Casas, autos medianos y relojes adquiridos en su mayor parte al contado, además de ingresos extra de cientos de miles de pesos sumados a sus salarios mensuales debido a una gama de actividades por fuera de la responsabilidad pública, integran las fortunas de los titulares de los nueve órganos autónomos del Gobierno federal establecidos en la Constitución.
Así está descrito en las propias declaraciones patrimoniales de las mujeres y hombres que están a cargo de las instituciones formadas durante las dos décadas pasadas para equilibrar a los tres poderes y que el presidente Andrés Manuel López Obrador tenía la intención de desaparecer en aras de su política de austeridad. Eso ya no ocurrirá. En su conferencia de la mañana del pasado 15 de febrero, el Ejecutivo admitió que durante su sexenio ya no hay tiempo para ello, pero sostuvo que buscará la reducción del presupuesto para algunos.
Pagados sus salarios con egresos aprobados por la Cámara de Diputadoscada año, la Ley General de Transparencia obliga a quienes dirigen los órganos autónomos a difundir una versión pública de su fortuna en “los medios electrónicos” disponibles según sus facultades. El documento debe reflejarse después en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
Como ocurre en la administración pública federal, la opacidad ronda en el estilo de declarar estos patrimonios. Algunos de los funcionarios al frente de órganos autónomos pusieron candados en los valores de sus ahorros, no hicieron público si poseen casas o automóviles con el argumento de que están a nombre de cónyuges o dependientes económicos o, de plano, su patrimonio está bajo la completa confidencialidad, de acuerdo con una revisión de Reporte Índigo.
La Ley General de Transparencia obliga a quienes dirigen los órganos autónomos a difundir una versión pública de su fortuna, el documento debe reflejarse después en la Plataforma Nacional de Transparencia
Percepciones mayores que las del Presidente en los órganos autónomos
Los salarios brutos de quienes dirigen los órganos autónomos suman un millón 869 mil 672 pesos al mes. En promedio, superan 1.2 veces al del Presidente que es de 167 mil 617 pesos.
Pero además, por lo menos el año pasado, al salario de siete de los nueve titulares de los órganos autónomos se sumaron percepciones extra por arrendamiento o venta de bienes, así como de servicios profesionales, lo que aumentó su ingreso con respecto al del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Según su declaración patrimonial, el Ejecutivo ingresó un millón 628 mil 717 pesos en 2021 sólo por su cargo público. Por su parte, Graciela Márquez Colín, presidenta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), quien vendió un bien inmueble, percibió 5.7 veces más que el Presidente. Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), quien arrendó y tuvo una devolución del Sistema de Administración Tributaria, lo superó 1.8 veces.
Brenda Gisela Hernández Ramírez, comisionada presidenta por vacancia de la Comisión Federal de Competencia (Cofece) prestó servicios profesionales y arrendó una propiedad, y su ingreso fue 1.7 veces más. Y Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada presidenta del INAI, quien también enajenó un bien, tuvo 1.1 veces más dinero que el Primer Mandatario.
También están quienes aun cuando no tuvieron trabajos extra, percibieron más dinero que el Presidente. Sólo con su cargo público, Victoria Rodríguez Ceja, Gobernadora del Banco de México (Banxico), lo superó 1.8 veces. En el mismo caso puede estar Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, quien sólo con su salario tuvo 1.2 veces más dinero que el Presidente, aunque sus declaraciones no brindan datos más allá de su historial académico y político.
El ingreso de Javier Juárez Mojica, comisionado presidente en suplencia por vacancia del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), fue mayor 1.1 veces.
No todos tuvieron percepciones mayores a las del Primer Mandatario. José Nabor Cruz Marcelo, secretario del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y María del Rosario Piedra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), percibieron menos.
Maru Campos responde a Corral y lo acusa de “vivir en su propia patología de mentira e hipocresía”
La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, respondió con dureza a las recientes declaraciones del exgobernador Javier Corral Jurado, quien en videos difundidos en redes sociales insinuó un supuesto “pacto de impunidad” entre Campos y César Duarte, tras la absolución del exmandatario por parte de una corte en Estados Unidos.
En declaraciones a medios locales, Campos desestimó los señalamientos y tachó de “patológicas” las acusaciones de Corral. “No me merece ningún comentario, él sabe perfectamente, él vive dentro de su propia patología, de mentira, de simulación, de hipocresía”, expresó la mandataria estatal al ser cuestionada sobre el tema.
La gobernadora también lamentó lo que calificó como una estrategia de simulación por parte de su antecesor. “Pobre, pobre, pobre hombre, porque él sabe perfectamente bien que al integrar el expediente estaba viciado en todos los sentidos y que no entregó, ni documentó, ni probó lo que debió de haber probado”, agregó.
Las declaraciones de Campos se dan luego de que Corral afirmara públicamente que las autoridades estadounidenses no encontraron elementos suficientes para fincar responsabilidad penal a Duarte por delitos como enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, insinuando que la actual administración chihuahuense habría pactado su protección.
Campos aprovechó para cuestionar la legalidad de las investigaciones impulsadas durante la gestión de Corral, en particular la llamada “Operación Justicia para Chihuahua”, la cual —según ella— estuvo plagada de fallas, omisiones y carencias probatorias que terminaron debilitando los procesos judiciales.
“Nosotros estamos enfocados en sacar adelante los problemas que nos heredaron, entre ellos una severa crisis financiera y expedientes judiciales sin sustento. Lo que estamos haciendo es gobernar con transparencia, sin simulaciones”, concluyó la gobernadora.
Por su parte, Javier Corral ha insistido en que Campos encubre a César Duarte y asegura que las investigaciones en su contra tienen un trasfondo de venganza política. El exmandatario panista sostiene que las irregularidades documentadas durante su administración fueron reales y denuncia una regresión en el combate a la corrupción en Chihuahua.
La confrontación entre ambos panistas vuelve a encender el debate público sobre la eficacia y transparencia del proceso judicial contra Duarte, así como las tensiones internas dentro del Partido Acción Nacional en la entidad.
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