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Resto del mundo

Los periodistas españoles David Beriáin y Roberto Fraile, asesinados mientras grababan un reportaje en Burkina Faso

Los dos periodistas españoles que fueron secuestrados este lunes tras sufrir un ataque en el este de Burkina Faso, han sido asesinados, según ha informado, a falta de una confirmación oficial de las autoridades del país, la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya.

Se trata de los periodistas españoles David Beriáin y Roberto Fraile que estaban trabajando en un reportaje junto a un periodista irlandés y un burkinés. Estaban una zona muy peligrosa donde hay milicias, grupos terroristas y bandidos.

El suceso ha ocurrido en la zona de Pama, donde individuos armados emboscaron a una patrulla de unos cuarenta efectivos burkineses contra la caza furtiva, en la que iban empotrados los periodistas españoles.

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El este y el norte de Burkina Faso han sufrido un aumento de la inseguridad durante los últimos años, especialmente a causa del repunte de los ataques por parte de grupos yihadistas, entre ellos la rama de Al Qaeda en el Sahel, el Grupo para el Apoyo del Islam y los Musulmanes (JNIM), y Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS), que han provocado además un incremento de los enfrentamientos intercomunitarios.

Según ha explicado González Laya en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, aunque la información aún es «confusa», todo indica que dos de los cadáveres encontrados en el lugar del ataque corresponden a los dos periodistas españoles que, junto a un reportero irlandés, estaban realizando un documental sobre la caza furtiva en la región.

David Beriáin tenía su productora audiovisual, 93 metros, junto a su esposa, Rosaura Romero. Beriáin, de 44 años, era un habitual de los reportajes televisivos fuera de nuestras fronteras.

Por su parte, Roberto Fraile, de 47 años y con dos hijos, era un veterano cámara que también se curtió en reportajes en zonas peligrosas como en diciembre del 2012 cuando fue herido mientras cubría la guerra siria en Alepo.

Resto del mundo

«Alligator Alcatraz»: El polémico centro de detención rodeado de caimanes que divide a Florida

Florida ha establecido una controvertida instalación de detención migratoria en los pantanos de los Everglades, a menos de 50 millas del resort de Donald Trump en Miami. La propiedad, apodada «Alligator Alcatraz» por funcionarios estatales, fue construida en días transformando el aeropuerto Dade-Collier Training and Transition en una ciudad temporal de carpas con capacidad para albergar hasta 3,000 migrantes.

El gobernador Ron DeSantis adoptó el apodo acuñado por su fiscal general, argumentando que la ubicación ofrece seguridad natural. «Claramente desde una perspectiva de seguridad, si alguien escapa, hay muchos caimanes con los que tendrá que lidiar. Nadie va a ninguna parte una vez que haga eso», declaró DeSantis durante una conferencia de prensa.

La instalación funciona como un centro completamente autónomo, con migrantes alojados en remolques de FEMA reacondicionados y estructuras temporales similares a las utilizadas para víctimas de desastres naturales. Los servicios básicos como agua, alcantarillado y electricidad son proporcionados por equipos móviles, mientras que grandes unidades portátiles de aire acondicionado intentan combatir las temperaturas que superan los 90 grados Fahrenheit.

Representantes del Congreso que visitaron la facilidad reportaron condiciones alarmantes, describiendo a cientos de migrantes confinados en jaulas bajo calor sofocante, infestaciones de insectos y comidas escasas. «Están esencialmente empacados en jaulas, humanos pared a pared, 32 detenidos por jaula», declaró la representante Debbie Wasserman Schultz tras su recorrido.

La operación anual de «Alligator Alcatraz» costará 450 millones de dólares, según funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional. Florida cubrirá inicialmente los costos y luego solicitará reembolsos a través de FEMA y el Departamento de Seguridad Nacional. No olvides visitar Segundo a Segundo Noticias de Chihuahua, México y el Mundo.

El proyecto enfrenta oposición de activistas por los derechos de los inmigrantes, ambientalistas y miembros de la comunidad indígena Miccosukee, quienes consideran la instalación una amenaza a sus tierras sagradas y al delicado ecosistema de los Everglades. La controversia se intensifica por estar ubicada cerca de la fuente principal de agua potable para ocho millones de habitantes del sur de Florida.

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