A través de cambios a leyes secundarias, el presidente Andrés Manuel López Obrador propone dar el control operativo, financiero y administrativo de la Guardia Nacional a la Defensa Nacional.
Requisitos de ingreso Se propone modificar los requisitos para ingresar a la Guardia Nacional, particularmente se plantea sustituir que para formar parte de esa institución no será necesaria la separación de una institución armada, sino bastará con no desempeñar cargo o comisión dentro de las instituciones de la Fuerza Armada permanente, ni de las policiales.
Igualdad de jerarquías Se buscará adicionar el artículo 32 Bis a la Ley de la Guardia Nacional para establecer la equivalencia jerárquica entre el personal de la Guardia Nacional con el de la Fuerza Armada permanente para que en colaboración en materia de seguridad pública, se facilite un adecuado entendimiento y la toma de decisiones.
Personal militar Se propone reconocer como personal en activo del Ejército y Fuerza Aérea a quienes fueron asignados a la Guardia Nacional, a fin de que se mantenga sujeto al fuero militar para efectos disciplinarios y de que conserve su antigüedad y prestaciones sociales. De los 113,833 elementos de la Guardia Nacional desplegados en el país, 73,805 (65%) provienen de la Sedena, 16,792 (15%) y 23,236 (20%) de la extinta Policía Federal.
El 65% de los integrantes de la Guardia Nacional provienen de la Secretaría de la Defensa Nacional.(Foto: Omar Martínez/Cuartoscuro.)
Transferencia de recursos La Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina transferirán parte de su presupuesto a la Guardia Nacional, indica no de los transitorios de la iniciativa.
“La Secretaría de Marina transferirá a la Secretaria de la Defensa Nacional los recursos financieros y presupuestarios que correspondan en el presente ejercicio fiscal para cubrir las erogaciones por concepto de servicios personales respecto del personal naval que se transfiera a la Guardia Nacional”, se lee.
En cuanto a la SSP establece que “transferirá a la Secretaría de la Defensa Nacional, dentro de un plazo de sesenta días naturales, los recursos presupuestarlos y financieros que correspondan para cubrir las erogaciones por concepto de servicios personales y gastos de operación de la Guardia Nacional, así como los recursos materiales destinados a su operación, con excepción de aquéllos requeridos para el personal que seguirá bajo la adscripción de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Asimismo, destinará dichos recursos a la Secretaría de la Defensa Nacional conforme vayan quedando vacantes las plazas”.
Modificaciones a la SSP
La iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador también propone cambios a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana que hoy está a cargo de Rosa Icela Rodríguez, como darle la facultad de otorgar indultos.
“Reciba las solicitudes de indulto y amnistía formuladas en el ámbito de competencia del Ejecutivo Federal, así como para promover el recurso de reconocimiento de inocencia o anulación de sentencia, en los casos en que resulte procedente”, establece la iniciativa.
Se propone modificar el artículo 30 Bis, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para facultar a la SSPC como instancia coordinadora del gabinete de seguridad del Gobierno Federal.
También se busca fortalecer la facultad de la Secretaría para brindar servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones públicas.
Chávez Jr., bajo la lupa de la FGR: aparece en investigación junto a Ovidio Guzmán y “El Nini”
Ciudad de México.— Julio César Chávez Jr. no sólo enfrenta una posible deportación desde Estados Unidos. En México, su nombre figura en una investigación federal de alto perfil que involucra a líderes del Cártel de Sinaloa, entre ellos Néstor Isidro Pérez Salas “El Nini”, Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López, todos señalados por delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas.
De acuerdo con el periodista Luis Chaparro, el boxeador está vinculado a la misma carpeta de investigación que encabeza la Fiscalía General de la República (FGR) contra la facción de “Los Chapitos”, hijos del exlíder del cártel Joaquín “El Chapo” Guzmán. Documentos del gobierno federal, incluidos los que sustentan la orden de aprehensión emitida en marzo de 2023, revelarían la presunta relación directa de Chávez Jr. con esta red criminal.
El miércoles, autoridades migratorias de EE.UU. detuvieron al pugilista en Studio City, California, por estar en el país de forma irregular. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) indicó que su solicitud de residencia permanente se basó en su matrimonio con una ciudadana estadounidense vinculada al Cártel de Sinaloa, por una relación previa con un hijo —ya fallecido— de “El Chapo” Guzmán.
Mientras tanto, la FGR confirmó que existe una orden de captura contra Chávez Jr. por delitos relacionados con el crimen organizado, en una indagatoria que habría comenzado en 2019 y que finalmente derivó en la emisión de la orden judicial en 2023.
En paralelo, fuentes ministeriales aseguran que la investigación en México incluye testimonios y pruebas que ubican al excampeón de boxeo en reuniones con miembros del cártel, además de supuestas agresiones físicas a integrantes de la organización. Aunque estos señalamientos aún no han sido judicializados en detalle, confirman la gravedad del caso que ahora lo vincula con algunos de los criminales más buscados del país.
Chávez Jr. permanece bajo custodia de ICE mientras se define su situación migratoria y se espera que en los próximos días se inicie formalmente el proceso de deportación hacia México.