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Chihuahua

Trabajara FGE con Congreso para reforma sobre el desplazamiento forzado

El fiscal general del Estado (FGE), Roberto Javier Fierro Duarte, dio a conocer que la problemática sobre el desplazamiento forzado no está tipificado como delito en el Código Penal por lo que se trabaja junto al Congreso del Estado, para implementar una reforma y establecerlo.

Esto luego del encuentro con la Relatora Especial sobre los derechos humanos de los Desplazados Internos de las Naciones Unidas (ONU), Cecilia Jimenez-Damary, como parte de su gira nacional para analizar el contexto de la problemática en cada estado.

Sobre esta visita, Fierro Duarte dijo, que durante la reunión se dieron a conocer las causas y lo que se está haciendo desde el Gobierno del Estado, agregando que le interesó mucho que este tema ya se parte de las políticas públicas y que se tiene dentro de Plan de Desarrollo.

El funcionario expuso que la violencia y la inseguridad son consideradas como las principales causas del desplazamiento forzado en Chihuahua.

Detalló que las acciones que implementa la Fiscalía van dirigidas tanto a las víctimas que interponen su denuncia formal, como aquellas que forman parte de la cifra negra, brindando un servicio integral que va desde la atención psicológica, educación, vivienda, alimentación, entre otros.

Fuente Todo Es Política

Chihuahua

Sube a 381 el número de cuerpos hallados en crematorio irregular de Ciudad Juárez

La cifra de cuerpos encontrados en un crematorio presuntamente irregular en Ciudad Juárez ha aumentado de manera alarmante. Luego de que previamente se reportara el hallazgo de aproximadamente 60 cadáveres, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua confirmó este sábado que el número asciende ya a 381, todos localizados al interior del establecimiento ubicado en la colonia Granjas Polo Gamboa.

La actualización fue proporcionada por Eloy García, coordinador de Comunicación Social de la fiscalía estatal, quien indicó que los cuerpos fueron localizados embalsamados y almacenados sin haber sido cremados, lo que representa una clara violación a las normas sanitarias vigentes.

«Se hizo el conteo general, preliminarmente tenemos 381 cuerpos que estaban depositados de manera irregular en el crematorio, que no fueron cremados», declaró García a la agencia AFP.

El sitio, que ya había sido intervenido por la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) el pasado viernes, fue clausurado por incumplir los protocolos en el manejo y disposición de restos humanos. Las primeras investigaciones señalan que el crematorio brindaba servicios por subcontratación a tres funerarias de Ciudad Juárez, cuyos nombres aún no han sido revelados.

El caso ha conmocionado a la comunidad fronteriza y ha levantado serias dudas sobre la vigilancia sanitaria y legal de este tipo de establecimientos. Cabe recordar que este mismo crematorio ya había sido sancionado en 2020 por una situación similar, cuando, en el contexto de la pandemia de COVID-19, acumuló cuerpos debido a la saturación de los servicios funerarios.

Las autoridades confirmaron también la detención de una persona identificada como José «A», presunto responsable del inmueble. Se presume que varios de los cuerpos hallados habrían permanecido en el sitio desde el año 2023, algunos aún con ropa, lo que podría complicar su identificación y el proceso legal correspondiente.

El operativo en el lugar continúa en coordinación con la Agencia Estatal de Investigación, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, quienes trabajan en la identificación de los cuerpos y en el acompañamiento a los familiares.

La Fiscalía señaló que las investigaciones seguirán su curso para determinar el grado de responsabilidad tanto del detenido como de las funerarias implicadas, y no descartó que se presenten más órdenes de aprehensión en los próximos días.

El incremento en la cifra de cadáveres hallados refuerza la urgencia de revisar los protocolos de operación de servicios funerarios y la supervisión sanitaria, ya que este caso revela fallas sistémicas en la regulación de un sector que debería operar bajo estrictos estándares éticos y legales.

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