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Resto del mundo

El Salvador se convierte en el primer país en aprobar el uso del bitcóin como moneda de curso legal

La Asamblea Legislativa de El Salvador, de mayoría oficialista, ha aprobado el proyecto de ley que permite usar el bitcóin como moneda de curso legal en su territorio, convirtiéndose en el primer país del mundo en hacerlo.

La ley impulsada por el presidente Nayib Bukele recibió en el Congreso 62 votos a favor de un total de 84, y entrará en vigor 90 días después de su publicación en el Diario Oficial.

El mandatario aplaudió la votación señalando que la Asamblea hace «historia». Días atrás, Bukele destacó las ventajas de adoptar la criptodivisa como moneda de curso legal para dinamizar la economía del país.

«Tener el bitcóin proporciona una manera de proteger a las economías en desarrollo de posibles impactos [derivados] de la inflación de su moneda fíat», afirmó el presidente.

¿Qué implica la nueva ley?

La nueva normativa únicamente establece el curso legal del bitcóin y no de otras criptomonedas. «La presente ley tiene como objeto la regulación del bitcóin como moneda de curso legal, irrestricto con poder liberatorio, ilimitado en cualquier transacción», reza parte del primer artículo.

De esta manera, los precios en el país centroamericano podrán mostrarse en bitcoines, las contribuciones tributarias se podrán pagar en moneda digital y la transacciones en esta criptodivisa tendrán beneficios fiscales.

Bukele reiteró el domingo pasado que no habrá «impuestos sobre la ganancia de capital para el bitcóin», ya que será una moneda legal en el país, mientras los criptoemprendedores podrán contar con «la residencia permanente inmediata».

El tipo de cambio con el dólar estadounidense será «establecido libremente por el mercado», de acuerdo a la nueva ley. En ese sentido, el presidente aseguró que la normativa está «bien estructurada para que tenga riesgo cero» y que el Gobierno «garantizará la convertibilidad al valor exacto» al momento de cada transacción.

Resto del mundo

Defensora comunitaria en Alabama, detenida por ICE tras revisión de tránsito; crece respaldo para evitar su deportación

Giovanna Hernández-Martínez, de 24 años y residente de Leeds, Alabama, permanece detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) luego de un alto de tránsito realizado por la policía local. La joven, que llegó al país a los siete años y ha vivido la mayor parte de su vida en Alabama, fue trasladada al Centro Correccional de Richwood, en Luisiana, mientras enfrenta un proceso migratorio que podría derivar en su deportación a México.

Conocida por su labor como consejera y organizadora con jóvenes inmigrantes, Hernández-Martínez se graduó como la mejor estudiante de su preparatoria y posteriormente obtuvo licenciatura y maestría en Trabajo Social. Dirige su propia empresa y colabora con ¡HICA!, una organización sin fines de lucro en Birmingham que apoya a familias inmigrantes.

La detención ocurrió el 5 de agosto, cuando, según la policía de Leeds, un oficial detectó que conducía a más de 90 millas por hora, con maniobras peligrosas y vidrios polarizados. Al solicitarle licencia, presentó una identificación mexicana, lo que motivó que se notificara a ICE. Sin embargo, familiares y amigos cuestionan la versión oficial, alegando que el video de la cámara del patrullero no respalda las acusaciones de manejo temerario.

El caso ha generado una ola de apoyo. Una petición en Change.org suma más de 17 mil firmas y un fondo en GoFundMe, creado por su hermano Dilan, ha recaudado cerca de 33 mil 500 dólares. Organizaciones comunitarias, excompañeros de universidad y amigos han destacado su carácter, trayectoria académica y compromiso social. Carlos E. Alemán, director de ¡HICA!, la describió como “un ejemplo a seguir cuya detención es una pérdida dolorosa para toda la comunidad”.

El Departamento de Seguridad Nacional mantiene que la detención fue legal y que no ignorará la normativa migratoria. Por su parte, la madre de Giovanna expresó su temor de que, sin una audiencia de fianza, su hija sea deportada a un país donde no tiene vínculos directos, pues toda su familia inmediata reside en Estados Unidos.

Hernández-Martínez tiene programada una audiencia el 20 de agosto, donde su defensa buscará obtener la libertad bajo fianza mientras continúa el proceso.

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