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México

INE multó a Movimiento Ciudadano por aportación ilegal de la familia de Samuel García

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El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó una multa de más de 28 millones de pesos a Movimiento Ciudadano (MC) por la aportación ilegal al partido por parte de la familia a Samuel García Sepúlveda, gobernador electo de Nuevo León.

Ciro Murayama Rendón hizo pública la información a través de su cuenta de Twitter, en donde aseguró que quienes hayan incurrido en prácticas ilegales, serán sancionados.

“El @INEMexico impone una sanción de 28 millones de pesos a Movimiento Ciudadano por haber recibido aportaciones de ente prohibido (empresas) de Nuevo León. El INE no tiene favoritismo alguno ni tampoco animadversión. Se sancionan conductas indebidas, sean de quien sean”, publicó en su red social.

Aunque el proyecto se aprobó, la consejera Electoral Carla Humphrey Jordan advirtió que este no cumplió con la exhaustividad requerida.

“A mi juicio sigue siendo deficiente porque no se hace cargo del destino final de la totalidad de los recursos. Lo cierto es que se dejaron de hacer ciertas diligencias que considero que se pudieron hacer, máxime cuando la sentencia es categórica para llevar a cabo todas las necesarias, es decir, se hizo un llamado del despliegue de esta autoridad para la exhaustividad”, aseveró.

MC es acusado de haber recibido 14 millones 26 mil 500 pesos por medio de una triangulación de recursos. En este esquema participaron la madre del entonces candidato Bertha Alicia Sepúlveda Andrade, y sus hermanos, Roberto Miguel y Catalina García Sepúlveda, así como su esposa, Mariana García.

De acuerdo con una investigación del diario Milenio, el dinero se habría triangulado desde SAGA Tierra y Bienes Inmuebles S.A. de C.V. No obstante, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) la identificó como empresa fachada, de Firma Jurídica y Fiscal Abogados SC y Firma Contable y Fiscal Contadores y Financieros.

La consejera explicó que el INE no hizo requerimientos a las dos Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica de Nuevo León. Por esta razón agregó que se cumplió la orden del TEPJF de ir a fondo en la indagatoria.

A pesar de que se solicitó nuevamente la respuesta de las personas físicas involucradas, estas negaron que el dinero fuera de las empresas y que en realidad eran supuestas donaciones que hizo el padre de García Sepúlveda. Sin embargo, el INE recalcó que esto era un simulación.

TEPJF revocó la multa
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la multa millonaria impuesta por el INE contra García Sepúlveda.

De acuerdo con la resolución del Tribunal Electoral emitida este miércoles 25 de agosto, la máxima autoridad revocó parcialmente, por unanimidad de votos, la resolución del Consejo General del INE que declaró fundado el procedimiento instaurado en contra del MC y su candidato a la gubernatura en NL por incumplir con la obligación de rechazar aportaciones de entes prohibidos.

De acuerdo con los quejosos, el egresado del Tec de Monterrey era presunto responsable de recibir aportaciones de “entes prohibidos”. Para argumentar su caso ante el instituto que dirige Lorenzo Córdova, se basaron en una entrevista en la que Samuel García manifestó que tres familiares suyos realizarían aportaciones a su campaña.

Una vez desahogado el procedimiento, el Consejo General del INE determinó que quedaron acreditadas distintas aportaciones a MC por personas morales realizadas por conducto de los familiares del candidato a la gubernatura por los más de 14 millones.

En consecuencia, y al estar prohibida esta conducta en la normativa electoral, el INE estableció una sanción a MC por un total de 28 millones 53 mil pesos, 200% del valor involucrado.

México

Suprema Corte devuelve camionetas tras críticas por su alto costo

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que no hará uso de las camionetas recientemente adquiridas para sus integrantes y que iniciará el procedimiento para su devolución, luego de la polémica generada por el costo de las unidades y su contraste con los llamados a la austeridad.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el máximo tribunal del país señaló que los nueve ministros que lo integran acordaron renunciar a los vehículos y solicitar que se active el proceso correspondiente para regresarlos. En el mismo pronunciamiento, se indicó que, de no ser posible la devolución, las unidades podrían ponerse a disposición de personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos, siempre conforme a la normatividad aplicable.

La Corte reiteró su compromiso con el uso eficiente y responsable de los recursos públicos y con el trabajo permanente para lograr una justicia real y efectiva. Además, anunció que ofrecerá una conferencia de prensa el lunes a las 8:30 horas, tiempo del centro de México, para ampliar la información relacionada con esta decisión.

El anuncio se da después de la controversia provocada por la compra de camionetas de la marca Jeep destinadas a los nuevos integrantes del máximo tribunal, electos por voto popular en junio de 2025. Cada unidad fue valuada en aproximadamente 1.7 millones de pesos, sin considerar medidas adicionales de protección como el blindaje.

Ante los señalamientos de que la adquisición contradecía el discurso de austeridad del propio Poder Judicial, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó el viernes que la compra de camionetas de seguridad representó un ahorro superior a los 1,000 millones de pesos. Explicó que la decisión se relacionó con el cambio de un esquema de renta a la compra directa de las unidades, lo que permitió reducir el gasto.

Por su parte, la Suprema Corte sostuvo previamente que la decisión se basó en opiniones técnicas de autoridades federales, las cuales determinaron que los vehículos en uso ya no cumplían con estándares adecuados de seguridad. Aseguró que la compra respondió a criterios de prevención y seguridad institucional, y no a consideraciones discrecionales.

El tribunal también indicó que la renovación del parque vehicular se realizó con apego a una normativa interna vigente desde 2019, que establece la sustitución periódica de este tipo de unidades cada cuatro años o antes si las condiciones lo requieren, y que el proceso se llevó a cabo junto con una reducción general del número de vehículos para evitar un gasto adicional.

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