Por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, un juez federal giró orden de aprehensión contra el gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, informaron fuentes judiciales.
Las fuentes consultadas señalaron que el mandamiento judicial es independiente al proceso que se le sigue a Cabeza de Vaca por el delito de defraudación fiscal, por el que la Cámara de Diputados le inició un juicio de procedencia para quitarle el fuero.
Anteriores señalamientos
Con la suma de acusaciones por delincuencia organizada y lavado de dinero, con las que se giró una orden de aprehensión en contra de Cabeza de Vaca, ya se acumalan tres delitos por los cuales se le investiga al gobernador tamaulipeco, ya que también se le imputa la posible comisión de los delitos de delincuencia organizada, operación de recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.
Según esta investigación, hace unos meses particulares presentaron una denuncia por enriquecimiento ilícito por más de 951 millones de pesos, y derivado de esa denuncia, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el MP integraron la carpeta de investigación y pudieron acreditar que entre abril y diciembre de 2019 se realizaron triangulaciones financieras que le reportaron ingresos por 42 millones de pesos de una empresa fachada que no cuenta con empleados, capital ni antecedentes de declaraciones fiscales, denominada TC12.
Esta empresa habría recibido los recursos a su vez de la firma RC, cuyos socios son declarados como sospechosos de operaciones de procedencia ilícita en Estados Unidos.
Cabeza de Vaca señalado por Lozoya
Sin embargo, hay otra acusación derivada de las investigaciones realizadas con la colaboración del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, cuando el gobernador de Tamaulipas fue denunciado también por la UIF, al presumir operaciones con recursos de procedencia ilícita, denuncias presentadas ante la fiscalía anticorrupción y la SEIDO de la FGR. Ante SEIDO el gobernador fue denunciado en julio de 2020 y ante la fiscalía anticorrupción, en enero de 2021.
Las fuentes consultadas precisaron que esta última denuncia derivó de las investigaciones iniciadas por la UIF en contra de 70 funcionarios y exfuncionarios mencionados por Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, en un escrito presentado ante la FGR en agosto del año pasado. En este caso, también están acusados los panistas Ricardo Anaya, Ernesto Cordero, Salvador Vega, José Luis Lavalle Maury, Fracisco Dominguez y Francisco García Cabeza de Vaca, quienes en ese momento eran senadores.
Cabeza de Vaca fue uno de los señalados por Emilio Lozoya, por el caso Pemex.
Presuntos vínculos con «lavadoras» del Cártel de Sinaloa
El gobernador compró inmuebles a travésde dos empresas fantasma que en otras ocasiones fueron usadas por el Cártel de Sinaloa para lavar dinero, señaló el Gobierno mexicano.
«No quiere decir que el Cártel de Sinaloa esté relacionado con el señor Francisco ‘N’ (García Cabeza de Vaca), sino que empresas con las que tiene transacciones financieras son empresas que han sido utilizadas por el crimen organizado», expresó ante la Cámara de Diputados Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.
Entre las varias irregularidades detectadas por el organismo, Nieto destacó «una compra de departamentos con recursos de posible procedencia ilícita».
En 2013, Cabeza de Vaca habría recibido 14.3 millones de pesos (unos 700 mil dólares) de una sociedad financiera, que a su vez obtuvo los recursos por parte de dos empresas fantasma que actualmente tienen las operaciones congeladas por haber servido al Cártel de Sinaloa para «lavar dinero».
Si bien, Nieto no concluyó ninguna relación entre el político y el grupo del narcotráfico.
El inmueble que compró Cabeza de Vaca con ese dinero es un departamento en la lujosa zona de Bosques de Santa Fe, en Ciudad de México, con un valor de 42 millones de pesos (unos 2.1 millones de dólares)
Múltiples propiedades
El gobernador también cuenta con un rancho en Soto la Marina (Tamaulipas) de 63.4 millones de pesos (unos 3,1 millones de dólares).
La UIF también ha detectado otros dos ranchos y una casa en Tamaulipas, así como 20 propiedades en Texas (Estados Unidos) vinculadas a Cabeza de Vaca a través de empresas, familiares y socios.
