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México

Avalancha de haitianos colapsa Tapachula y sistema de ayuda a refugiados

La ciudad de Tapachula, Chiapas, así como el sistema de atención a solicitantes de refugio en México, están siendo colapsados por una avalancha de migrantes haitianos provenientes, principalmente de Brasil y Chile, a donde inicialmente llegaron en busca de trabajo, pero, al complicarse su plan de migración, decidieron emprender el viaje hacia Estados Unidos, aunque sólo pudieron llegar hasta la frontera sur mexicana, donde son contenidos por el gobierno.

De acuerdo con las leyes migratorias, los ciudadanos haitianos detenidos en Chiapas no reúnen las características para considerarse refugiados; sin embargo, no pueden ser deportados a su país, porque es considerado un Estado fallido, por la severa situación política por la que atraviesa y porque no recibe repatriados.

El problema es que se está generando una bomba de tiempo, ante las tensiones entre los habitantes de la ciudad y los migrantes, quienes se ven obligados a permanecer ahí, pues si la abandonan, caen en la situación legal de abandono del proceso de adjudicación de refugio.

Lo lamentable, es que viven en condiciones de alta marginación e insalubridad, debido a que son personas que no cuentan con recursos económicos, ni trabajo. Decenas lleva varios meses en esas condiciones y, en el mejor de los casos, deben esperar hasta principios del año siguiente para recibir alguna respuesta a su solicitud.

Wilner Metelus, presidente del Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados Afromexicanos (CCDNAM), expuso que la historia de estas oleadas de migrantes haitianos se remonta a 2010, cuando ocurrió el terremoto de 7.0 grados en Haití, en el que más de 316,000 personas murieron, 1.5 millones quedaron sin hogar y más de 350,000 resultaron heridas.

En ese tiempo, miles de haitianos decidieron emigrar a Brasil atraídos por la demanda de mano de obra, principalmente para construir los estadios que luego se utilizaron en el mundial de Futbol de 2014.

Los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva, primero y luego el de Dilma Rousseff, alentaron la llegada de haitianos a su territorio.

La salida hacia Brasil fue un camino natural para los haitianos, después de que, desde 2004, Brasil asumió el control de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah, luego de que el país cayó en caos tras la dimisión del presidente Jean Bertrand Aristide.

Metelus, quien además es un internacionalista originario de Haití naturalizado mexicano, explicó que, al igual que Lula y Rousseff, los gobiernos encabezados por Hugo Chávez, en Venezuela, Evo Morales, en Bolivia y Michelle Bachelet en Chile, abrieron las puertas de sus países como una forma de agradecimiento a los antiguos haitianos que lucharon con Simón Bolívar por la independencia de países del sur del continente.

Algunos cálculos señalan que Brasil habría recibido más de 180,000 migrantes haitianos, Chile más de 100,000; Venezuela, 50,000; Bolivia 25,000 y Ecuador más de 20,000. Paralelamente Estados Unidos había concedido facilidades para que los haitianos ingresaran a su territorio. En 2014 la diáspora haitiana se calculó en dos millones de personas, tanto a Europa y América.

Señales desde Estados Unidos y México motivan desplazamientos
Con la salida de Dilma Rousseff de la presidencia de Brasil, en 2016, concluyeron los apoyos sociales a los migrantes haitianos, lo cual ocasionó la salida de decenas de ellos con la intención de llegar a Estados Unidos antes de las elecciones presidenciales celebradas el 8 de noviembre de ese año, con el fin de ingresar antes de que llegara Donald Trump a la presidencia, lo que ocurrió en enero de 2017.

Es por ello que, en 2016, llegó a la frontera sur de México un primer grupo de haitianos. Eran alrededor de 500, lo cual fue un escándalo en Tapachula, particularmente por motivos racistas: eran negros que, además no hablaban español.

De acuerdo con el activista Metelus, el presidente Enrique Peña Nieto tenía información de que llegarían muchos más haitianos porque el presidente Barack Obama lo alertó.

El gobierno mexicano les otorgó visas por 20 días para que cruzaran el país y así llegaran hasta la frontera con Estados Unidos, cruzaron por Tijuana y terminó la historia.

Esa noticia motivó a miles de haitianos asentados en Sudamérica a ponerse en camino hacia el norte y comenzaron a llegar a la frontera sur mexicana.

Hasta antes de noviembre de 2016, Estados Unidos dejó entrar a más de 300. No obstante, decidió cerrar la puerta.

Con la llegada del presidente Trump a la presidencia estadounidense, el gobierno endureció su política migratoria y ocasionó que los haitianos comenzaran a quedar varados en México.

Muchos de ellos se instalaron en Tijuana, Mexicali y en, en menor medida, en algunos municipios fronterizos de Tamaulipas. Se calcula que en la frontera norte hay alrededor de 7,000 haitianos. La amplia mayoría en Baja California.

