México

“El Chapo” Guzmán se reunió con agentes de la DEA para traicionar a su socio el “Güero” Palma

Diez años antes de que se realizara el afamado juicio del siglo, Joaquín El Chapo Guzmán pactó una reunión secreta con agentes de la Agencia del Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) para ofrecerles, a cambio de que le perdonaran sus crímenes en Estados Unidos, información sobre sus rivales los Beltrán Leyva, su socio El Güero Palma Salazar y políticos mexicanos corruptos ligados al narco.

Así lo reveló el periodista de investigación de Rolling Stone Noah Hurowitz, quien cubrió el juicio de Guzmán Loera en Nueva York, en su libro El Chapo, la historia no contada del más infame barón de las drogas del mundo, que saldrá a la venta en Estados Unidos el próximo 20 de julio.

El periodista Jesús Esquivel, corresponsal de Proceso en Washington, quien cuenta con una copia adelantada del libro, dijo que el capítulo 5 “I am Tito” confirma un rumor que nunca se había corroborado: el Chapo Guzmán contactó a la DEA (en 1998) para negociar su inminente captura.

El autor también habló sobre un supuesto encuentro entre agentes de la DEA y El Chapo en 2001, al que también habría asistido el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

El exsecretario de Seguridad Pública (SSP) de México Genaro García Luna. EFE/Mario Guzmán/Archivo

“Por documentos de la Corte me enteré de dicha reunión. En 2019, a las afueras de Washington DC, me reuní con Joe Bond (uno de los agentes que asistió), quien me enseñó y explico el reporte interno que él escribió para la DEA luego de haberse encontrado con El Chapo”.

“El 7 de noviembre de 1997 Joe Bond se encontraba en su oficina en la embajada de Estados Unidos en México cuando recibió una llamada de uno de los marinos que resguardaban las puertas de entrada al inmueble”, escribió Hurowitz en el citado capítulo.

El agente Bond se reunió en la entrada de la sede diplomática con un individuo al que los estadounidenses identificaron con el nombre clave de Electra, quien habría afirmado ser cuñado de Guzmán Loera.

En ese período el fundador del Cártel de Sinaloa se encontraba encerrado en la cárcel de Puente Grande. Según el autor, el agente Bond habría tenido que hacer malabares para poder penetrar las instalaciones del Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) número 2 de Puente Grande, Jalisco, el mismo donde años después ocurriría la primera fuga del Chapo en un carro de lavandería.

El Chapo y el penal federal de Puente Grande (Fotoarte: Steve Allen/Infoabe)

El funcionario mexicano que habría cooperado para que se pudiera concertar la reunión, y que esta no fuera difundida a los medios de comunicación, fue el entonces subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos, quien a su vez designó al exfuncionario de la PGR Pepe Patiño Moreno como intermediario entre el Chapo y los agentes norteamericanos.

Vasconcelos habría ayudado a los agentes extranjeros facilitándoles una identidad falsa como sociólogos para poder ingresarlos a la celda de Guzmán Loera. El oficial Bond se identificó con las autoridades del penal con una licencia de conducir falsa a nombre de José Bonillas.

“Después de unos 15 minutos, tal vez una media hora, un guardia abrió la puerta y condujo al hombre al que iban a ver. Se veía bien, como si hubiera perdido peso, estaba comiendo bien y hacía ejercicio. Una vez que Bond se cercioró que el guardia había salido, se presentó ‘Buenas tardes’, saludó Bond al priosionero; ‘soy Tito’, le dijo, repitiendo el código que Electra le proporcionó para el El Chapo supiera que estaba frente a un representante de la DEA”, detalló Hurowitz.

“Tan pronto salió de la boca de Bond el nombre clave, el capo palideció, cerró un poco los ojos. No sabía la fecha en que irían los agentes, no estaba preparado, lo agarraron descuidado”, agregó.

