Opinión

La guerra buena es la que no existe. Por Itali Heide

Itali Heide

La guerra ha sido inevitable desde el principio de los tiempos. Sin razón y sin sentido, pero inevitable. Ha habido miles de guerras en la historia, derivadas de cualquier cosa, desde conflictos de religión hasta la lucha por territorios. La guerra trasciende las barreras del idioma, la religión, la cultura y la lógica. Tan pronto como las sociedades establecidas aparecieron en el paisaje humano, también lo hicieron las guerras.

Cuando los desacuerdos y las disputas humanas pasan del ámbito personal al sociopolítico, son principalmente los inocentes los que sufren sus consecuencias. La muerte siempre está sobre la mesa, ya sea a manos de soldados en un combate de mano a mano, la erradicación de la identidad cultural y religiosa o en la destrucción nuclear y biológica.

Mientras el mundo observa con horror el desarrollo de la violencia entre Ucrania y Rusia, el miedo corre por las venas de los que están cerca y la solidaridad en los corazones de los que no pueden hacer otra cosa que mirar desde lejos. La guerra provoca muchas emociones, y lo único bueno que puede salir de ella, es un sentido de empatía que parece haberse perdido en el mundo moderno.

Sentimos empatía por los inocentes e ignorantes, porque son los que la merecen. Sentimos dolor por las familias que ven a un ser querido ir a la guerra. Sentimos pena por aquellos cuya ignorancia les ha permitido ser manipulados por su gobierno para creer que la guerra es un mal necesario. Sentimos inmensa tristeza por los hogares destrozados, los cuerpos perdidos en combate, las familias rotas, las infancias desaparecidas y las lágrimas derramadas. Bien lo dijo Sun Tzu en El arte de la guerra: “La ira puede convertirse en alegría, y la cólera puede convertirse en placer. Pero una nación jamás puede ser reconstruida, y una vida no puede volver a nacer.”

Las pandemias pueden asolar el mundo, las enfermedades pueden acabar con la vida de muchos, la desigualdad hunde sus raíces en lo más profundo del sistema social, la violencia se abre paso en todos los rincones del mundo, la pobreza lleva el sufrimiento a todas partes, pero nada parece tan desesperante como la guerra sin sentido. Es en la guerra donde nos damos cuenta de lo imperfectos que son los humanos, y de lo peligroso que es que los más imperfectos se adueñen un poder inimaginable.

Algunos dicen que la guerra ha hecho progresar a la humanidad. Es cierto que la guerra ha convertido al mundo en lo que es hoy, pero ¿cómo podemos llamar progreso a la masacre de vidas, ideologías, culturas, hogares y religiones? Seguro que Estados Unidos seguiría siendo Inglaterra, Italia seguiría siendo Austria, Polonia seguiría siendo Rusia, pero ¿era realmente necesario sacrificar millones de vidas en nombre del «progreso»?

Aunque en México no tememos que una bomba llegue de repente a destruir nuestra casa, nuestra escuela, nuestro supermercado, nuestro OXXO de la esquina, nuestra calle, nuestros taquitos favoritos, nuestro jardincito o nuestras vidas, en este país también estamos viviendo una guerra. Una guerra de poder, de violencia y de política que ha asolado a la nación durante décadas, a pesar de que AMLO diga que se ha acabado. Se estima que hay 350 mil muertos asociados a la guerra contra el narcotráfico desde 2006, sin contar los muchos más miles de desaparecidos.

Mientras nos preocupamos por las guerras que ocurren en el otro lado del mundo, a menudo nos olvidamos de las que ocurren en nuestras propias ciudades y pueblos. Pueden ser más discretas y ocultas, pero no por ello menos peligrosas y destructivas. Tal vez no todos vivamos con el mismo miedo que el inocente pueblo ucraniano, pero quizá sea porque hemos normalizado la devastación de la guerra del narcotráfico a la identidad mexicana.

No es justo comparar las guerras, ya que cada una es tan devastadora como la otra. La única mejor guerra es la que no existe. Mientras nos conectamos como red humana global para apoyar y mantener en nuestros pensamientos las vidas de los que sufren en Europa oriental, que sirva de recordatorio de que nosotros tampoco estamos exentos de la guerra.

Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.