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Matrimonios comprados: una tradición llena de violencia que aún persigue a niñas de la montaña de Guerrero

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Hasta 200.000 pesos (unos 10.000 dólares) es lo que llegan a cobrar padres de la montaña de Guerrero para vender a sus hijas a matrimonio forzados. Es parte de sus llamados “usos y costumbres”. Pero también es una práctica que actualmente representa un retroceso en el tema de las libertades y los derechos de las mujeres en México.

No existen datos de cuántas mujeres pueden ser víctimas de esta práctica porque no se denuncia. Testimonios señalan que los precios de la venta de niñas y mujeres varían dependiendo de la edad de la niña, si es virgen y si tiene hijos.

Aunque algunos medios mexicanos, como el Reforma, han reportado solo hay estimaciones respecto a la cifra de mujeres víctimas de esta práctica, porque no existen cifras exactas. Serían unas 300 mil niñas las que han sido vendidas para matrimonio en ese estado.

El País también reportó esta situación señalando que actualmente es posible esa práctica porque muchos hombres de la región de la montaña de Guerrero trabajan en Estados Unidos parte del año. Entonces regresan a sus regiones con mucho dinero en mano para comprar a la esposa que deseen. Hay algunos, señala dicho medio, que hasta compran dos o tres.

“No quiero que me vendas”, recordaba Eloina Feliciano que le pidió a su madre. Pese a sus súplicas, según contó a la Agencia France-Presse (AFP), fue otra de las niñas entregadas en matrimonio bajo un acuerdo ancestral de compra y venta en el mexicano estado Guerrero. “No somos animales (…) Los animales son los que se venden”, sentenciaba esta indígena mixteca de 23 años -vendida a los 14- de la comunidad Juquila Yuvinani, municipio de Metlatónoc, entre los más pobres de México.

(Foto: PEDRO PARDO / AFP)(Foto: PEDRO PARDO / AFP)

Las dotes que cobran los padres de las novias, que solo aceptan esposos de esta misma región, oscilan entre 2.000 y 18.000 dólares, según habitantes de la zona.

“Las niñas quedan en absoluta vulnerabilidad. Su nueva familia las esclaviza con tareas domésticas y agrícolas” y a veces “los suegros abusan sexualmente de ellas”, señalaba Abel Barrera, antropólogo y dirigente de la ONG Tlachinollan.

Por la “creciente precariedad” de estos pueblos, añadía, “la ritualidad ancestral indígena de entrega de las doncellas por dote desde su primera menstruación se ha ido perdiendo y ahora se mercantiliza a las niñas”.

De los casi 2.500 municipios mexicanos, unos 620 son indígenas y 420 de ellos se rigen por usos y costumbres tradicionales reconocidos por la Constitución.

En Metlatónoc, por ejemplo, de 19.000 habitantes, un 94,3% carece de servicios básicos en sus viviendas, y 58,7% tiene dificultades para alimentarse, según el instituto nacional de estadística, INEGI.

Los indígenas representan 10,1% de los 126 millones de mexicanos y casi 70% viven en pobreza, añaden otros estudios oficiales.

Entonces los padres de las niñas ven en ellas un ingreso más, sin tomar en cuenta su voluntad o su integridad. “Las entregan vírgenes y puras, moldeables, sin malas prácticas, cuando todavía obedecen y pueden influir en ellas, orientarlas, enseñarles las tareas del hogar y del campo, la maternidad y la vida conyugal”, contaba a El País Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en Guerrero.

(Foto: PEDRO PARDO / AFP)(Foto: PEDRO PARDO / AFP)

“Muchas mujeres dicen ‘yo sí voy a vender a mi hija en 110, 120 mil pesos porque quiero dinero’, pero a mí me da mucha tristeza escuchar esas cosas porque son sus hijas”, contaba a AFP Maurilia Julio, una partera de 61 años, también vendida de niña y que rechazó hacerlo con sus hijas.

Los padres “cobran porque creen que deben recuperar lo gastado en las mujeres durante su crianza”, explicaba Benito Mendoza, integrante de la organización Yo quiero, Yo puedo, quien impartía talleres de concientización sobre esta problemática, en lenguaje mixteco, hasta que se quedó sin fondos en febrero pasado.

En Guerrero, la práctica, basada en usos y costumbres, se presenta en las localidades de Metlatónoc, uno de los municipios más pobres del país, Cochoapa el Grande, Malinaltepec, Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca y Ayutla, ubicados en la Costa Chica y la Montaña.

La dote también es una tradición ancestral, según la cual las niñas y adolescentes se entregan en matrimonio a cambio de bienes como animales o terrenos, panes, cerveza. Sin embargo, ahora es una simple transacción económica.

Los usos y costumbres de estos municipios permiten ponerle precio a la mujer según su juventud y belleza bajo el respaldo del Artículo Segundo Constitucional sobre la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas.

La familia que quisiera casar a su hijo debía desembolsar cantidades que contrastan drásticamente con la situación de las comunidades que viven en pobreza extrema y cuyos habitantes son indígenas mixtecos.

Las autoridades de la comunidad de Juquila, perteneciente al municipio de Metlatónoc, firmaron hace un par de años un acuerdo para prohibir la venta de niñas durante los próximos 200 años. Pero eso no ha impedidos la realización hoy en día de esa práctica.

Virgilio Moreno, líder comunitario en esa zona, de 72 años, dice que apenas 300 personas aceptaron dejar la práctica y reclama atención de autoridades federales.

