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México

Solo tres de cada 10 pymes que se abren en México son encabezadas por mujeres.

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ONU mujeres es el organismo de las Naciones Unidas que se encarga de promover a nivel mundial los derechos de la mujer con acciones concretas. En sus proyectos defiende la igualdad de género y el empoderamiento femenino, alentando el progreso, la independencia y el trabajo. Dentro de sus obras los objetivos planteados son de Desarrollo Sostenible, considerando las realidades que viven millones de mujeres a nivel mundial. Durante el 2021 el lema propuesto fue “Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo de la Covid-19”. En el marco de este lema y del día internacional de la mujer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó valores estadísticos que analizan la realidad de las mujeres en México, en torno a algunos indicadores. 

Teniendo en cuenta que según el último Censo de Población y Vivienda realizado en el año 2020 la población femenina era de un total de 64.540.634, representando el 51,2% de la población total, es sorprendente remarcar que solo 3 de cada 10 mujeres son líderes de Pymes. Este entre otros tantos datos del informe de estadísticas a propósito del día internacional de la mujer, reflejan claramente la desigualdad de género con la que se lidia diariamente en los estados mexicanos. 

La disparidad dentro del mercado laboral, entre hombres y mujeres es una lucha constante para este colectivo. Aunque algunas empresas o sectores del estado hayan tomado medidas para combatir esta desigualdad, las problemáticas a resolver como las diferencias de salario, la cantidad de horas de trabajo, los puestos y posibilidades de ascenso y la permanencia laboral, siguen existiendo. Según cálculos de la Secretaria de Trabajo las mujeres realizan 4 horas diarias de trabajo no remunerado, en torno a las tareas domésticas del hogar, que si se remuneran correctamente llegarían a valer 4.4 billones de pesos al año a nivel país. 

Con menos horas al día disponibles para el trabajo, las mujeres deben enfrentar las condiciones desfavorables, a pesar de ser igualmente capaces que el sexo opuesto y contando con estudios universitarios y terciarios con amblia validez, segun lo que demuestran las estadisticas. Los prejuicios consecuentes de las construcciones sociohistóricas que pusieron siempre a la mujer por debajo del hombre, afectan hasta el día de la fecha las posiciones que la población femenina puede ocupar,  incluso dentro de directorios empresariales, donde solo un 39% es mujer. Las preocupantes cifras se extienden a los puestos de funcionarios públicos, donde menos del 50% del Senado o Cámara de Diputados es mujer. 

Pese a esto la población femenina continúa luchando diariamente y buscando salidas convenientes para un crecimiento económico. Aquellas que deciden continuar desarrollando sus emprendimientos y Pymes suelen tener opciones de préstamos accesibles, que les permiten iniciarse dentro del mercado laboral. Visto en números las mujeres son dueñas solo de un tercio de las pequeñas y medianas empresas y comercios, y en su mayoría deciden contratar a otras mujeres para que trabajen con ellas como personal. La necesidad e interés de las mujeres por ser parte de la economía activa nacional es creciente, y no solo es un deseo, sino un derecho que debe ser alentado y otorgado por el estado, para un próspero crecimiento económico.

 

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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