En 2018, la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México generó nuevamente expectativas entre los haitianos en el camino debido a sus pronunciamientos en el sentido de que aquí se les trataría bien a los migrantes.

Ello, aunado a que en los primeros cuatro meses de gobierno concedió más de 22,000 visas humanitarias a migrantes varados en la frontera sur, motivó que vinieran más.

Pero la situación dio un vuelco. En junio de 2019, el gobierno mexicano pactó con el gobierno del presidente Trump para contener a los migrantes en México a cambio de que no le impusieran aranceles en sectores económicos específicos.

Eso generó la concentración de haitianos y migrantes de otras nacionalidades en Tapachula. Actualmente se calcula que hay alrededor de 30,000 haitianos varados en aquella ciudad chiapaneca, donde la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) se ha visto rebasada ante la altísima demanda de refugio.

Con la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos, en enero de 2021, pactó con el presidente López Obrador. En esta ocasión, destacó Wilner Metelus, el trato fue vacunas para México a cambio de seguir conteniendo a los migrantes.

El problema es que los haitianos, como los demás migrantes varados en Tapachula han comenzado a desesperarse y decidido salir con la intención de buscar empleo en algún estado del centro o norte del país. Saben que es prácticamente imposible ingresar a Estados Unidos.

Metelus denunció que los haitianos son más discriminados que los demás migrantes por el color de su piel. Dijo que “Tapachula se ha convertido en un infierno” por las precarias condiciones en las que se encuentran, los abusos de que son objeto por parte de las autoridades y de los traficantes de indocumentados, que son los únicos que han salido ganando de esa tragedia. Además, llamó la atención sobre el silencio de la sociedad mexicana ante esa situación.

México

Senado prohíbe definitivamente las terapias de conversión en México

El pleno Senado de la República aprobó las reformas al Código Penal y a la Ley General de Salud para prohibir y sancionar de forma definitiva y a nivel nacional los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG), también conocidas como terapias de conversión, las cuales han sido consideradas por organismos internacionales como un acto de tortura en contra de la comunidad LGBTQ+, ya que consisten en someter a las víctimas a abusos sexuales, electrochoques y hasta supuestos exorcismos, para que se se identifiquen como personas cisgénero heterosexuales.

Los senadores aprobaron prohibir los ECOSIG en México con 77 votos a favor, cuatro en contra y 15 abstenciones durante una sesión que duró casi 12 horas, a un mes de que fue aprobada en la Cámara de Diputados y a seis años de que se presentó la iniciativa.

“Para prohibir y sancionar las llamadas terapias de conversión, conocidas como ECOSIG, se aprueba reformar, con 77 votos a favor, cuatro en contra y 15 abstenciones, el Código Penal Federal y la Ley General de Salud.

“Los ECOSIG son prácticas que han incentivado la violación de los derechos humanos de la comunidad LGBTTTIQ+.”, escribió en redes sociales el Senado.

Tras la aprobación de las reformas, el Senado envió el documento al Ejecutivo Federal para que se realice el trámite correspondiente y se publiquen en el Diario Oficial de la Federación.

¿Cómo se sancionarán las terapias de conversión en México?

De acuerdo con el Senado, quien realice las denominadas terapias de conversión o ECOSIG podrá ser sancionado con dos a seis años de prisión y una multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que actualmente sería una suma de entre 108 mil y 216 mil pesos.

Las reformas que adicionan un artículo 209 Quintus al Código Penal Federal y un artículo 465 Ter a la Ley General de Salud precisan que dichas sanciones se impondrán a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona.

No obstante, la sanción aumentará al doble cuando las conductas tipificadas se realicen en contra de personas menores de 18 años, adultos mayores o personas con alguna discapacidad.

En el proyecto de decreto se establece que bastará la presentación de una denuncia para iniciar la investigación de los hechos que revistan las características del delito al que este precepto se refiere.

¿Los padres de familia podrán ser sancionados?

 

Sí, pero no de la misma forma. En el caso de que sea el padre, madre o tutor de la víctima la persona que incurra en las conductas sancionadas, se les aplicarán las sanciones de amonestación o apercibimiento a consideración del juez.

De igual forma, cuando la persona autora tuviere para con la víctima una relación laboral, docente, doméstica, médica o cualquier otra que implique una subordinación de la víctima; o se valga de la función pública para cometer el delito, también será castigada con destitución e inhabilitación para desempeñar el cargo hasta por un tiempo igual a la pena impuesta.

¿Cómo se sancionará a profesionales de la salud?

 

Subrayó que las personas profesionales, técnicas, auxiliares de las disciplinas para la salud y relacionadas con las prácticas médicas que realicen, impartan, apliquen, obliguen o financien tratamientos, terapias o cualquier tipo de servicios o prácticas quirúrgicas o de otra índole, con el objeto de obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar, anular o suprimir la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona, serán sancionadas de acuerdo con el Código Penal Federal, y suspendidas en el ejercicio profesional, de uno a tres años.

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