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Investigan a un inspector por el derrumbe en Miami: este colapso no fue el primero de su carrera

SURFSIDE, Florida — José L. Haar sigue sufriendo de claustrofobia y dolor crónico en la espalda, dolencias remanentes de las horas que pasó atrapado bajo los escombros entre sus dos hermanos muertos hace décadas.

Haar, que había sido contratado para transportar escombros de un proyecto de demolición, fue uno de los tres sobrevivientes del colapso del Club Kennel Biscayne, una pista de carreras de perros ubicada cerca de Miami que cedió en 1997, durante la demolición que realizaba un subcontratista sin licencia, seguro ni registro.

“Todos empezaron a echarse la culpa: los dueños, la ciudad”, dijo Haar, que era empleado de una empresa demoledora que trabajaba en el lugar. “Fue una situación muy difícil”.

El colapso de edificio que mató a dos hombres ha vuelto a los titulares después de que se supo que un inspector municipal que realizó varias inspecciones durante la demolición fue Ross Prieto, jefe principal de edificaciones en Surfside, Florida, que le dijo a los habitantes de la torre Champlain Towers South que su edificio parecía sólido casi tres años antes del mortal colapso de la semana pasada.

En noviembre de 2018, Prieto le aseguró a los propietarios del condominio que su edificio parecía estar “en buenas condiciones”, a pesar de las preocupaciones de un ingeniero consultor, lo cual se ha convertido en uno de los muchos elementos que probablemente revisarán los investigadores en su intento por determinar qué provocó la falla del 24 de junio, que dejó al menos 18 personas muertas y más de 140 desaparecidas.

Ross Prieto (Municipalidad de Surfside)Ross Prieto (Municipalidad de Surfside)

Con pocas pistas sobre la causa del colapso, los expertos esperan que los investigadores consideren una amplia variedad de factores, entre ellos: los retrasos para tomar medidas ante las recomendaciones de reparaciones que hizo el consultor; las fallas de construcción o diseño; los problemas de suelo bajo la superficie, así como la posibilidad de que una fuerza externa —por ejemplo, un vehículo que golpeó un poste en el estacionamiento subterráneo— pudieran haber afectado algún componente estructural fundamental del edificio.

En todo el sur de la Florida, las ciudades inspeccionan los edificios antiguos en la costa —que es famosa por los efectos que tienen las condiciones de la intemperie en los rascacielos— para determinar si alguno enfrenta problemas estructurales de importancia.

La ciudad de Doral —donde Prieto trabaja como ingeniero consultor de edificaciones desde mayo— anunció esta semana que Prieto renunció por razones que no se dieron a conocer, y que estaba revisando los ocho proyectos en los que había trabajado en esa ciudad. Aunque no hay indicios de que haya problemas con su trabajo, dijo un portavoz de la ciudad, la revisión se está realizando por un “exceso de precaución”.

Prieto no ha dado declaraciones desde la caída de las Champlain Towers South y no respondió a repetidos pedidos de comentario ni a una nota que se dejó en la puerta de su casa.

Prieto, de 54 años, cuenta con una maestría en gestión de construcciones y más de 25 años de experiencia como inspector de edificaciones y techos en al menos seis ciudades del sur de Florida, entre ellas Miami, Miami Beach y Hialeah.

En 1997, fue subdirector de construcción y zonificación de Miami Shores, donde se ubicaba la pista de carreras de perros. Antes del colapso, había visitado el sitio cuatro veces, declaró en ese momento, y le dijo a The Miami Herald que su trabajo era asegurarse de que la obra se realizara según el cronograma, “no que los trabajadores emplearan los procedimientos adecuados”.

Un equipo de rescate de bomberos de Metro-Dade sacó a un trabajador de los escombros del Club Biscayne Kennel en 1997 (Associated Press)Un equipo de rescate de bomberos de Metro-Dade sacó a un trabajador de los escombros del Club Biscayne Kennel en 1997 (Associated Press)

“Todo iba de acuerdo al plan”, dijo Prieto en una declaración en The Associated Press. “Por lo que sé, esto es solo un accidente de construcción. Los accidentes pueden suceder”, dijo.

