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México

«Ante el aumento en el costo financiero hay estabilidad económica»

A pesar del enorme gasto del gobierno en los subsidios a la gasolina y del aumento en el costo financiero durante los primeros ocho meses del año, a los analistas económicos les sorprende que las finanzas públicas no se hayan descarrilado.

La Secretaría de Hacienda informó en su reporte de las Finanzas Públicas y la Deuda Pública que entre enero y agosto el balance público registró un déficit de 285 mil 70 millones de pesos, cifra que se compara favorablemente con el déficit previsto en el programa de 514 mil 946 millones de pesos.

En tanto, el balance primario alcanzó un superávit de 244 mil 272.9 millones de pesos, que contrasta con el déficit programado de 18 mil 453.8 mil millones de pesos.

James Salazar, subdirector de análisis económico de CI Banco, destacó que el déficit público mantiene la mejoría que ha estado observando en los meses previos. “Las finanzas públicas no muestran algún deterioro o algún foco de alerta, se mantienen con la misma inercia de los primeros meses del año, que en términos generales han sido relativamente favorables”, abundó.

Consideró que para el cierre de año las cifras se enfilan a terminar con un balance primario superavitario, lo cual es una buena noticia, y con un déficit público en niveles que no significan un riesgo o alguna observación de las calificadoras.

Janneth Quiroz, subdirectora de análisis económico de Grupo Financiero Monex, destacó que las finanzas públicas han mantenido su estabilidad, debido a que el mayor gasto por subsidios a los energéticos se ha financiado con los mayores ingresos por petróleo.

El reporte de las finanzas públicas revela que los ingresos presupuestarios sumaron 4 billones 380.8 mil millones de pesos entre enero y agosto, y resultaron mayores a lo programado, en 247.5 mil millones de pesos. Por su parte, el gasto sumó 4 billones 652.2 mil millones, y superó el estimado en el programa, por 3 mil 646.8 millones de pesos.

Esto resultó en un balance presupuestario de 271 mil 656.9 millones de pesos, que contrastó significativamente con el déficit esperado de 515 mil 246 millones de pesos.

México

Avanza nueva Ley de Telecomunicaciones en el Senado: oposición advierte riesgo de censura y espionaje

El Senado de la República aprobó en lo general y lo particular la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, impulsada por Morena y sus aliados, en una sesión extraordinaria que terminó con 77 votos a favor y 30 en contra, principalmente del PRI y del PAN, quienes alertaron sobre riesgos de censura, vigilancia masiva y concentración de poder por parte del Estado.

Durante el debate, se presentaron 20 reservas, de las cuales sólo se aceptaron cuatro: dos del morenista Javier Corral y dos del senador Ricardo Sheffield. Estas últimas incorporan facultades para que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones —nuevo órgano autónomo creado por esta ley— vigile los costos de los equipos de telefonía móvil y evite incrementos injustificados.

El dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis y posible aprobación. Entre los puntos más polémicos se encuentra la facultad de suspender transmisiones de radio y televisión bajo criterios aún considerados ambiguos por la oposición, y la posibilidad de crear un registro de líneas de telefonía móvil, que algunos senadores calificaron como una amenaza a la privacidad.

El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, sostuvo que aunque Morena eliminó del dictamen el artículo 109 —que planteaba el bloqueo de plataformas digitales—, esto se debió a la presión ciudadana, no a una convicción democrática. «Pusieron a temblar al gobierno. Los dobló la presión ciudadana», dijo desde tribuna. Aun así, insistió en que persisten mecanismos de control estatal que buscan acallar voces críticas.

En ese mismo sentido, el dirigente nacional del PRI y senador, Alejandro Moreno Cárdenas, advirtió que esta reforma representa “una guía de bolsillo para fortalecer un régimen antidemocrático, dictatorial”, al permitir al Estado vigilar a los ciudadanos, controlar los medios de comunicación y restringir la libertad de expresión. «Ustedes están destruyendo la República», acusó.

En defensa del dictamen, el senador Manuel Huerta (Morena) respondió que la ley “no espía, no persigue, no censura”, sino que garantiza que las telecomunicaciones estén al servicio del pueblo y no de intereses económicos particulares. Por su parte, Jorge Carlos Ramírez Marín (PVEM) argumentó que el registro de líneas ya está contemplado en el artículo 190 de la ley vigente, y desestimó las acusaciones de que se trata de un «Big Brother».

Uno de los cambios relevantes del dictamen fue la eliminación de la censura previa de contenidos de medios internacionales a través de la Secretaría de Gobernación, medida que habría violado el capítulo 18.18 del T-MEC. Además, se sustituyó la polémica Agencia de Transformación Digital por una Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, con independencia técnica y operativa, aunque con integrantes propuestos por la Presidencia y ratificados por el Senado, lo que motivó críticas por un posible conflicto constitucional.

La senadora Claudia Anaya (PRI) advirtió que estos nombramientos serían ilegales, ya que el artículo 76 de la Constitución no faculta al Senado para ratificar integrantes de órganos reguladores como el que se plantea.

En paralelo, se determinó que la autoridad en materia de competencia económica quedará sectorizada en la Secretaría de Economía, que en conjunto con tribunales especializados decidirá sobre casos de poder sustancial o preponderancia en el sector.

Mientras tanto, la Agencia de Transformación Digital, ahora con funciones reducidas, será responsable de la política estatal de cobertura social, acceso satelital y aprovechamiento del espectro, sin excluir su participación como proveedor comercial.

La discusión en la Cámara de Diputados será clave para definir el rumbo de esta polémica reforma que, pese a los ajustes realizados, sigue dividiendo a los actores políticos y a la opinión pública.

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