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México

Elecciones 2021: la narcopolítica mostró todo su poder con más de 80 asesinatos

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Las históricas elecciones mexicanas del 6 de junio, donde se pondrá a prueba el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, son también las más violentas de la historia reciente con más de 230 asesinatos vinculados a la política, pese al plan de protección prometido por el mandatario.

Desde que comenzó el proceso electoral el 7 de septiembre, la consultora Etellekt ha documentado más de 780 agresiones o delitos contra políticos como homicidios, amenazas, secuestros, robos e intimidación en mítines, que ya superan las 774 de las elecciones de 2018.

“Sin duda, en términos globales, esta elección será la más violenta desde el año 2000”, manifiesta Rubén Salazar, director de Etellekt.

La consultora contabiliza 89 políticos asesinados, de los que 35 eran aspirantes o candidatos, pero también 99 servidores públicos sin militancia, 10 colaboradores y 34 familiares de políticos, por lo que las muertes superan las 230.

(Foto: EFE)(Foto: EFE)

Casi el 90% de los ataques corresponden al ámbito local y 75% de los fallecidos eran opositores al gobierno de su estado, detalla Salazar.

Gran parte de los asesinatos -el 44 %- han sido de la alianza opositora “Va por México”, del derechista Partido Acción Nacional (PAN), el exgobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD).

“Sí es una expresión ya no solo de narcopolítica de nuestro país, sino de un verdadero Estado criminal que está presente en los tres niveles de gobierno, no solo en el municipal, en el estatal también y en el federal”, asegura Salazar.

Una de las aspirantes que ha obtenido protección es Lía Limón, candidata de la alianza opositora “Va por México” a la alcaldía Álvaro Obregón de Ciudad de México, donde denunció violencia política de género de su rival del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

“Ha sido un ataque constante del cual hemos dado parte a las autoridades, como ha sucedido en otros estados, hay un número nunca antes visto de candidatos que han perdido la vida, no es un solo caso, por lo tanto ya basta”, comenta Limón en entrevista con Efe.

RÉCORDS DE VIOLENCIA

Friends mourn during the wake of mayoral candidate Alma Barragan in Moroleon, Mexico, Wednesday, May 26, 2021. Barragan was killed Tuesday while campaigning for the mayorship of the city of Moroleon, in violence-plagued Guanajuato state. (AP Photo/Armando Solis)Friends mourn during the wake of mayoral candidate Alma Barragan in Moroleon, Mexico, Wednesday, May 26, 2021. Barragan was killed Tuesday while campaigning for the mayorship of the city of Moroleon, in violence-plagued Guanajuato state. (AP Photo/Armando Solis)

La elección ocurre después de los dos años más violentos en la historia de México con 34,681 asesinatos en 2019 y 34,554 en 2020.

Por ello, la candidata Limón considera que la violencia política es parte de una tendencia general de inseguridad que ha alcanzado a la capital.

“En todas las colonias, en todas las calles, la gente expresa estar harta de la inseguridad, vivir con miedo y estar hartos de vivir con miedo y en malas condiciones, por eso es un tema prioritario para atender”, manifiesta.

La oposición también ha advertido de que López Obrador y su partido atacan la legitimidad del autónomo Instituto Nacional Electoral (INE) para desacreditar y judicializar las contiendas que pierdan, como Álvaro Obregón.

“Lo he vivido en carne propia y me parece lamentable, yo sí creo en la democracia, sí creo en la necesidad de cuidar nuestras instituciones democráticas, sí creo en que puede haber diversidad de opiniones y de postura”, dice Limón.

SIN DISTINCIÓN

Limón es una de las aspirantes que ha solicitado protección y denunció violencia política de género de su rival del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena). (Foto: EFE)Limón es una de las aspirantes que ha solicitado protección y denunció violencia política de género de su rival del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena). (Foto: EFE)

Pese al ensañamiento con la oposición, Etellekt también cuenta que el 29% de los asesinados han sido aspirantes de Morena o aliados.

La policía también ha protegido a políticos como Juan Antonio Magaña, candidato del oficialista Partido Verde a gobernador de Michoacán, donde un grupo no identificado incendió su camioneta.

“No importa de qué instituto político sea la víctima, hechos como estos no solamente empañan el proceso electoral, sino también nos dejan muy mal parados en la seguridad, en la imagen que tenemos de México en el extranjero, pareciera que aquí es tierra de nadie”, afirma Magaña.

Pese a la agresión, ha sido el único candidato en entrar a Aguililla, uno de los municipios más violentos por la guerra de los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de La Nueva Familia Michoacana.

“Pareciera, si lo vemos a bote pronto, que solamente los del Partido Verde aquí en Michoacán, hemos recibido algún tipo de agravio de esta naturaleza, pero eso nos sirve para seguir adelante, para animarnos”, insiste.

Los ataques suceden pese al plan de protección de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que no atendió la solicitud de Efe para detallar lo conseguido por la estrategia.

Helden de Paz, consultora internacional de seguridad, ve positivo que por primera vez exista un plan, pero opina que “desafortunadamente está fracasando”.

“No veo indicadores que nos digan que en el próximo ciclo electoral ya no vamos a enfrentarnos a este tipo de problemáticas, estamos empezando a normalizar la violencia en cada elección. Ya no es sorpresa que maten a otro candidato”, lamenta.

México tendrá las elecciones más grandes de su historia el 6 de junio, cuando 93.5 millones están llamados a renovar los 500 diputados federales, 15 de 32 gobernaciones estatales, 30 congresos locales y 1,900 ayuntamientos.

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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