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México

Hasta 60 años de prisión pedirán contra Peña Nieto

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La Fiscalía General de la República tiene previsto acusar al expresidente Enrique Peña Nieto, así como a algunos de sus colaboradores, por delincuencia organizada, dentro del caso que investiga una red de soborno a la constructora brasileña Odebrecht, tras la denuncia presentada por el ex director de PEMEX Emilio Lozoya.

Además de Peña Nieto, la Fiscalía también acusará, entre otra docena de políticos, al que fuera secretario de Hacienda Luis Videgaray; y al panista Ricardo Anaya, quien ya había sido denunciado anteriormente por lavado de dinero y asociación para delinquir por este caso.

Sin embargo, y ante la falta de avances en la investigación, la Fiscalía habría decidido acusar de los delitos más graves a Peña Nieto y su séquito, quienes podrían enfrentarse a penas de hasta 60 años de prisión.

Según los últimos informes de la Fiscalía, Peña Nieto habría tenido un papel capital en esta trama junto a Videgaray, a quien las autoridades ya denunciaron por “traición a la patria” por unos supuestos delitos de soborno por valor de 10,5 millones de dólares a cambio de contratos para Odebrecht.

Ambos “a través del otrora director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, obtuvieron de la empresa brasileña Odebrecht recursos”, con los que se financió, por ejemplo, la campaña de Peña Nieto para las presidenciales de 2012 y los sobornos en el Congreso para que diputados y senadores avalaran una reforma constitucional en materia energética, informa el diario ‘Milenio’.

Entre los señalados también están el todavía gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, los antiguos senadores del PAN Ernesto Cordero Arroyo y Jorge Luis Lavalle, y el exdirector del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores David Penchyna Grub.

México

Diputados aprueban semana de asueto tras choques entre bancadas

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Tras celebrar únicamente dos días de sesiones, los integrantes de la Cámara de Diputados tendrán un periodo de asueto de siete días, luego de que la Junta de Coordinación Política avalara suspender actividades del pleno hasta el próximo 10 de febrero.

Durante las sesiones realizadas, el pleno se concentró en actos de carácter protocolario, como la instalación del Congreso General, el envío a comisiones de diversos informes institucionales y la conmemoración de la Constitución de 1917. También se presentó una ronda de iniciativas que no contempló reformas constitucionales, así como una efeméride con motivo del Día Mundial contra el Cáncer.

El desarrollo de los trabajos legislativos estuvo marcado por confrontaciones entre las distintas bancadas. Entre los temas que generaron mayores tensiones se encontró la tragedia del Tren Interoceánico, así como la solicitud de un minuto de silencio por víctimas en Venezuela. Esta última propuesta fue cuestionada por legisladores que pidieron que el homenaje se destinara a casos nacionales, como el de la Guardería ABC.

A lo largo de la sesión, la Mesa Directiva emitió llamados para frenar los señalamientos y reconducir el debate por las vías institucionales. Sin embargo, las diferencias entre los grupos parlamentarios persistieron y no fue posible alcanzar consensos, por lo que la jornada concluyó en medio de acusaciones cruzadas.

Al momento de clausurar los trabajos, se confirmó que el pleno reanudará actividades legislativas hasta el 10 de febrero. Durante la semana de asueto, únicamente dos comisiones continuarán sesionando, sin que se precisaran mayores detalles sobre los temas a tratar.

De esta manera, aunque el calendario legislativo no contemplaba un puente largo por la conmemoración de la Constitución, los diputados acordaron intercambiarlo por una semana completa sin sesiones ordinarias, lo que pospone la discusión de otros asuntos pendientes en la agenda legislativa.

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