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México

Acusaciones de corrupción atentan contra la independencia judicial

Ciudad de México.— Tras los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) respondió que las acusaciones de corrupción generalizada en los juzgadores atenta contra la independencia judicial.

Las y los juzgadores del Poder Judicial de la Federación tenemos el único compromiso de salvaguardar la constitución y los derechos humanos de todas y todos los mexicanos. El Estado de derecho, sobre todas las cosas, es el camino que garantiza la viabilidad de una democracia en la que la ciudadanía puede ejercer sus libertades”, dijo el magistrado Froylán Muñoz Alvarado, director nacional de la JUFED, en un comunicado.

“La división de poderes es una demanda de equilibrio plasmada por los mexicanos en nuestra carta magna, por ello consideramos que hacer inferencias respecto de una corrupción generalizada entre las y los juzgadores es un acto que atenta contra la independencia judicial”.

En la conferencia matutina, López Obrador se lanzó ayer por segundo día consecutivo contra los juzgadores, afirmando que no resisten “cañonazos” de dinero y desprecian al pueblo, motivo por el que el Poder Judicial debe ser moralizado para erradicar la corrupción.

«Si el Poder Judicial estuviese moralizado, entonces no tendríamos nada de qué preocuparnos, pero sigue siendo el Poder Judicial de tiempos atrás, caracterizado por la corrupción, con honrosas excepciones para no generalizar”, expresó López Obrador.

Conformada por más de mil 300 jueces de distrito y magistrados de circuito en todo el país, la JUFED –dijo su director– tiene su propio Código Ético de Conducta y sus integrantes están sujetos a los controles disciplinarios del Consejo de la Judicatura Federal.

“Las personas juzgadoras nos debemos a la sociedad. Nuestros honorables encargos los obtenemos por concurso de oposición. Nos caracteriza la honestidad, imparcialidad y objetividad en nuestra función, sin hacer caso a intereses oscuros o de grupo alguno”, señaló el magistrado Froylán Muñoz.

“El Poder Judicial de la Federación cuenta con diversas instancias de revisión, para impugnar cualquier decisión jurisdiccional por las partes interesadas; sin omitir señalar que nuestras resoluciones son públicas, lo que garantiza transparencia y rendición de cuentas a la sociedad”, expresó.

Por ahora, ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni el Consejo de la Judicatura Federal han respondido a las manifestaciones del presidente.

Fuente: El diario

México

“La justicia debe aplicarse parejo”: Sheinbaum aclara por qué Julio César Chávez Jr. no fue detenido en México

Ciudad de México.— En medio de la polémica que rodea al arresto de Julio César Chávez Jr. en Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a los cuestionamientos sobre por qué el boxeador no fue detenido previamente en territorio mexicano, pese a contar con una orden de aprehensión y un historial legal complicado.

Sheinbaum fue directa: “Nadie debe estar por encima de la ley, sin importar su fama o trayectoria. La justicia debe aplicarse parejo.” La mandataria confirmó que Chávez Jr. contaba con una orden de captura en México desde 2023, derivada de una investigación iniciada en 2019 por delitos relacionados con delincuencia organizada y tráfico de armas. Sin embargo, explicó que el deportista pasó la mayor parte del tiempo en Estados Unidos, lo que dificultó su localización por parte de las autoridades mexicanas.

El boxeador fue detenido esta semana en Los Ángeles por posesión ilegal de armas de fuego, drogas y vínculos con el crimen organizado, según confirmó el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. En su domicilio se encontraron armas presuntamente adquiridas de manera irregular, por lo que podría enfrentar cargos federales en ese país. Medios estadounidenses también han reportado que Chávez Jr. está vinculado a una investigación que involucra a integrantes de “Los Chapitos”, brazo operativo del Cártel de Sinaloa.

Sheinbaum señaló que su gobierno está en coordinación con autoridades estadounidenses para colaborar en el caso y buscar, en su momento, que el boxeador sea deportado a México para enfrentar los procesos judiciales pendientes. “Ya no hay impunidad ni trato especial para nadie. Las investigaciones deben seguir su curso sin importar el apellido”, afirmó.

La mandataria también aprovechó para marcar una línea firme en el inicio de su sexenio: “México no va a encubrir a nadie. Si hay requerimientos internacionales o pruebas suficientes, vamos a actuar conforme a derecho.”

Con esta postura, Sheinbaum intenta desligar cualquier sospecha de encubrimiento en un caso que involucra a uno de los apellidos más icónicos del deporte mexicano, pero que hoy se ve envuelto en un escándalo judicial de dimensiones internacionales.

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