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México

Fiscalía investiga a Felipe Calderón y Garcia Luna por corrupción

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Julio Scherer Ibarra, Consejero Jurídico de la Presidencia de la República, reveló a los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez que la Fiscalía General de la República investiga al ex presidente Felipe Calderón Hinojosa y a su secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna por contratos en penales.

Según dio a conocer el funcionario en el programa Los Periodistas, tanto Calderón y Luna otorgaron de manera directa contratos por hasta 300 mil millones de pesos para la administración de penales a empresas privadas de algunos de los hombres más ricos del país.

“Ante el caso de los reclusorios el doctor Alejandro Gertz ya tenía el auto de consignación, de judicialización, de García Luna por lo que se hizo ahí de los reclusorios, que fue un proceso muy sucio, muy mal hecho”, dijo el Consejero Jurídico

Agregó:

“Lo estoy diciendo ahora: todos los que participaron en ese hecho están siendo investigados y no dudo que todas las personas que están ahí, si entre esas está Felipe Calderón, están siendo investigadas por ese hecho, no es el único servidor público”, respondió el Consejero Jurídico de la Presidencia de México.

Scherer Ibarra detalló que Luna ya tiene una orden de aprehensión por este delito.

Genaro García Luna actualmente está preso en Estados Unidos luego de haber sido señalado de recibir millones de dólares del Cártel de Sinaloa.

 

«Habrá ahorros por 2mmdp por renegociación de contratos con penales» 

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que tras renegociar los contratos por la administración de reclusorios federales, se tendrá una reducción en el costo de 2 mil millones de pesos anualmente.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo explicó que además se negoció que al final del contrato -que tiene una duración de 20 años- las instalaciones serán parte del patrimonio público.
El presidente López Obrador comentó que «en la mañanera» se ampliará la información sobre la renegociación de los contratos para la administración de los penales federales.

Dijo que se tendrán otras «recuperaciones» de recursos públicos como el acuerdo entre Pemex, FGR y el empresario Alonso Ancira quien se comprometió a pagar más de 216 millones de dólares por la reparación del daño tras la venta a sobreprecio de la planta de AgroNitrogenados.

El mandatario recordó que tenía que pagar anualmente 16 mil millones al año por la administración de penales federales.

«Se estaba pagando y ni siquiera estaban ocupados reclusorios, se pagaba como si estuvieran llenos de reclusos, de prisioneros, se pagaba al 100%, todavía no se han llenado, en promedio estaban al 60%, pero el contrato establecía que se debe de pagar desde el principio al 100%», dijo.

«Los empresarios que resistieron estos contratos y ya se llegó un acuerdo en la disminución en el pago y algo muy importante, aunque se va a informar bien el jueves, en los contratos establecía que al finalizar el periodo en 20 años el reclusorio no pasaba hacer parte del gobierno, sino que seguía siendo propiedad de la empresa, eso ya se resolvió, los reclusorios serán parte del patrimonio público».

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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