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Política

Declarar seguridad nacional a obras federales posibilita corrupción: Mario Vázquez

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Ante la declaración de interés público y seguridad nacional por parte del Gobierno Federal para la realización de proyectos y obras a su cargo, el diputado coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN), Mario Vázquez Robles destacó que significa una violación a los derechos humanos, retrocede avances en materia de transparencia y posibilita probables actos de corrupción.

Lo anterior, luego del Acuerdo Presidencial que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 22 de noviembre, en el cual instruye a las dependencias y entidades de la administración pública federal a otorgar la autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras de interés público y seguridad nacional a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de diversos sectores.

Añadió que este acuerdo es inconstitucional y fomenta la discrecionalidad en la gestión de obras y proyectos públicos, y genera un régimen de excepción en la regulación de los proyectos de desarrollo en México, implica además un retroceso en la transparencia y la rendición de cuentas al limitar controles y mecanismos de prevención de la corrupción.

Además, Mario Vázquez sostuvo que con ello “el Poder Ejecutivo contraviene también de manera directa el derecho a la tierra y al territorio de los pueblos y el derecho a la propiedad de los núcleos agrarios (…) Es de evidente preocupación que se establezca una excepción tan amplia a requisitos para autorizar la ejecución de proyectos que tienen asignada una gran cantidad de recursos, permitiendo una autorización provisional de proyectos, hasta por 12 meses, lo que limita el despliegue de mecanismos de control y de rendición de cuentas que deben de seguir los proyectos u obras públicas, como los procesos de planeación, licitación y ejecución de los mismos”.

Concluyó que esta decisión en la ejecución de obras y proyectos no sólo tiene impacto en el patrimonio público, sino también en la garantía de derechos y el acceso a servicios por lo que deben de ejecutarse de manera abierta, pública y respetando los procedimientos, reglas y requisitos previstos en los distintos marcos jurídicos, para lograr su utilidad, eficiencia y calidad, que respondan a los problemas públicos, en condiciones de igualdad.

Acontecer

Impulsa diputada Argüelles padrón público de comedores contra el hambre

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1 de cada 10 chihuahuenses viven en carencia alimentaria

Chihuahua. – Con el objetivo de reforzar las estrategias transparentes en el combate contra el hambre, la diputada de Morena, Jael Argüelles Díaz, presentó una proposición con carácter de Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, como titular de la Junta de Gobierno del DIF Estatal, así como a la Dirección General del organismo, a crear un padrón público, actualizado y consultable de los comedores infantiles en Chihuahua.

Durante su exposición, la legisladora subrayó que el combate al hambre es una responsabilidad compartida y un compromiso alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, que establece como prioridad erradicar el hambre y garantizar la seguridad alimentaria.

Señaló que, de acuerdo con datos del INEGI, actualmente más de 370 mil personas en Chihuahua viven en carencia alimentaria, es decir, 1 de cada 10 chihuahuenses, problemática que se agrava en la región serrana, donde el 60 por ciento de niñas y niños presenta algún grado de desnutrición.

La legisladora, reconoció también los avances logrados por el Gobierno de México en materia de combate a la pobreza, impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum, que han permitido que millones de personas mejoren sus condiciones de vida; sin embargo, advirtió que la seguridad alimentaria sigue siendo uno de los principales retos sociales.

Argüelles Díaz recordó que el artículo 4° de la Constitución garantiza el derecho de todas las personas a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, derecho que en Chihuahua también está respaldado por la Ley de Desarrollo Social y Humano y la Ley de Asistencia Social, donde se establece como población prioritaria a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas indígenas y personas adultas mayores en situación de pobreza alimentaria.

Destacó que los comedores infantiles son una de las principales políticas públicas para combatir la desnutrición en la infancia, por lo que contar con un padrón público permitirá a la ciudadanía conocer su ubicación, funcionamiento, cobertura y servicios, además de fortalecer la supervisión, la coordinación institucional y la rendición de cuentas.

“La transparencia también es una herramienta para salvar vidas. Hacer visible dónde están los comedores infantiles es garantizar que más niñas y niños accedan a su derecho a la alimentación”, concluyó la congresista.

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