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La ONU alerta que avances se ven opacados por el terrorismo.

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«Está prevista la realización de un referéndum constitucional en marzo de 2023 tras la presentación el pasado 11 de octubre del proyecto de Constitución al presidente de la Transición. Esto enfatiza la buena gobernanza y la lucha contra la corrupción», ha indicado en un informe ante los Estados miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

En este sentido, ha subrayado que gracias a este pacto entre la CEDEAO y Malí se prevé el establecimiento de un Parlamento bicameral y el reconocimiento de métodos alternativos de resolución de conflictos con el objetivo de implementar el acuerdo de paz de 2015.

La CEDEAO impuso sanciones el pasado mes de noviembre tras constatar la falta de avances en los preparativos de las elecciones, unas medidas que incluyeron el cierre de fronteras, la congelación de activos malienses y la suspensión de intercambios comerciales y financieros. Estas medidas se levantan gracias al pacto, aunque se mantendrán las sanciones individuales contra los dirigentes de la junta.

«Su aprobación por el Consejo de Ministros se espera para finales de noviembre. Además, desde la aprobación de la Ley Electoral en junio, se han tomado medidas para establecer el organismo único de gestión electoral», ha enumerado.

El representante de Naciones Unidas para Malí también ha destacado el acuerdo entre el Gobierno y la coalición rebelde tuareg Coordinación de Movimientos del Azawad (CMA) para la integración por tramos de 26.000 excombatientes en el Ejército Nacional.

«Pero estos acontecimientos tienen lugar en el contexto de una situación de seguridad, humanitaria y de Derechos Humanos muy difícil, especialmente en el centro y en la zona de la triple frontera entre Malí, Burkina Faso y Níger», ha precisado.

Así, ha recalcado que las actividades de Estado Islámico en el Gran Sáhara (EIGS) y del Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (GSIM) –una coalición de grupos armados afiliados a Al-Qaeda–, han aumentado «considerablemente» en localidades como Ménaka y Gao.

Además, a esta situación hay que añadir el aumento de los desplazados internos en el país. El balance ha pasado de 350.000 personas a más de 422.000 en el centro y norte del país, mientras que más de 175.000 refugiados malienses se encuentran en los países vecinos.

«Esa cifra podría aumentar a 2,3 millones para noviembre de 2022. Más de 1,2 millones de niños menores de 5 años están afectados por desnutrición aguda. El pasado mes de mayo, más de 1.950 escuelas en Malí fueron cerradas por la inseguridad, afectando a más de 587.000 niños, principalmente en la región central de Mopti», ha relatado.

Finalmente, ha precisado que «es imperativo» que se haga «todo lo posible» para garantizar que «las operaciones militares dirigidas por el Gobierno se lleven a cabo de conformidad con los Derechos Humanos», al tiempo que ha dicho que es fundamental que los autores de violaciones y abusos «rindan cuentas».

Dinero

EE.UU. impone arancel de 10% a México por política sobre trabajo forzoso

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Estados Unidos anunció una nueva ronda de aranceles para 60 economías, entre ellas México, al que aplicará un gravamen de 10 por ciento por considerar que no prohíbe o no hace cumplir de manera efectiva la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso.

La medida fue dada a conocer por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que explicó que la decisión deriva de una investigación realizada bajo la Sección 301, iniciada el 12 de marzo de 2026 por instrucción del presidente Donald Trump. El proceso incluyó dos rondas de audiencias públicas, consultas con más de 45 gobiernos y el análisis de más de 2 mil 100 comentarios.

México forma parte del grupo de países sujetos a un arancel de 10 por ciento, junto con Argentina, Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Malasia, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y el Reino Unido.

De acuerdo con la USTR, esta categoría corresponde a economías que ya cuentan con una prohibición para importar productos elaborados con trabajo forzoso, que asumieron el compromiso de establecerla mediante un Acuerdo sobre Comercio Recíproco o que aplican mecanismos parciales para impedir la entrada de este tipo de mercancías.

La resolución también establece un esquema de tres niveles de sanciones. Para el resto de las economías investigadas se fijó un arancel de 12.5 por ciento, mientras que determinados productos procedentes de la Unión Europea, Taiwán, Japón, Corea del Sur y Suiza enfrentarán tasas de 10 o 12.5 por ciento, descontando la tarifa de Nación Más Favorecida cuando corresponda.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, señaló que la decisión responde a la conclusión emitida el pasado 2 de junio, en la que la USTR determinó que las políticas de las 60 economías investigadas obstaculizan o restringen el comercio estadounidense. Agregó que la administración de Donald Trump considera necesario reforzar las medidas contra el trabajo forzoso en las cadenas globales de suministro.

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que la resolución no modifica el arancel efectivo que actualmente paga México, ya que más del 80 por ciento de las exportaciones nacionales permanece exento al cumplir con las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El funcionario explicó que el gravamen de 10 por ciento para las exportaciones que no cumplen con el T-MEC se mantiene, aunque ahora cambia su fundamento legal al pasar de la Sección 122 a la Sección 301. Añadió que el Gobierno de México continúa las conversaciones con el representante comercial estadounidense para acercar posiciones en materia comercial.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este jueves sostuvo una reunión con Jamieson Greer en Palacio Nacional, donde ambas partes avanzaron en la revisión del T-MEC y en otros acuerdos bilaterales.

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