Conecta con nosotros

Política

Así quedó el mapa del narcotráfico en México tras las elecciones 2021

El mapa del narcotráfico en México ha cambiado en los últimos años y, según especialistas en crimen organizado, el escenario podría modificarse de nuevo tras las elecciones celebradas el pasado 6 de junio.

De acuerdo con el analista Jorge Fernández Menéndez, en los anteriores comicios los grupos criminales lograron mantener su hegemonía, como deseaban hacerlo —por lo menos a nivel estatal.

En la zona del Pacífico, que comprende los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit el control lo mantiene el Cártel de Sinaloa. Este grupo criminal encabezado por Ismael el Mayo Zambada y los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán también se ha apoderado de los estados de Durango y Coahuila y los sureños Chiapas y Oaxaca.

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), señalado recientemente por el gobierno estadounidense como el mejor armado de México, tiene el centro y los litorales del Caribe y del Golfo. La organización dirigida por Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, tiene el control de Colima, Campeche, Zacatecas, San Luis Potosí, así como buena parte de Michoacán, donde el gobernador elector, Alfredo Ramírez Bedolla fue señalado por sus vínculos con Cárteles Unidos —una amalgama de los grupos criminales de la entidad—. Esto supone una serie cambios amplios en la entidad michoacana.

En Guerrero (en la costa del Pacífico) cuyas elecciones fueron atípicas desde su comienzo, el triunfo de Evelyn Salgado Pineda, hija de Félix Salgado Macedonio, las células criminales podrían multiplicarse. Menéndez explica que estas alteraciones favorecerían a la organización criminal de los Beltrán Leyva, vinculados a la familia en el poder.

En Nuevo Léon participan varios grupos con distinta ubicación geográfica, sin embargo, habrá que esperar a ver qué sucede con la llegada de Samuel García al poder. El padre de García fue abiertamente señalado por sus nexos con el narcotraficante Gilberto García Mena, alias el June, uno de los principales líderes del Cártel del Golfo.

Antes presuntos “criminales”, hoy gobernadores

En Baja California, la gobernadora electa por Morena, Marina del Pilar, dio contratos a empresarios ligados con el narco, durante su gestión como alcaldesa de Mexicali. Aquellos convenios involucraban al ex secretario de Turismo, Alejandro Moreno, quien fue socio de empresas señaladas en Estados Unidos como lavadoras de dinero para los Arellano Félix.

La gobernadora electa de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda  (Foto:Twitter)La gobernadora electa de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda (Foto:Twitter)

Hace 12, cuando César Duarte gobernaba Chihuahua, María Eugenia Campos —ahora mandataria estatal electa por el PAN— fue incluida en los pagos de nómina secreta del ex priista, detenido en EEUU e investigado en por financiar campañas políticas con dinero del Cártel del Agua.

Carteles de la gobernadora electa de Chihuahua, Maria Eugenia Campos (Foto: REUTERS/Jose Luis Gonzalez)Carteles de la gobernadora electa de Chihuahua, Maria Eugenia Campos (Foto: REUTERS/Jose Luis Gonzalez)

Evelyn Salgado, gobernadora electa de Guerrero por Morena, estuvo casada con el hijo del empresario Joaquín Alonso Piedra, alias de el Abulón, detenido en 2016 y acusado de lavar dinero para Clara Elena Laborín, esposa de Héctor Beltrán Leyva, el H3.

Evelyn Salgado junto a su padre, Félix Salgado Macedonio, vinculado a los Beltrán Leyva (Foto: Cortesía Morena)Evelyn Salgado junto a su padre, Félix Salgado Macedonio, vinculado a los Beltrán Leyva (Foto: Cortesía Morena)

En MichoacánAlfredo Ramírez Bedolla de Morena, y quien obtuvo el triunfo de la gubernatura del estado, es sobrino de Anabel Bedolla, quien estuvo casada con Adalberto Fructuoso Comparán, alias el Frutos, ex alcalde de Aguililla y detenido en mayo pasado por ser líder del grupo delictivo Cárteles Unidos.

Alfredo Ramírez Bedolla recibió la constancia de mayoría que lo acredita como el gobernador electo de Michoacán (Foto: Twitter@AlfredoEsMorena)Alfredo Ramírez Bedolla recibió la constancia de mayoría que lo acredita como el gobernador electo de Michoacán (Foto: Twitter@AlfredoEsMorena)

El nuevo mandatario estatal de Nayarit, Miguel Navarro, está acusado ante la FGR (CI/FEP/2018) por presuntamente recibir más de un millón de pesos para su campaña a gobernador por parte del ex fiscal Édgar Veytia, alias el Diablo, detenido en Estados Unidos por vínculos con la organización de los Beltrán Leyva.

En la imagen, Miguel Navarro, gobernador electo de Nayarit por el partido de Morena (Foto: Twitter @MiguelANavarroQ)En la imagen, Miguel Navarro, gobernador electo de Nayarit por el partido de Morena (Foto: Twitter @MiguelANavarroQ)

Samuel García, ganador de la gubernatura de Nuevo Léon, una de las locomotoras económicas de México, es sobrino de Gilberto García Mena, alias el June, líder del Cártel del Golfo y quien fue el primer gran capo detenido en tiempos del excpresidente Vicente Fox (2000-2006).