Y aunque el tema ha llegado a figurar en las habituales conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador, este se ha limitado a decir que son costumbres de esas comunidades, que se tienen que respetar.

México

¿Cuántos desaparecidos hay en México?

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Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), reportó 132 mil 534 casos de personas desaparecidas en México. Desde 2006 a la fecha, solo el 33%, es decir, 43 mil 128 registros tienen datos suficientes para la búsqueda.

Durante la conferencia matutina de este viernes 27 de marzo, la funcionaria detalló que de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) y la Base Nacional de Carpetas de Investigación, 46 mil 724 tienen datos insuficientes para emprender su búsqueda, mientras que 40 mil 308 personas reportan actividades y registros después de su fecha de desaparición.

«El 36% del total que no tienen datos completos, por ejemplo, no cuentan con nombre, sexo, fecha de nacimiento, contexto de la desaparición, fecha o lugar de los hechos, lo que imposibilita la búsqueda aun así y se mantienen en el registro», explicó.

Puntualizó que antes de la reforma en materia de personas desaparecidas en 2025, no se solicitaban datos mínimos cuando se subía un reporte de persona desaparecida en el Registro Nacional. La funcionaria mostró casos que no tienen dirección, teléfono de contacto ni lugar de desaparición, entre otros datos fundamentales para la búsqueda.

Mientras que 40 mil 308 registros que sí cuentan con datos suficientes para la búsqueda, sin embargo, después de una revisión en diversos registros administrativos, se han podido corroborar actividades posteriores a la fecha de su desaparición. Entre ellos, matrimonios, altas en el SAT y cambios de domicilio en el INE.

«Una persona fue registrada como desaparecida en el año 2010, aparece en el registro de vacunación con todos sus datos en el 2021. Otro ejemplo, una persona que fue registrada como desaparecida en 2012 se registró en el INE en el año 2023 e incluso coinciden sus huellas digitales», dijo.

«El tercer grupo de 43 mil 128 casos, el 33% del total, corresponde a registros con datos completos, pero que hasta el momento y después de una búsqueda exhaustiva en registros administrativos no se han encontrado aún coincidencias ni actividad posterior a la fecha del reporte de desaparición», mencionó.

Esta mañana, Figueroa Franco presentó un informe de la Estrategia de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, que destaca que de 394 mil 645 registros del RNPDNO, 66% ya fueron localizadas, o sea 262 mil 111 personas, de las cuales, 240 mil 211 fueron encontradas con vida y 21 mil 900 sin vida.

Estrategia de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas

La titular del Secretariado Ejecutivo mencionó que en los casos de personas que muestran indicios de su localización, se requiere una prueba de vida o en su caso, de fallecimiento, por lo que el Gobierno Federal ha implementado una estrategia que contempla dos rutas.

«La primera, cuando se cuenta con datos de contacto, se realiza una llamada para verificar el estatus de la persona y posteriormente se agenda una visita domiciliaria a fin de recabar evidencia de prueba de vida la cual se integra al expediente para la actualización del caso», explicó Figueroa Franco.

Sin embargo, cuando no se dispone de datos de contacto, se solicita información a dependencias como el Instituto Nacional Electoral (INE) o compañías telefónicas y una vez obtenida, se aplica el mismo procedimiento de verificación.

Señaló que este esquema permite confirmar información, actualizar los registros de manera responsable para cambiar el estatus de la persona de desaparecida a localizada y brindar certeza a las familias. Afirmó que debido a esta estrategia, ya fueron ubicadas 5 mil 269 personas y se cambió su estatus de desaparecidas a localizadas en el Registro.

«Un ejemplo concreto es el caso de Enrique N, reportado como desaparecido en 2016. La plataforma de este cruce de registros detectó mil 500 coincidencias con registros administrativos, como el registro de un menor en el registro civil, un matrimonio un año después de la desaparición y diversos trámites laborales. Lo que mostró que esta persona realizaba actividades pese a que estaba reportada como desaparecida», dijo.

Sobre los casos que sí reportan datos completos para su búsqueda, la titular del SESNPS, explicó que el 71% (43 mil 128 registros), fueron integrados por fiscalías estatales al Registro Nacional y solo 3 mil 869 cuenta con una carpeta de investigación, mientras que 26 mil 611 son reportes únicamente.

«La diferencia entre un reporte y una carpeta es que los reportes formalmente no inician una investigación dentro de la fiscalía. En segundo lugar, tenemos los registrados por las comisiones locales de búsqueda que suman 10 mil 854 casos. Y por último, mil 794 que fueron reportados por la ciudadanía directamente en el portal de la Comisión Nacional de Búsqueda», refirió.

Para finalizar, Figueroa Franco mencionó que de 2006 a 2026, de 46 mil 742 personas el 36% del total no tienen datos suficientes para la búsqueda; 40 mil 308, el 31% del total tienen datos suficientes para la búsqueda y registraron actividades después de su fecha de desaparición. Y actualmente la autoridad está en proceso de confirmar y formalizar su localización de 43 128 registros, el 33% del total.

Afirmó que de cada 100 personas reportadas como desaparecidas en un mes, en promedio 66 son localizadas, de las cuales, 92 de cada 100 casos se localizan con vida y en 96 casos de cada 100 casos los reportes no están relacionados con la comisión de un delito.

Por último, destacó que desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, del 1 de octubre de 2024 a la fecha, se han localizado 31 mil 946 personas con reporte de desaparición.

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