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SCJN declara inconstitucional la prohibición del uso lúdico de la marihuana

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la prohibición del consumo lúdico de marihuana en México, después de que el Congreso no logró aprobar una ley para regular el cannabis recreativo.

La declaración de inconstitucionalidad fue apoyada por ocho de los 11 magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en lo general y por nueve en las especificaciones, con lo que se alcanzó en ambos casos la mayoría calificada suficiente para anular los cinco artículos de la Ley General de Salud que impiden el consumo lúdico de la marihuana.

El pasado 30 de abril venció por tercera vez el plazo que la Corte había puesto al Congreso para que regulara el consumo lúdico de marihuana en el país, pero los legisladores no alcanzaron ningún acuerdo para legalizarlo.

Con el levantamiento de la prohibición por parte de la SCJN, los mexicanos podrán solicitar permisos para consumir y portar marihuana a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), organismo de la Secretaría de Salud.

Sin embargo, la magistrada Norma Lucía Piña, ponente del proyecto, aclaró que “no se autoriza en ningún caso importar, comerciar o suministrar” marihuana, con lo que no se creará por ahora un mercado de cannabis recreativo en México.

Además, subrayó que el consumo no podrá afectar a terceros ni llevarse a cabo en espacios públicos ni tampoco frente a menores de edad.

Estas directrices estarán vigentes desde que se publique la declaración de inconstitucionalidad en el Diario Oficial de la Federación y mientras el Congreso no legisle al respecto.

Piña consideró que con esta declaración “se remueve el obstáculo jurídico para que la Secretaría de Salud autorice las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y THC (Tetrahidrocannabinol) con fines recreativos respetando el libre desarrollo de la personalidad”.

Tras varios amparos de consumidores de marihuana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró inconstitucional el consumo recreativo por violar “el libre desarrollo de la personalidad” y ordenó en 2019 al Congreso regular el consumo recreativo.

Una primera versión del texto fue aprobada por el Senado el 19 de noviembre del año pasado, pero el 10 de marzo fue modificada por la Cámara de Diputados y regresada de nuevo al Senado, que dejó pasar el plazo definitivo del 30 de abril sin ratificarla.

El dictamen encallado en el Congreso buscaba convertir México en el tercer país de América en legalizar a nivel nacional la marihuana recreativa, tras Uruguay y Canadá.

Permitía portar hasta un máximo de 28 gramos de cannabis y preveía un sistema de licencias para cultivar hasta ocho plantas en casa, fundar asociaciones de fumadores, así como producir y vender marihuana y cáñamo industrial.

Sin embargo, asociaciones de consumidores criticaron que el texto seguía criminalizando el consumo al establecer multas a quienes portaran entre 28 y 200 gramos y penas de cárcel a quienes superaran los 200 gramos.

Aunque la sesión de los magistrados fue telemática, integrantes del Movimiento Cannábico Mexicano se plantaron frente a la SCJN para pedir el fin de la prohibición tras un año y medio acampados ante el Senado.

Fuente: EFE

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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