“Sin decir palabra, El Chapo se tiró al suelo en la posición que se toma para hacer lagartijas y miró por debajo de la puerta para tener certeza de que nadie se encontraba cerca y escuchando”.

Según el periodista, a pesar de que al Chapo se le dijo que no le darían garantías para su seguridad, libertad o protección, el narcotraficante se sinceró y habló sobre su gran socio y amigo, El Güero Palma Salazar, que entonces también se encontraba preso en el mismo penal.

Loera habría confesado al agente que su amistad con el Güero se había roto porque supuestamente Salazar ordenó el asesinato de uno de los hermanos de Griselda López.

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México

Senado prohíbe definitivamente las terapias de conversión en México

El pleno Senado de la República aprobó las reformas al Código Penal y a la Ley General de Salud para prohibir y sancionar de forma definitiva y a nivel nacional los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG), también conocidas como terapias de conversión, las cuales han sido consideradas por organismos internacionales como un acto de tortura en contra de la comunidad LGBTQ+, ya que consisten en someter a las víctimas a abusos sexuales, electrochoques y hasta supuestos exorcismos, para que se se identifiquen como personas cisgénero heterosexuales.

Los senadores aprobaron prohibir los ECOSIG en México con 77 votos a favor, cuatro en contra y 15 abstenciones durante una sesión que duró casi 12 horas, a un mes de que fue aprobada en la Cámara de Diputados y a seis años de que se presentó la iniciativa.

“Para prohibir y sancionar las llamadas terapias de conversión, conocidas como ECOSIG, se aprueba reformar, con 77 votos a favor, cuatro en contra y 15 abstenciones, el Código Penal Federal y la Ley General de Salud.

“Los ECOSIG son prácticas que han incentivado la violación de los derechos humanos de la comunidad LGBTTTIQ+.”, escribió en redes sociales el Senado.

Tras la aprobación de las reformas, el Senado envió el documento al Ejecutivo Federal para que se realice el trámite correspondiente y se publiquen en el Diario Oficial de la Federación.

¿Cómo se sancionarán las terapias de conversión en México?

De acuerdo con el Senado, quien realice las denominadas terapias de conversión o ECOSIG podrá ser sancionado con dos a seis años de prisión y una multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que actualmente sería una suma de entre 108 mil y 216 mil pesos.

Las reformas que adicionan un artículo 209 Quintus al Código Penal Federal y un artículo 465 Ter a la Ley General de Salud precisan que dichas sanciones se impondrán a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona.

No obstante, la sanción aumentará al doble cuando las conductas tipificadas se realicen en contra de personas menores de 18 años, adultos mayores o personas con alguna discapacidad.

En el proyecto de decreto se establece que bastará la presentación de una denuncia para iniciar la investigación de los hechos que revistan las características del delito al que este precepto se refiere.

¿Los padres de familia podrán ser sancionados?

Sí, pero no de la misma forma. En el caso de que sea el padre, madre o tutor de la víctima la persona que incurra en las conductas sancionadas, se les aplicarán las sanciones de amonestación o apercibimiento a consideración del juez.

De igual forma, cuando la persona autora tuviere para con la víctima una relación laboral, docente, doméstica, médica o cualquier otra que implique una subordinación de la víctima; o se valga de la función pública para cometer el delito, también será castigada con destitución e inhabilitación para desempeñar el cargo hasta por un tiempo igual a la pena impuesta.

¿Cómo se sancionará a profesionales de la salud?

Subrayó que las personas profesionales, técnicas, auxiliares de las disciplinas para la salud y relacionadas con las prácticas médicas que realicen, impartan, apliquen, obliguen o financien tratamientos, terapias o cualquier tipo de servicios o prácticas quirúrgicas o de otra índole, con el objeto de obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar, anular o suprimir la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona, serán sancionadas de acuerdo con el Código Penal Federal, y suspendidas en el ejercicio profesional, de uno a tres años.

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