La pandemia del covid-19 ha aumentado la pobreza, el desempleo y la desigualdad en México, impactando especialmente a la población más vulnerable y con mayores carencias sociales.

En un complejo escenario como el que atravesó México en 2020 —cuando la economía registró la mayor caída en los últimos 90 años—, los recursos del Gobierno fueron insuficientes para proteger a los sectores más desfavorecidos. Pero la nación latinoamericana podría implementar diversas reformas fiscales para revertir esta situación.

Impacto del covid-19 en México

Casi 15 meses después de confirmar el primer contagio del virus SARS-CoV-2, México reporta un total de 221.695 muertes como consecuencia del coronavirus.

Aunado a esta dolorosa estadística, el confinamiento social provocó la contracción de la economía en un 8,5 %; la deserción escolar de unas 5,3 millones de personas entre 3 y 29 años; la salida del mercado laboral de unos 2,1 millones de ciudadanos; y que ingresaran a las filas de la pobreza entre 8 y 9,8 millones de mexicanos.

Para atender la crisis sanitaria por el covid-19, México requería aumentar su presupuesto en salud en 0,94 % del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, en 2020 se ejecutó una partida adicional equivalente al 0,09 % del PIB, que resultó insuficiente en materia de recursos humanos y materiales, según revela un informe publicado este martes por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), Fundar y Oxfam.

El cierre de las escuelas también ameritaba un aumento en el presupuesto educativo destinado al Sistema Educativo Nacional (SEN), de acuerdo con las organizaciones. No obstante, para el 2021 no hubo un incremento significativo del gasto educativo en términos reales, al representar un 3,4 del PIB, o una partida equivalente a 26.776 pesos (unos 1.344 dólares) por estudiante.

La falta de inversión adicional es relevante en el marco del programa ‘Aprende en casa’, la estrategia del Gobierno para dar continuidad a los programas de educación pública básica mediante clases virtuales, una política que no consideró que solo el 56,4 % de los hogares en México tiene acceso a internet y únicamente el 44,3 % de las viviendas cuenta con una computadora.

Mientras algunas entidades federativas se alistan para el regreso a clases presenciales, las organizaciones sociales estiman que se necesita aumentar el presupuesto educativo en unos 10.000 millones de pesos (501,9 millones de dólares), debido, entre otros factores, a la deficiente infraestructura de las aulas.

En México, el 27 % de las escuelas de educación básica carecen de acceso a agua potable, mientras que el 31,6 % no cuentan con un sitio de lavado de manos.

Como otras naciones latinoamericanas, México enfrenta un entorno económico complejo que ha disparado las altas desigualdades y vulnerabilidades existentes. No obstante, el Gobierno podría recurrir a los impuestos a la riqueza y al patrimonio.

«Mientras que entre 8,9 y 9,8 millones de personas caerán en la pobreza a causa de la pandemia, las personas en México con un patrimonio superior a 1.000 millones de dólares aumentaron su riqueza en aproximadamente 741.000 millones de pesos desde el origen de la pandemia», sostiene el informe ‘La vacuna contra la desigualdad’.

En concreto, las organizaciones proponen un impuesto a la riqueza, con una tasa uniforme anual del 3,5 %, para las personas cuya fortuna es superior a los 10.746 millones de pesos (unos 539,6 millones de dólares). De acuerdo con sus estimaciones, esta acción tiene un potencial para que el Gobierno mexicano recaude 99.000 millones de pesos (4.971 millones de dólares); esto es equivalente al 0,4 % del PIB nacional.

Por otra parte, algunos países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que implementaron el impuesto a las herencias y donaciones han recaudado entre 0,2 y 0,7 % de su PIB. México podría copiar algunas de estas acciones para aumentar hasta 30.000 millones de pesos (1.506 millones de dólares).

Asimismo, consideran que si México cobrara el predial con tarifas progresivas, podría obtener el equivalente a 378.000 millones de pesos cada año (unos 18.981 millones de dólares).

En el caso de realizar mejoras al cobro a los propietarios de vehículos (un impuesto conocido como tenencia), México tendría un potencial recaudatorio de 80.000 millones de pesos (4.017 millones de dólares).

«El correcto diseño y aplicación de estos impuestos combatiría la concentración de la riqueza y con ello disminuiría las desigualdades en nuestro país, incrementando los recursos necesarios para mitigar la crisis actual en equidad de género, salud y educación«, señalaron las organizaciones.