En general se trata de inmuebles adquiridos no solo de manera personal, sino también a partir de mecanismos de copropiedad y empresas donde resulta accionista», dijo Nieto.
También informó que desde el año 2000, Cabeza de Vaca ingresó en diferentes trabajos en empresas privadas y cargos públicos 35.5 millones de pesos (unos 1.7 millones de dólares), pero solo declaró 23.9 millones de pesos (unos 1.2 millones de dólares)
Nieto subrayó que Cabeza de Vaca es propietario de una productora rural que entre 2015 y 2019 «declaró un 33 % de sus ingresos».
Asimismo, explicó que el hoy gobernador fue detenido en Estados Unidos en 1986 por robo de armas junto a otras tres personas, todas ellas asesinadas durante años posteriores.
Criticado por la defensa del gobernador por difundir toda esta información, Nieto defendió que la Suprema Corte avala hacer públicas investigaciones sobre corrupción porque «son temas de interés público».
También aclaró que la UIF solo advierte de conductas financieras irregulares, pero no ejerce ninguna acción penal, pues de eso se encarga la Fiscalía.
Cabeza de Vaca, que fue notificado el 1 de marzo del inicio del proceso para levantar su fuero, ha denunciado una «persecución política» del presidente Andrés Manuel López Obrador.
«Cosa de huercos»
En 1986, en Texas, García Cabeza de Vaca fue detenido por el supuesto robo de armas que una pareja traía en una camioneta, pero fue liberado al poco tiempo, por lo que ha negado en diversas ocasiones que haya sido encarcelado en EU.
Cuando fue candidato a gobernador, el panista le dijo a Ricardo Rocha en Radio Fórmula: «Es falso de toda falsedad, tan es así que el Fiscal de Distrito tuvo que salir públicamente a desmentir los hechos, fue un incidente saliendo de un cine, llegó la policía, un muchacho quiso abrir una camioneta, agarraron a todos, fue una cosa de huercos”.
De ese hecho hay una foto que circula en redes sociales.
Por el robo de armas dentro de un auto, Cabeza de Vaca fue detenido en McAllen Texas y fichado por el FBI
Todo un expediente
A su regreso a México, García Cabeza de Vaca fundó la empresa Productos Chamoyadas, S.A de C.V, que se encuentra en un predio modesto en Reynosa. Su hermano, Ismael, quien es senador creó la empresa Maquinados Industriales de Reynosa, S.A. de C.V., conformada en 2006 cuando Francisco Javier era alcalde de Reynosa.
En diferentes ocasiones, quien más señalamientos ha realizado –en videos o en ruedas de prensa- en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, ha sido el ex aspirante a la dirigencia nacional de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán, quien entre otras cosas lo ha señalado por “sus vínculos con la delincuencia organizada, el huachicoleo, lavado de dinero, evasión fiscal, riqueza mal habida y su patrimonio inmobiliario”.
Algunos de lo señalamientos que también trascendieron en diferentes medios a finales del 2020 en contra del gobernador, fueron que su círculo cercano de familiares estarían involucrados en diversos delitos que involucran recursos de procedencia ilícita. También se acusó mediáticamente de presunto enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada.
Entre las acusaciones que han surgido también destaca la que hizo el ex titular de Pemex, Emilio Lozoya, quien presuntamente lo señaló de haber recibido sobornos para aprobar la Reforma Energética.
Ante ello, el gobernador afirmó el 28 de agosto del 2020 que sus adversarios estaban preocupados porque sabían que Tamaulipas va por el camino correcto, “en lugar de estar trabajando por el bien de la gente, resolviendo tantos problemas que tenemos ahora resulta que uno tiene que estar desmintiendo supuestas investigaciones, aclarando dichos de un delincuente confeso como es Lozoya”, respondió el mandatario tamaulipeco en una rueda de prensa en Reynosa, ante la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En esa ocasión le dijo al presidente, “usted es un ejemplo, lo vivió en carne propia con sus adversarios cuando vieron que su liderazgo tomó forma nacional y sus posibilidades de crecer se incrementaron”.
El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.