Durante más de siete años, Prieto fue el principal funcionario de edificación en Surfside. En correos electrónicos divulgados por la ciudad se lee que tenía conocimiento de un reporte clave de ingeniería que en 2018 advirtió sobre los daños al hormigón y los refuerzos de acero del edificio en zonas que podían afectar su integridad estructural. Cuando acudió a una junta con el directorio de la asociación del condominio en noviembre, aseguró a los residentes que la torre parecía estar “en buenas condiciones”, según las minutas de la reunión.

Más tarde, cuando los residentes de Champlain Towers South escribieron a las autoridades de la ciudad para expresar su inquietud ante las actividades de voladura y construcción en un lugar cercano que les causaban “preocupación por la estructura de nuestro edificio”, Prieto se negó a enviar a un inspector, según los correos electrónicos divulgados por la ciudad.

“No hay nada que inspeccionar”, respondió en otro correo electrónico.

“El mejor curso de acción es hacer que alguien inspeccione la cerca, la piscina y las áreas adyacentes en busca de daños o contratar a un consultor para monitorear estas zonas, ya que son las más cercanas a la construcción”, escribió Prieto. No se han dado a conocer registros de ingeniería que sugieran un vínculo entre la construcción y los daños en Champlain Towers.

El jueves, funcionarios de Surfside les entregaron cartas a los propietarios indicando que todos los edificios frente al mar que tengan más de 30 años de antigüedad y más de tres pisos de altura deben contratar ingenieros para iniciar las certificaciones que la ley requiere a los 40 años de construcción, lo que adelanta el proceso por 10 años. La ciudad también está solicitando a los propietarios que contraten ingenieros geotécnicos registrados para analizar los cimientos y los suelos subterráneos.

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Prieto fue inspector de construcción durante cinco años en la cercana Miami Beach, donde los funcionarios de la ciudad acordaron pagarle 80.000 dólares anuales, más del 50 por ciento por encima del salario anunciado, debido a que contaba con licencias importantes, incluida una enfocada en techos. Los funcionarios que lo contrataron observaron que una verificación de antecedentes reveló problemas financieros, incluida una declaración de bancarrota en 2002, según muestra su archivo de empleado.

No hay indicios de que estos problemas estén relacionados con su competencia como inspector de edificación, pero sí son temas que suelen suscitar sospechas durante la revisión de antecedentes laborales.

Prieto llegó a ser dueño de su propia empresa de urbanización y participó en varios proyectos de desarrollo de bienes raíces. Los registros judiciales muestran que cuando trabajaba en Miami Beach, en 2012, Prieto se volvió a declarar en bancarrota. Esa vez declaró al tribunal que había acumulado 1,7 millones de dólares en deudas. Indicó que perdió una de sus tres propiedades debido a una ejecución hipotecaria.

A los años de iniciar su cargo en Miami Beach, sus jefes se quejaron de que con frecuencia llegaba tarde, que había faltado más de 20 días laborales en un año, que a menudo no se le podía localizar, según correos electrónicos en su expediente laboral. Los registros muestran que Prieto dijo que no se había reportado como enfermo puntualmente porque tenía dificultades con sus senos paranasales. Sus superiores expresaron inquietud porque a menudo no respondía al teléfono cuando intentaban contactarlo.

En dos ocasiones fue suspendido por reportarse enfermo horas después de iniciado su turno.

Surfside lo contrató en 2013 como su principal funcionario de edificaciones con un sueldo de 110.000 dólares anuales.

“No tenía conocimiento de que hubiera algún problema. Al contrario, había gente que me decía que estaban muy contentos con Prieto”, dijo el alcalde de Surfside, Charles W. Burkett, quien enfatizó que se integró al municipio después de la contratación de Prieto. “Pueden revisar las reuniones de la comisión y, tal como recuerdo, la gente elogiaba su interés y su trato por ser servicial”.

El expediente personal de Prieto en Surfside sugiere que los funcionarios municipales examinaban con detenimiento el departamento de construcción durante el tiempo que trabajó allí.