Samuel García, mandatario estatal de Nuevo Léon por Movimiento Ciudadano (Foto: REUTERS/Daniel Becerril)Samuel García, mandatario estatal de Nuevo Léon por Movimiento Ciudadano (Foto: REUTERS/Daniel Becerril)

En Sinaloa, la intervención del narco se convirtió en algo inobjetable. El argumento lo sostiene el director del semanario local Ríodoce, Ismael Bojórquez, quien asegura que el hoy gobernador electo por Morena, Rubén Rocha Moya obtuvo la bendición del legendario capo del Cártel de SinaloaIsmael el Mayo Zambada.

Rubén Rocha Moya, vinculado al Cártel de Sinaloa  (Foto: Facebook@RochaMoyaR )Rubén Rocha Moya, vinculado al Cártel de Sinaloa (Foto: Facebook@RochaMoyaR )

Alfonso Durazo, mandatario electo al gobierno de Sonora, tiene abierto un documento en las oficinas de la DEA, donde se le sigue la pista por sospechas de que habría colaborado con el Cártel de Sinaloa durante sus cargos en los gobiernos de Vicente Fox (2000-2006) y López Obrador (2018-2024).

México

Avanza nueva Ley de Telecomunicaciones en el Senado: oposición advierte riesgo de censura y espionaje

El Senado de la República aprobó en lo general y lo particular la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, impulsada por Morena y sus aliados, en una sesión extraordinaria que terminó con 77 votos a favor y 30 en contra, principalmente del PRI y del PAN, quienes alertaron sobre riesgos de censura, vigilancia masiva y concentración de poder por parte del Estado.

Durante el debate, se presentaron 20 reservas, de las cuales sólo se aceptaron cuatro: dos del morenista Javier Corral y dos del senador Ricardo Sheffield. Estas últimas incorporan facultades para que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones —nuevo órgano autónomo creado por esta ley— vigile los costos de los equipos de telefonía móvil y evite incrementos injustificados.

El dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis y posible aprobación. Entre los puntos más polémicos se encuentra la facultad de suspender transmisiones de radio y televisión bajo criterios aún considerados ambiguos por la oposición, y la posibilidad de crear un registro de líneas de telefonía móvil, que algunos senadores calificaron como una amenaza a la privacidad.

El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, sostuvo que aunque Morena eliminó del dictamen el artículo 109 —que planteaba el bloqueo de plataformas digitales—, esto se debió a la presión ciudadana, no a una convicción democrática. «Pusieron a temblar al gobierno. Los dobló la presión ciudadana», dijo desde tribuna. Aun así, insistió en que persisten mecanismos de control estatal que buscan acallar voces críticas.

En ese mismo sentido, el dirigente nacional del PRI y senador, Alejandro Moreno Cárdenas, advirtió que esta reforma representa “una guía de bolsillo para fortalecer un régimen antidemocrático, dictatorial”, al permitir al Estado vigilar a los ciudadanos, controlar los medios de comunicación y restringir la libertad de expresión. «Ustedes están destruyendo la República», acusó.

En defensa del dictamen, el senador Manuel Huerta (Morena) respondió que la ley “no espía, no persigue, no censura”, sino que garantiza que las telecomunicaciones estén al servicio del pueblo y no de intereses económicos particulares. Por su parte, Jorge Carlos Ramírez Marín (PVEM) argumentó que el registro de líneas ya está contemplado en el artículo 190 de la ley vigente, y desestimó las acusaciones de que se trata de un «Big Brother».

Uno de los cambios relevantes del dictamen fue la eliminación de la censura previa de contenidos de medios internacionales a través de la Secretaría de Gobernación, medida que habría violado el capítulo 18.18 del T-MEC. Además, se sustituyó la polémica Agencia de Transformación Digital por una Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, con independencia técnica y operativa, aunque con integrantes propuestos por la Presidencia y ratificados por el Senado, lo que motivó críticas por un posible conflicto constitucional.

La senadora Claudia Anaya (PRI) advirtió que estos nombramientos serían ilegales, ya que el artículo 76 de la Constitución no faculta al Senado para ratificar integrantes de órganos reguladores como el que se plantea.

En paralelo, se determinó que la autoridad en materia de competencia económica quedará sectorizada en la Secretaría de Economía, que en conjunto con tribunales especializados decidirá sobre casos de poder sustancial o preponderancia en el sector.

Mientras tanto, la Agencia de Transformación Digital, ahora con funciones reducidas, será responsable de la política estatal de cobertura social, acceso satelital y aprovechamiento del espectro, sin excluir su participación como proveedor comercial.

La discusión en la Cámara de Diputados será clave para definir el rumbo de esta polémica reforma que, pese a los ajustes realizados, sigue dividiendo a los actores políticos y a la opinión pública.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto