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México

Así vigilará el SAT los depósitos en efectivo que recibas en 2022

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La iniciativa de Ley de Ingresos obligará a los bancos a reportar mensualmente los ingresos que perciban los contribuyentes en sus cuentas

 

La iniciativa de Ley de Ingresos de 2022 propone novedades importantes, y una de las más destacadas es que el gobierno federal quiere obligar a los bancos a reportar mensualmente los depósitos en efectivo que reciban sus clientes, siempre y cuando el monto supere 15,000 pesos.

 

En realidad, la Ley del Impuesto sobre la Renta ya exigía a las instituciones financieras compartir esta información. Así lo determina el artículo 55, en su sección V; sin embargo, la Miscelánea Fiscal 2021 concedía dos opciones para cumplir con este deber: brindar los datos de forma mensual, a más tardar el 10 de cada mes; o hacerlo solo una vez al año, antes del 15 de febrero.

 

Ahora, el ejecutivo quiere reformar ese párrafo para que los organismos bancarios estén obligados a presentar el reporte mensualmente ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), eliminando así la posibilidad de hacerlo anualmente.

 

Si se aprueba el proyecto, a partir de 2022, los bancos deberán realizar un informe mensual en el que notifiquen al SAT los nuevos depósitos que recibió el contribuyente en su cuenta por más de 15,000 pesos. Sin embargo, solo facilitarán estos datos cuando el depósito se realice en efectivo, y no se tendrán en cuenta los pagos realizados por medio de cheques o transferencias electrónicas.

 

 

Además, según explicaron los expertos, la modificación que propone esta disposición se refiere únicamente a los nuevos depósitos. Es decir, si el contribuyente contaba con unos ahorros de 200,000 pesos, el fisco no investigará la procedencia de ese dinero.

 

Con esta medida, el SAT busca aumentar la vigilancia sobre los depósitos en efectivo, que cuando superan los 15,000 pesos, deben declararse.

El SAT obligará a los jóvenes de 18 años a sacar su RFC

La iniciativa de Ley de Ingresos 2022 también buscará obligar a los mexicanos a inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) a partir de los 18 años de edad.

 

Con esta medida, que entraría en vigor en 2022, la Secretaría de Hacienda explicó que busca facilitar a los jóvenes la incorporación a la vida laboral y simplificar trámites para los que requieren esta clave, como por ejemplo, la emisión de la cédula profesional. Sin embargo, los expertos fiscales coinciden en que esta propuesta en realidad tiene otro objetivo: combatir la informalidad.

 

Según cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOEN) del INEGI, en 2020, un total de 31.3 millones de personas formaron parte de la economía sumergida. Esto significa que no declararon sus ingresos ante el Servicio de Atención Tributaria (SAT), ni pagaron sus impuestos. Ellos representan un 56.2% de la población ocupada.

 

 

Al obligar a los jóvenes a obtener su RFC a partir de los 18 años, la autoridad tributaria mexicana contará con una base de datos de futuros contribuyentes. Esta información le permitirá rastrear sus actividades y exigirles que cumplan con sus obligaciones fiscales. Y es que los mayores de edad tendrán que aclarar de dónde proceden los depósitos superiores a 15,000 pesos que reciban en sus cuentas bancarias. Además, el SAT podría enviarles notificaciones a través del buzón tributario.

 

Para que la acción pueda aplicarse, la iniciativa planteada en la Miscelánea Fiscal 2022 propone añadir un párrafo al artículo 27 del Código Fiscal de la Federación (CFF). En este texto se señala específicamente que las personas físicas de 18 años o más deben contar con el RFC.

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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