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México

Chiapas: indígenas tzotziles formaron “El Machete” un grupo de autodefensa

La violencia que azota a Chiapas a manos de grupos del crimen organizado y de caciques incrustados en el poder, ha llevado a indígenas tzotziles a conformar el grupo de autodefensa “El Machete” quienes el pasado miércoles irrumpieron en la cabecera municipal de Pantelhó.

La agencia de noticias Quadratín señaló que mediante un comunicado, el grupo de autodefensa pidió al gobierno federal y estatal que se abstenga de enviar a elementos de la Guardia Nacional (GN) y del Ejército Mexicano para intervenir en este conflicto que el gobierno olvidó “porque ya no es tiempo”.

“El Machete” recordó que hace 20 años el municipio indígena de Pantelhó fue tomado por la fuerza por Austroberto Herrera Abarca, detenido a finales de julio del 2019, y a quien señalaron, le abrió las puertas al crimen organizado además de asesinar a unos 200 tzotziles que se opusieron a sus actividades delictivas.

Sin embargo, tras la detención de Austroberto, sus hijos Rubén y Daily Gutiérrez Herrera tomaron el control, por lo que la violencia, los homicidios y los despojos de tierras no cesó, ante la indiferencia de las autoridades federales y estatales.

(Foto: Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A. C.)(Foto: Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A. C.)

Acusaron a la presidenta municipal actual, Delya Janeth Flores Velasco y al electo, Raquel Trujillo Morales, de ser parte del crimen organizado, por lo que consideraron, continuará la violencia y derramamiento de sangre. Ante esta situación -aclararon- decidieron conformar “El Machete”.

El grupo de autodefensa también acusó a las autoridades de permitir la entrada de Enoc Díaz Pérez, expresidente municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán y detenido por intento de secuestro, de ser integrante de un grupo armado identificado como “Los Diablos”; así como de Arturo Ramos Salazar, a quien acusaron de financiar a grupos armados.

Los campesinos y comuneros tzotziles que forman parte del grupo de autodefensa tomaron el municipio de Pantelhó con la finalidad de expulsar a sicarios y narcotraficantes, por lo que aseguraron que una vez que esté libre de los delincuentes se retirarán, ya que no buscan el poder ni el dinero.

“Tenemos paciencia, pero tiene un límite, vemos que el mal gobierno ha jugado con la vida de nuestro pueblo”, advirtieron.

“Aclaramos al mal gobierno que no envíe su Guardia Nacional, su ejército, su policía, porque ya no es tiempo, si vemos que envía para matarnos y detenernos es porque forma parte del crimen organizado, porque confirma que tenemos un narcogobierno, narco estado”, finaliza el comunicado.

Durante las últimas semanas, la región tzotzil de Pantelhó-Chenalhó ha sido prácticamente abandonada por alrededor de 2,000 personas, que huyen de la violencia generada por el crimen organizado y la omisión del Estado mexicano de atender la situación.

(Foto: Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A. C.)(Foto: Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A. C.)

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A. C. (Frayba), obtuvo documentos que señalan la presencia de un grupo criminal en el municipio de Pantelhó, el cual actuaría en complicidad con el Ayuntamiento para formar parte de las estructuras del poder municipal, actualmente vinculado al Partido de la Revolución Democrática (PRD).

De acuerdo con la organización, también existen testimonios sobre integrantes de esta célula del narco que utilizan vehículos oficiales de la Guardia Nacional para transitar libremente por las calles.

“Sabemos que pobladores de al menos 19 comunidades de los municipios de Pantelhó, Simojovel y Chenalhó se encuentran en un nivel máximo de riesgo. Hombres, mujeres, niñas, niños, adolescentes y adultos mayores viven con miedo y terror debido a la amenaza que han recibido por parte de las personas vinculadas al crimen. La vida de quienes denuncian está en riesgo”, detalló el centro Frayba.

Hasta el momento se han registrado operaciones del Cártel de Sinaloa, mismo que tiene pleno control de la frontera con Guatemala; del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que se extiende a la costa suroccidental; y del Cártel del Golfo, con una pequeña franja de poder que se extiende desde el Pacífico hasta la frontera con Oaxaca y la parte del sur de Veracruz.

México

Senado prohíbe definitivamente las terapias de conversión en México

El pleno Senado de la República aprobó las reformas al Código Penal y a la Ley General de Salud para prohibir y sancionar de forma definitiva y a nivel nacional los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG), también conocidas como terapias de conversión, las cuales han sido consideradas por organismos internacionales como un acto de tortura en contra de la comunidad LGBTQ+, ya que consisten en someter a las víctimas a abusos sexuales, electrochoques y hasta supuestos exorcismos, para que se se identifiquen como personas cisgénero heterosexuales.

Los senadores aprobaron prohibir los ECOSIG en México con 77 votos a favor, cuatro en contra y 15 abstenciones durante una sesión que duró casi 12 horas, a un mes de que fue aprobada en la Cámara de Diputados y a seis años de que se presentó la iniciativa.

“Para prohibir y sancionar las llamadas terapias de conversión, conocidas como ECOSIG, se aprueba reformar, con 77 votos a favor, cuatro en contra y 15 abstenciones, el Código Penal Federal y la Ley General de Salud.

“Los ECOSIG son prácticas que han incentivado la violación de los derechos humanos de la comunidad LGBTTTIQ+.”, escribió en redes sociales el Senado.

Tras la aprobación de las reformas, el Senado envió el documento al Ejecutivo Federal para que se realice el trámite correspondiente y se publiquen en el Diario Oficial de la Federación.

¿Cómo se sancionarán las terapias de conversión en México?

De acuerdo con el Senado, quien realice las denominadas terapias de conversión o ECOSIG podrá ser sancionado con dos a seis años de prisión y una multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que actualmente sería una suma de entre 108 mil y 216 mil pesos.

Las reformas que adicionan un artículo 209 Quintus al Código Penal Federal y un artículo 465 Ter a la Ley General de Salud precisan que dichas sanciones se impondrán a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona.

No obstante, la sanción aumentará al doble cuando las conductas tipificadas se realicen en contra de personas menores de 18 años, adultos mayores o personas con alguna discapacidad.

En el proyecto de decreto se establece que bastará la presentación de una denuncia para iniciar la investigación de los hechos que revistan las características del delito al que este precepto se refiere.

¿Los padres de familia podrán ser sancionados?

 

Sí, pero no de la misma forma. En el caso de que sea el padre, madre o tutor de la víctima la persona que incurra en las conductas sancionadas, se les aplicarán las sanciones de amonestación o apercibimiento a consideración del juez.

De igual forma, cuando la persona autora tuviere para con la víctima una relación laboral, docente, doméstica, médica o cualquier otra que implique una subordinación de la víctima; o se valga de la función pública para cometer el delito, también será castigada con destitución e inhabilitación para desempeñar el cargo hasta por un tiempo igual a la pena impuesta.

¿Cómo se sancionará a profesionales de la salud?

 

Subrayó que las personas profesionales, técnicas, auxiliares de las disciplinas para la salud y relacionadas con las prácticas médicas que realicen, impartan, apliquen, obliguen o financien tratamientos, terapias o cualquier tipo de servicios o prácticas quirúrgicas o de otra índole, con el objeto de obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar, anular o suprimir la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona, serán sancionadas de acuerdo con el Código Penal Federal, y suspendidas en el ejercicio profesional, de uno a tres años.

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