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Juez vincula a proceso a presunto operador del Cártel de Sinaloa en Sonora

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juez de control vinculó a proceso a un presunto operador del Cártel de Sinaloa, Jesús Humberto Limón López, «El Chubeto», y posteriormente le dictó prisión preventiva oficiosa, informó la Fiscalía General de la República.

De acuerdo con la dependencia, Limón López es considerado como uno de los principales generadores de violencia en el estado de Sonora, por lo que fue detenido y presentado ante un juez federal especializado en el sistema penal acusatorio.

Los informes judiciales señalan que “El Chubeto” fue imputado y vinculado a proceso por los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio; acopio de armas, posesión de cartuchos y posesión de cargadores de uso exclusivo del Ejército.

La FGR agregó que uno de sus principales colaboradores o lugartenientes, identificado como Judas René Luna Valenzuela, «El Chapo Luna», también fue vinculado a proceso por los mismos delitos.

Los presuntos mandos delictivos fueron capturados junto a un tercer sujeto de nombre Martín Enrique Ochoa García, «El Chapo Megan», quien ya fue imputado, pero no ha sido vinculado a proceso, derivado de que su defensa solicitó la ampliación del término constitucional para presentar pruebas de descargo.

Los reportes emitidos por la FGR señalan que Humberto Limón y sus cómplices fueron detenidos el pasado 11 de junio en Altar, Sonora, tras un operativo conjunto de Fuerzas Federales.

Sus capturas provocaron los «narcobloqueos» de otros integrantes del Cártel de Sinaloa en ese municipio, por lo que tuvo que intervenir el Ejército Mexicano.

Según la FGR, «El Chubeto» dirigía un grupo de sicarios conocido como «Los Cazadores» y era el encargado del tráfico de mariguana, cocaína, heroína, crystal y fentanilo en la región; además de encabezar las operaciones de tráfico de armas y de migrantes en la zona fronteriza de Arizona y Sonora.

Otras detenciones

La dependencia también reportó la detención de Lucía Ramírez Hernández, «Kenia», a quien señaló como presunta integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación, y de Delfina Pineda Sánchez,

A Pineda Sánchez la FGR le imputa los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, ya que entre abril y julio de 2018 movió 400 millones de pesos entre diversas cuentas bancarias, sin que exista una justificación para esas operaciones , ya que no reporta actividades comerciales.

Delfina Pineda es una mujer de 53 años de edad que hace 10 años era beneficiaria de programas sociales en la colonia Peralvillo de la alcaldía de Cuauhtémoc.

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Asesinato de Jasiel Giovanny: crecen las sospechas de un segundo implicado

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Un elemento clave ha avivado la sospecha de que una segunda persona participó en el asesinato o, al menos, en el ocultamiento del cuerpo: durante la búsqueda inicial del niño desaparecido, voluntarios y policías recorrieron el mismo terreno donde luego fue encontrado sin que detectaran señal alguna. Esto ha llevado a pensar que el cadáver fue colocado allí después, posiblemente por un cómplice.

Mientras la atención mediática ha girado en torno al debate sobre el lugar de reclusión de Abraham Alejandro —quien fue enviado al Cereso Femenil debido a su identidad de género—, la investigación parece haber dejado cabos sueltos que podrían ser cruciales. La Unidad de Personas Ausentes fue fuertemente señalada por presuntas omisiones, aunque otros grupos dentro de la Fiscalía lograron recuperar el caso a tiempo.

En las audiencias judiciales ya se han expuesto antecedentes de maltrato por parte del padrastro, lo que refuerza su vinculación al crimen. Sin embargo, tanto familiares como ciudadanos han señalado públicamente que alguien más debió intervenir, sobre todo por el modo en que se dio con el cuerpo: casi 20 horas después de la denuncia, en un lugar previamente inspeccionado.

A pesar de la gravedad del caso, la Fiscalía ha ofrecido información limitada, justificando la reserva con la protección de los derechos del menor. Pero más allá de la legalidad, la presión social exige resultados claros. El crimen de Jasiel no solo ha conmovido a su entorno inmediato, sino que ha generado un reclamo generalizado de justicia y de transparencia total en el proceso.

Si hay otra persona involucrada, la autoridad deberá actuar sin titubeos. Y si no la hay, la sociedad merece conocer todos los elementos que llevaron a esa conclusión. Por ahora, la herida sigue abierta y la confianza en las instituciones aún está en juego.

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