En 2019, el administrador de la ciudad sometió a todo su departamento a una revisión administrativa. En un memorando, Guillermo Olmedillo, quien por entonces era el administrador de la ciudad, ordenó a Prieto que elaborara un plan de acción con informes semanales de todas las inspecciones que realizara.

En una entrevista, Olmedillo dijo que su meta era modernizar el sistema de permisos para eventualmente tercerizar la fiscalización de edificios al condado. No tenía ninguna queja de la labor de Prieto, comentó.

“Su carro era más viejo que el mío, es lo que puedo decirle”, comentó Olmedillo. “En los departamentos de edificación suele haber muchas quejas. La gente se queja por los retrasos en la revisión de planos, los retrasos en las inspecciones. Es lo típico”.

El expediente de Prieto solo refleja una evaluación de desempeño, en la que Prieto obtuvo buenas calificaciones. Se fue de Surfside en octubre y comenzó a trabajar en C.A.P. Government Inc., una empresa que brinda servicios de inspección de edificios a los municipios. A través de esa empresa, se desempeñó como funcionario de construcción interino de la ciudad de Doral, que le pagaba a C.A.P. 110 dólares la hora por sus servicios.

C.A.P. dijo que cualquier pregunta al respecto debía ser contestada por Prieto.

El colapso en el club de 1997 se le atribuyó a la empresa subcontratista de demolición, que tenía muchos antecedentes de infracciones de seguridad y que fue acusada de utilizar técnicas peligrosas durante la obra. La compañía, que no contaba con licencia, recibió una multa de 90.000 dólares por parte de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional. A la empresa que había tramitado el permiso de la ciudad por el subcontratista, y que no participó en la obra, se le retiró la licencia.

En ese entonces, funcionarios y expertos en construcción dijeron que el caso mostraba la falta de requisitos estrictos para realizar y supervisar obras de demolición.

Haar, que se mudó a Carolina del Norte después del colapso de la pista de carreras de perros, dijo que la catástrofe de Surfside le había hecho reflexionar mucho sobre el accidente de construcción donde él fue una de las víctimas.

“Nunca se hacen demasiadas inspecciones de las edificaciones”, dijo Haar. “Las empresas no suelen inspeccionar sus propios proyectos muy bien”.

Resto del mundo

Cofece multa a Walmart por prácticas monopólicas: la batalla legal apenas comienza

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) asestó un golpe histórico al multar a Walmart de México con 93.4 millones de pesos tras concluir una investigación que se extendió por más de cuatro años. La razón: prácticas monopólicas relativas, particularmente en el trato con sus distribuidores.

Según el dictamen de la Cofece, Walmart aprovechó su posición dominante en el mercado para imponer condiciones desfavorables a los proveedores, afectando la competencia en el sector. Aunque no se han revelado todos los detalles de las “contribuciones” impuestas a los distribuidores, el veredicto destaca cómo estas prácticas distorsionan el acceso al mercado y perjudican a competidores más pequeños.

En respuesta, Walmart no tardó en reaccionar. La empresa anunció que impugnará la decisión y enfatizó su compromiso con el cumplimiento de las leyes mexicanas. En su comunicación oficial, destacó que la sanción carece de fundamento y que está basada en interpretaciones erróneas. Este movimiento era predecible: para una empresa de este tamaño, 93 millones de pesos no solo representan una cifra considerable, sino también una amenaza a su reputación.

Por otro lado, la Cofece también se juega mucho. Este caso es una muestra clara de su intención de reforzar la vigilancia sobre los gigantes corporativos. Sin embargo, una batalla legal prolongada podría poner a prueba su capacidad de defender sus resoluciones en tribunales.

Más allá de la multa, el caso de Walmart pone el reflector sobre una problemática común en el comercio minorista: el desbalance de poder entre grandes cadenas y pequeños distribuidores. Si bien el desenlace de este litigio aún está por definirse, el mensaje es claro: los días de actuar sin consecuencias podrían estar contados. La industria y los consumidores estarán atentos a cada movimiento en esta batalla judicial.

 

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