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Resto del mundo

Los australianos que vuelvan a su país desde la India podrían ser castigados con hasta cinco años de cárcel

Los ciudadanos y residentes australianos que vuelvan a casa procedentes de la India podrían afrontar multas y penas de hasta cinco años de cárcel, después de que el Gobierno haya prohibido temporalmente los viajes desde este país asiático.

A partir del 3 de mayo, cualquier persona que haya estado en la India en los 14 días previos a su fecha prevista de llegada a Australia no podrá entrar en el país. Los infractores podrían ser castigados con una sentencia de cárcel de cinco años, una multa de 66.000 dólares australianos (51.000 dólares) o ambas. El Gobierno revisará las restricciones el próximo 15 de mayo.

Proteger los sistemas de cuarentena y la salud pública

Se trata de la primera vez que Australia tipifica como delito que sus ciudadanos regresen a su país.

El ministro de Salud, Greg Hunt, aseguró en un comunicado que el Gobierno «no toma estas decisiones a la ligera».

«Sin embargo, es fundamental que la integridad de la salud pública australiana y de los sistemas de cuarentena esté protegida y el número de casos de covid-19 en las instalaciones de cuarentena se reduzca a un nivel manejable», indicó.

  • Las autoridades de la India informaron este sábado de 401.993 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, el recuento diario más alto a nivel mundial, tras 10 días consecutivos con más de 300.000 nuevos contagios al día. Por otro lado, se han registrado 3.523 nuevos decesos por covid-19, lo que eleva a 211.853 el número total de víctimas mortales en el país.
  • Esta misma jornada, la India ha abierto su campaña de vacunación masiva a todos los adultos, aunque varios estados advirtieron sobre de la escasez de antídotos. Entretanto, el primer lote de la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus ha llegado este sábado a la ciudad india de Hyderabad.

Resto del mundo

Defensora comunitaria en Alabama, detenida por ICE tras revisión de tránsito; crece respaldo para evitar su deportación

Giovanna Hernández-Martínez, de 24 años y residente de Leeds, Alabama, permanece detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) luego de un alto de tránsito realizado por la policía local. La joven, que llegó al país a los siete años y ha vivido la mayor parte de su vida en Alabama, fue trasladada al Centro Correccional de Richwood, en Luisiana, mientras enfrenta un proceso migratorio que podría derivar en su deportación a México.

Conocida por su labor como consejera y organizadora con jóvenes inmigrantes, Hernández-Martínez se graduó como la mejor estudiante de su preparatoria y posteriormente obtuvo licenciatura y maestría en Trabajo Social. Dirige su propia empresa y colabora con ¡HICA!, una organización sin fines de lucro en Birmingham que apoya a familias inmigrantes.

La detención ocurrió el 5 de agosto, cuando, según la policía de Leeds, un oficial detectó que conducía a más de 90 millas por hora, con maniobras peligrosas y vidrios polarizados. Al solicitarle licencia, presentó una identificación mexicana, lo que motivó que se notificara a ICE. Sin embargo, familiares y amigos cuestionan la versión oficial, alegando que el video de la cámara del patrullero no respalda las acusaciones de manejo temerario.

El caso ha generado una ola de apoyo. Una petición en Change.org suma más de 17 mil firmas y un fondo en GoFundMe, creado por su hermano Dilan, ha recaudado cerca de 33 mil 500 dólares. Organizaciones comunitarias, excompañeros de universidad y amigos han destacado su carácter, trayectoria académica y compromiso social. Carlos E. Alemán, director de ¡HICA!, la describió como “un ejemplo a seguir cuya detención es una pérdida dolorosa para toda la comunidad”.

El Departamento de Seguridad Nacional mantiene que la detención fue legal y que no ignorará la normativa migratoria. Por su parte, la madre de Giovanna expresó su temor de que, sin una audiencia de fianza, su hija sea deportada a un país donde no tiene vínculos directos, pues toda su familia inmediata reside en Estados Unidos.

Hernández-Martínez tiene programada una audiencia el 20 de agosto, donde su defensa buscará obtener la libertad bajo fianza mientras continúa el proceso.

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