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Resto del mundo

Pfizer afirmó que el Gobierno de Brasil ignoró su oferta de vacunas contra la COVID-19 en 2020

El gerente de la farmacéutica Pfizer en América Latina, Carlos Murillo, ha asegurado este jueves en una sesión de la Comisión de Investigación Parlamentaria (CPI) sobre la gestión de la pandemia por parte del Gobierno de Brasil, que este ignoró su oferta de vacunas contra la COVID-19, que hubiese supuesto la llegada de 1,5 millones de dosis para diciembre de 2020.

Murillo ha sido citado para declarar en el marco de la comisión sobre las negociaciones con Brasil para la adquisición del inmunizador, para lo que Pfizer realizó seis propuestas sin éxito al Ejecutivo de Bolsonaro, según ha relatado el gerente, informa el medio brasileño G1.

En la sesión, Murillo ha precisado que las propuestas de la farmacéutica se realizaron entre agosto de 2020 y febrero de 2021, con un cronograma que marcaba la entrega de 1,5 millones de dosis para diciembre de 2020 y 2,5 millones para marzo de 2021, lo que finalmente no se produjo debido al encallamiento de las negociaciones.

“Nuestra oferta del 26 de agosto, al ser vinculante, y al estar en este proceso (de negociación) con todos los gobiernos, era válida durante 15 días (…) El Gobierno de Brasil no la rechazó, pero tampoco la aceptó”, ha agregado, para referirse a que en el plazo marcado el Ejecutivo no atendió la propuesta.

Murillo ha confirmado también que envió en septiembre una carta al presidente, Jair Bolsonaro, y algunos de sus ministros insistiendo en el interés de la farmacéutica por aportar vacunas a Brasil, la cual no obtuvo respuesta hasta dos meses después.

A partir de ello, se llevaron a cabo entrevistas entre la empresa y las autoridades brasileñas, en las que participó, entre otros, el concejal de Río de Janeiro Carlos Bolsonaro, hijo del mandatario.

El gerente también ha recordado que el argumento del Ministerio de Salud por el que no se llegó a un acuerdo en las negociaciones era que las cláusulas del contrato eran “leoninas”, las cuales, según ha subrayado, han sido firmadas por 110 países.

El concejal de Río de Janeiro, Carlos BolsonaroEl concejal de Río de Janeiro, Carlos Bolsonaro

“No estoy de acuerdo con el calificador de cláusulas de leoninas. En esta pandemia, Pfizer asumió un riesgo sin precedentes en una situación sin precedentes, que requirió que todos colaboraran en este proceso. Por eso Pfizer exigió a todos los países las mismas condiciones que le exigió a Brasil”, ha agregado.

Según había indicado el Gobierno previamente, en 2020 recibió propuestas de adquisición de esta vacuna, ninguna de ellas aceptada, que incluían hasta 70 millones de dosis para el país. El acuerdo con Pfizer se alcanzó y cerró finalmente en marzo de 2021 y las primeras unidades comenzaron a llegar en abril.

En este contexto, el senador y miembro de la CPI Rogerio Carvalho ha lamentado que “el Gobierno no invirtió en el instrumento para construir la inmunidad colectiva” y que “no aisló, pero evitó el aislamiento”. “Este Gobierno prohibió el uso de mascarillas y amplió la pandemia”, ha criticado.

PIDEN QUE PAZUELLO GUARDE SILENCIO

En relación también con la CPI, la Fiscalía General de la Nación ha solicitado este jueves al Tribunal Supremo Federal que garantice el derecho del ex ministro de Salud Eduardo Pazuello a guardar silencio frente a la comisión.

Según recoge G1, la Fiscalía también quiere que el ex ministro sea inmune a medidas como el encarcelamiento, mientras ha sido citado a declarar por hechos cometidos en su período al frente de la cartera de Salud.

El ex ministro de Salud Eduardo PazuelloEl ex ministro de Salud Eduardo Pazuello

Al respecto, el presidente de la CPI, Omar Aziz, ha manifestado su confianza en que el Tribunal Supremo permita a la comisión “continuar con su trabajo y cumplir su función”. El testimonio de Pazuello está programado para el 19 de mayo, cuando la comisión espera obtener su testimonio acerca del retraso en compra de vacunas, la crisis de oxígeno en hospitales o la recomendación de medicamento ineficaces contra el coronavirus.

