De los 36 crímenes, 23 aspiraban a alcaldías, siete a regidurías, uno a síndico, y el resto a diputaciones locales o federales.
A éstos, se suman los casos de aspirantes que sufrieron otro tipo de hechos violentos, como atentados, secuestros y amenazas, los cuales arreciaron durante los últimos días previos a la elección.
Apenas el sábado el candidato del partido Fuerza por México a la Alcaldía de Izúcar de Matamoros, en Puebla, Rubero Suárez Salgado, fue atacado a balazos cuando viajaba en la carretera a San Juan Epatlán.
De acuerdo con medios locales, el aspirante, su chofer y su asistente particular viajaban a bordo de una camioneta Nissan Xtrail con dirección a la comunidad de Las Bocas.
A la altura de la escuela José Vasconcelos fueron interceptados por dos sujetos que iban en una motocicleta y dispararon en contra del aspirante y sus dos acompañantes.
El chofer perdió el control de la unidad, salió de la carretera y cayó en un canal de riego a lado de terrenos de cultivo.
La camioneta presenta al menos cuatro impactos de bala en el lado izquierdo del parabrisas, cofre y salpicadera.
La noche del viernes, el candidato de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Cazones, Veracruz, René Tovar, fue asesinado en su domicilio.
Sujetos armados dispararon al menos en ocho ocasiones en contra del abanderado cuando éste iba llegando a su domicilio.
Algunas versiones apuntan a que los agresores intentaban privarlo de la libertad.
Tras el ataque, el aspirante fue trasladado por su equipo de trabajo a una clínica privada en Poza Rica, donde se confirmó su fallecimiento.
Ese mismo día, el domicilio del candidato de Morena a la presidencia municipal de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, fue atacado a balazos.
“Hace unos minutos sufrí una agresión en mi domicilio. Fueron 20 disparos”, detalló Pérez en su cuenta oficial de Facebook y compartió fotografías sobre cómo quedó la fachada de su vivienda.
En las imágenes, se apreciaban tanto paredes como puertas con disparos de bala.
En mayo fueron asesinados Alma Rosa Barragán, candidata de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Moroleón, Guanajuato; Arturo Flores, candidato de Movimiento Ciudadano a regidor en la alcaldía de Landa de Matamoros, Querétaro, y Abel Murrieta Gutiérrez, candidato del mismo partido a la alcaldía de Cajeme, Sonora.
1 de cada 10 chihuahuenses viven en carencia alimentaria
Chihuahua. – Con el objetivo de reforzar las estrategias transparentes en el combate contra el hambre, la diputada de Morena, Jael Argüelles Díaz, presentó una proposición con carácter de Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, como titular de la Junta de Gobierno del DIF Estatal, así como a la Dirección General del organismo, a crear un padrón público, actualizado y consultable de los comedores infantiles en Chihuahua.
Durante su exposición, la legisladora subrayó que el combate al hambre es una responsabilidad compartida y un compromiso alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, que establece como prioridad erradicar el hambre y garantizar la seguridad alimentaria.
Señaló que, de acuerdo con datos del INEGI, actualmente más de 370 mil personas en Chihuahua viven en carencia alimentaria, es decir, 1 de cada 10 chihuahuenses, problemática que se agrava en la región serrana, donde el 60 por ciento de niñas y niños presenta algún grado de desnutrición.
La legisladora, reconoció también los avances logrados por el Gobierno de México en materia de combate a la pobreza, impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum, que han permitido que millones de personas mejoren sus condiciones de vida; sin embargo, advirtió que la seguridad alimentaria sigue siendo uno de los principales retos sociales.
Argüelles Díaz recordó que el artículo 4° de la Constitución garantiza el derecho de todas las personas a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, derecho que en Chihuahua también está respaldado por la Ley de Desarrollo Social y Humano y la Ley de Asistencia Social, donde se establece como población prioritaria a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas indígenas y personas adultas mayores en situación de pobreza alimentaria.
Destacó que los comedores infantiles son una de las principales políticas públicas para combatir la desnutrición en la infancia, por lo que contar con un padrón público permitirá a la ciudadanía conocer su ubicación, funcionamiento, cobertura y servicios, además de fortalecer la supervisión, la coordinación institucional y la rendición de cuentas.
“La transparencia también es una herramienta para salvar vidas. Hacer visible dónde están los comedores infantiles es garantizar que más niñas y niños accedan a su derecho a la alimentación”, concluyó la congresista.
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