones, asegurando que, en caso de que se den, México está listo para recibir a los connacionales deportados.
«En caso de que hubiera deportaciones nosotros vamos a recibir a las y los mexicanos, tenemos un plan para ello, pero vamos a trabajar previo a ello que no tienen por qué deportarse a nuestros connacionales, que al contrario, benefician incluso la economía de Estados Unidos», añadió.
Además, la mandataria anunció que, en los próximos días, se celebrará una reunión con su gabinete para definir los temas clave que se tratarán con el equipo de Trump una vez que este asuma la presidencia, entre los que se incluyen la seguridad, el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como cuestiones culturales y de amistad bilateral.