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Política

Con Calderón y Peña, 75% del alza en la deuda en una década

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Ciudad de México. Tres de cada cuatro pesos en que aumentó la deuda pública en la última década correspondió a operaciones de contratación de pasivos realizadas en los últimos dos años del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y en los seis que siguieron del ex presidente Enrique Peña Nieto, reveló la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La deuda pública interna y externa contratada por el gobierno federal pasó de 4 billones 56 mil 34 millones, en 2011, a 9 billones 702 mil millones en 2020, un repunte de 139.2 por ciento.

Esto es, un aumento de 5.6 billones de pesos en ese periodo, reportó la ASF en su primer informe parcial de la Cuenta pública de 2020. Además, desglosó que de 2011 a 2018 la deuda tuvo un alza de 4.2 billones de pesos, mientras que de 2018 a 2020 se incrementó 1.3 billones de pesos. Ello implica que tres de cada cuatro pesos, o 75 por ciento del total, corresponde a los últimos dos años de la gestión de Calderón y los seis de Peña Nieto.

Como parte del mismo informe, entregado ayer a la Cámara de Diputados, la auditoría detalló que en 2020, el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) fue insuficiente para cubrir la pérdida acumulada de ingresos tributarios y petroleros de ese año, que ascendió a 399 mil 468 millones 700 mil.

Con el FEIP, que opera desde 2001 para compensar la pérdida de ingresos, solo se pudo cubrir 51.1 por ciento de esa caída en la recaudación, y ese instrumento cerró 2020 con un saldo de solo 9 mil 479 millones 783 mil pesos y, al no haber remanentes, su reserva quedó en cero pesos, detalló la ASF.

Respecto de la evolución de la deuda, el órgano fiscalizador calificó que en el segundo año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el pago de amortizaciones fue el adecuado y conforme a los lineamientos establecidos en la materia.

En el dictamen se explica que, al tomar en cuenta la deuda de todo el sector público federal –gobierno federal, empresas productivas del Estado y banca de desarrollo–, el saldo en 2020 ascendió a 12 billones 440 mil 906.7 millones de pesos, cantidad mayor en un billón 12 mil 941.7 millones de pesos al monto de 2019, un aumento de 8.9 por ciento.

“Como proporción del PIB, dicho saldo fue superior en 7 puntos porcentuales respecto del nivel alcanzado en el ejercicio anterior, al pasar de 46.8 por ciento a 53.8 por ciento, entre 2019 y 2020”, indicó.

El costo financiero de la deuda ascendió a 544 mil 700 millones, 9.1 por ciento del gasto federal para 2020, agregó.

Acontecer

Impulsa diputada Argüelles padrón público de comedores contra el hambre

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1 de cada 10 chihuahuenses viven en carencia alimentaria

Chihuahua. – Con el objetivo de reforzar las estrategias transparentes en el combate contra el hambre, la diputada de Morena, Jael Argüelles Díaz, presentó una proposición con carácter de Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, como titular de la Junta de Gobierno del DIF Estatal, así como a la Dirección General del organismo, a crear un padrón público, actualizado y consultable de los comedores infantiles en Chihuahua.

Durante su exposición, la legisladora subrayó que el combate al hambre es una responsabilidad compartida y un compromiso alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, que establece como prioridad erradicar el hambre y garantizar la seguridad alimentaria.

Señaló que, de acuerdo con datos del INEGI, actualmente más de 370 mil personas en Chihuahua viven en carencia alimentaria, es decir, 1 de cada 10 chihuahuenses, problemática que se agrava en la región serrana, donde el 60 por ciento de niñas y niños presenta algún grado de desnutrición.

La legisladora, reconoció también los avances logrados por el Gobierno de México en materia de combate a la pobreza, impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum, que han permitido que millones de personas mejoren sus condiciones de vida; sin embargo, advirtió que la seguridad alimentaria sigue siendo uno de los principales retos sociales.

Argüelles Díaz recordó que el artículo 4° de la Constitución garantiza el derecho de todas las personas a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, derecho que en Chihuahua también está respaldado por la Ley de Desarrollo Social y Humano y la Ley de Asistencia Social, donde se establece como población prioritaria a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas indígenas y personas adultas mayores en situación de pobreza alimentaria.

Destacó que los comedores infantiles son una de las principales políticas públicas para combatir la desnutrición en la infancia, por lo que contar con un padrón público permitirá a la ciudadanía conocer su ubicación, funcionamiento, cobertura y servicios, además de fortalecer la supervisión, la coordinación institucional y la rendición de cuentas.

“La transparencia también es una herramienta para salvar vidas. Hacer visible dónde están los comedores infantiles es garantizar que más niñas y niños accedan a su derecho a la alimentación”, concluyó la congresista.

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