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ONG insiste en la existencia de tortura en México, a pesar de que AMLO asegura haber erradicado

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Organizaciones de derechos humanos insisten en que la tortura se mantiene en México sin que haya sido eliminada, a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha asegurado que la tortura ha sido erradicada.

En el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura que se celebra este sábado, varias organizaciones recuerdan que existen casos puntuales que demuestran que el camino es largo y que la realidad dice otra cosa.

“Estas afirmaciones que se han hecho y que señalan que la tortura es un mal extinto y erradicado distan mucho de ser una realidad desgraciadamente”, dijo a Efe Ángel Salvador Ferrer, coordinador del programa de prevención de la tortura de la organización Documenta.

Agregó que su organización ha podido atestiguar en los últimos años que persisten este tipo de prácticas y recordó que organismos internacionales se refieren al problema como “un mal endémico, sistemático y muy extendido en el país”.

DEMASIADA EVIDENCIA

México sigue sin contar con un Registro Nacional del Delito de Tortura ni con un Programa Nacional contra la Tortura y la mayoría de los estados siguen sin contar con fiscalías especializadas que investiguen los delitos de tortura. (Foto: EP)
México sigue sin contar con un Registro Nacional del Delito de Tortura ni con un Programa Nacional contra la Tortura y la mayoría de los estados siguen sin contar con fiscalías especializadas que investiguen los delitos de tortura. (Foto: EP)

Según Ferrer lo que existe “es mucha evidencia que apunta en sentido contrario y que indican que la tortura es un mal muy presente dentro de distintos sistemas públicos y que se deben hacer muchísimas intervenciones para erradicarla”.

Recordó que en 2017 fue aprobada la Ley General contra la Tortura que ordenaba la creación de unidades en cada una de las fiscalías de los estados, las cuales deben asumir las investigaciones para casos de tortura, pero la mayoría de sus disposiciones no se aplican.

Agregó que México sigue sin contar con un Registro Nacional del Delito de Tortura ni con un Programa Nacional contra la Tortura y la mayoría de los estados siguen sin contar con fiscalías especializadas que investiguen los delitos de tortura.

Relató que en diciembre de 2020, en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el fiscal especial de tortura de la Fiscalía General de la República (FGR) reconoció “las enormes deficiencias que se tiene para investigar y probar la tortura”.

DENUNCIAS SIN RESOLVER

Mexican President Andres Manuel Lopez Obrador holds a news conference as he said Nicaragua should not use repression or jail opponents, and that the people of the country should be able to make choices freely in elections, at the National Palace in Mexico City, Mexico June 25, 2021. Mexico's Presidency/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVESMexican President Andres Manuel Lopez Obrador holds a news conference as he said Nicaragua should not use repression or jail opponents, and that the people of the country should be able to make choices freely in elections, at the National Palace in Mexico City, Mexico June 25, 2021. Mexico’s Presidency/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS – THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

El activista dijo que, como muestra de ello, en 2019 la FGR presentó dos casos por tortura y solo hubo una sentencia.

En su análisis de México de 2019, el Comité contra la Tortura de la ONU destacó que de 3.214 denuncias de tortura realizadas en el país, apenas ocho dieron lugar a una detención y un juicio.

Además, destacó que existen graves deficiencias en investigar los señalamientos de tortura y se traslada la carga de pruebas a las víctimas.

El Comité recordó que en 2018 la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó una investigación en la que indicó haber hallado “sólidos motivos” de que al menos 34 detenidos habían sido torturados durante la investigación de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014.

DELITO SIN COMBATIR

(Foto: EFE)(Foto: EFE)

Señaló que esa cifras evidencian que la tortura no se está combatiendo como lo dice el Gobierno y agregó que existen muchos problemas para las víctimas para poder acreditar este delito, además del encubrimiento y nula investigación.

“Las cifras señalan que la tortura es un delito impune y no se puede investigar, además de que no existen costos por torturar porque no existen sentencias”, expuso.

Recordó que menos del 1% de los casos de tortura que se investigan llegan a una sentencia y habría que ver cuántas son condenatorias y cuántas absolutorias”, apuntó.

En el panel “¿Se erradicó la tortura en México?”, organizado esta semana por Amnistía Internacional, el secretario general de la Organización Mundial Contra la Tortura, Gerald Staberock, coincidió en que en México la tortura es una práctica existente.

Explicó que la tasa de impunidad sobre esta práctica es del 98% y la población más afectada son los grupos marginados, de color, indígenas y, en su mayoría, hombres.

Para Francisco Cerezo, coordinador del Comité Cerezo México, creado a raíz de la detención, tortura y encierro de sus hermanos Alejandro, Héctor y Antonio en agosto de 2001, “la tortura seguirá ocurriendo en el país mientras exista impunidad y no se castigue a los responsables”.

Recordó que la organización publica cada año un informe en el que documenta las detenciones arbitrarias por fuerzas de seguridad “y 40 de cada 100 personas que han sido detenidas de manera arbitraria sufrieron tortura”.

Sobre quiénes son los que torturan, Salvador Ferrer señaló que en el imaginario se señala mayormente a las corporaciones de seguridad y la tortura más documentada es la que se produce en los procesos de investigación criminal, pero “cualquier funcionario puede cometer tortura” lo cual incluye a policías, militares, pero también existe en otros sectores.

Un primer paso para combatir la tortura por parte de las autoridades mexicanas sería “reconocerla, mencionarla y dimensionarla” y organismos internacionales han señalado que es importante no tener un discurso de negación ante este delito, además de cumplir con las obligaciones que marca la propia ley.

EFE

México

Diputados aprueban semana de asueto tras choques entre bancadas

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Tras celebrar únicamente dos días de sesiones, los integrantes de la Cámara de Diputados tendrán un periodo de asueto de siete días, luego de que la Junta de Coordinación Política avalara suspender actividades del pleno hasta el próximo 10 de febrero.

Durante las sesiones realizadas, el pleno se concentró en actos de carácter protocolario, como la instalación del Congreso General, el envío a comisiones de diversos informes institucionales y la conmemoración de la Constitución de 1917. También se presentó una ronda de iniciativas que no contempló reformas constitucionales, así como una efeméride con motivo del Día Mundial contra el Cáncer.

El desarrollo de los trabajos legislativos estuvo marcado por confrontaciones entre las distintas bancadas. Entre los temas que generaron mayores tensiones se encontró la tragedia del Tren Interoceánico, así como la solicitud de un minuto de silencio por víctimas en Venezuela. Esta última propuesta fue cuestionada por legisladores que pidieron que el homenaje se destinara a casos nacionales, como el de la Guardería ABC.

A lo largo de la sesión, la Mesa Directiva emitió llamados para frenar los señalamientos y reconducir el debate por las vías institucionales. Sin embargo, las diferencias entre los grupos parlamentarios persistieron y no fue posible alcanzar consensos, por lo que la jornada concluyó en medio de acusaciones cruzadas.

Al momento de clausurar los trabajos, se confirmó que el pleno reanudará actividades legislativas hasta el 10 de febrero. Durante la semana de asueto, únicamente dos comisiones continuarán sesionando, sin que se precisaran mayores detalles sobre los temas a tratar.

De esta manera, aunque el calendario legislativo no contemplaba un puente largo por la conmemoración de la Constitución, los diputados acordaron intercambiarlo por una semana completa sin sesiones ordinarias, lo que pospone la discusión de otros asuntos pendientes en la agenda legislativa.

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