Por otra parte, el Tribunal de Cuentas Federal (TCU) ha borrado este jueves de la web del Ministerio de Salud una nota en la que se recomendaba el uso de la cloroquina contra la COVID-19, un medicamento defendido por Bolsonaro pero que ha sido demostrado científicamente que no es eficaz contra la enfermedad.

Mientras tanto, Brasil ha sumado este jueves 2.383 nuevos fallecidos y 74.592 casos de coronavirus, según el último balance del Ministerio de Salud.

El país acumula así 430.417 decesos y 15.433.989 positivos confirmados desde que estalló la pandemia.

La vacunación, por su parte, continúa avanzando y se han aplicado ya 56,5 millones de dosis, con 37,7 personas que han recibido al menos la primera dosis y 18,8 millones de personas que han adquirido el esquema completo de inmunización, según el consorcio de medios de comunicación que analiza la COVID-19 a diario.

México

Posibles operaciones militares de Trump contra cárteles en México generarían consecuencias desastrosas, advierten expertos

Analistas en temas de seguridad y de la relación bilateral entre México y Estados Unidos alertaron que los planes del gobierno de Donald Trump para emprender acciones militares contra cárteles mexicanos serían interpretados como un acto de agresión y podrían provocar efectos contraproducentes de gran escala, además de partir de un diagnóstico equivocado sobre cómo operan estos grupos criminales.

De acuerdo con un reporte del periodista independiente Ken Klippenstein, la administración estadounidense prepara para mediados de septiembre una estrategia que incluiría operaciones en territorio mexicano bajo la orden directa del presidente Trump.

Geoffrey Corn, director del Centro de Derecho y Política Militar de la Texas Tech School of Law, advirtió a Newsweek que cualquier incursión sin consentimiento de México violaría la Carta de la ONU y el derecho internacional. “Estados Unidos alegará defensa propia, pero este derecho solo aplica ante un ataque armado real o inminente, no frente a actividades de grupos no estatales que generan daño, como es el caso de los cárteles”, explicó.

La intención surge tras la designación de varias organizaciones criminales como Terroristas Extranjeros (FTOs) en febrero. El Pentágono, a través de su vocero Sean Parnell, reiteró que estos grupos representan una “amenaza directa” para la seguridad nacional y señaló su responsabilidad en la violencia hemisférica, el tráfico de drogas y la desestabilización económica.

No obstante, especialistas advirtieron que un operativo militar sería inviable y riesgoso. David Mora, analista senior para México en el International Crisis Group, destacó que el narcotráfico funciona mediante redes pequeñas y dispersas, con laboratorios improvisados en ciudades como Culiacán. “Un ataque con drones sería extremadamente peligroso; y si se tratara de capturar a un líder, quizá sonaría a victoria política, pero la experiencia demuestra que esto solo incrementa la violencia”, apuntó.

Cecilia Farfán-Méndez, directora del Observatorio de Norteamérica en la Global Initiative Against Transnational Organized Crime, coincidió en que la estrategia confunde los fenómenos de migración y violencia. Recordó que la designación de los cárteles como terroristas podría reforzar solicitudes de asilo, pues la violencia genera desplazamientos internos que eventualmente llegan a la frontera. “Una intervención militar estadounidense detonaría más migración, justo lo contrario a lo que busca la administración Trump”, advirtió.

Los expertos coincidieron en que las medidas, además de carecer de sustento jurídico, pondrían en riesgo la relación bilateral y tendrían un enorme costo político para la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. Mora recalcó que cualquier acción unilateral sería vista en México como una invasión: “Imagina el lema: ser la presidenta bajo cuyo mandato Estados Unidos volvió a invadir México. Políticamente sería devastador”.

Datos de la Comisión de Sentencias de EU muestran, además, que el problema del fentanilo no se reduce a actores extranjeros: en 2024, el 83.5% de los sentenciados por tráfico de esta droga eran ciudadanos estadounidenses.

En opinión de Corn, el riesgo central es que la Casa Blanca pretenda usar la fuerza militar como solución universal: “Cuando piensas que tu mejor herramienta es un martillo, todo problema empieza a parecer un clavo. El narcotráfico no es un asunto que se resuelva con ataques militares”.

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