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Inicia juicio contra García Luna por narcotráfico en Nueva York

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El juicio contra Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública que lideró la guerra contra el narco en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), arrancó este lunes en Estados Unidos, donde está acusado de aliarse con el Cártel de Sinaloa para introducir droga en el país vecino.

García Luna fue detenido en diciembre de 2019 en Dallas, Texas, y tres años después comenzó el juicio por cinco delitos, cuatro de ellos relacionados con el narcotráfico: participar en una empresa criminal y conspiración para la distribución internacional, posesión e importación de cocaína.

El quinto corresponde al supuesto falso testimonio que prestó a las autoridades estadounidenses.

Así, se convertirá en el funcionario mexicano de más alto rango en ser juzgado por un tribunal estadounidense.

García Luna presuntamente aceptó sobornos del afamado narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, antiguo líder del Cártel de Sinaloa ahora condenado a cadena perpetua en un penal estadounidense, para permitirle operar con impunidad.

Será precisamente el mismo juez que condenó al “Chapo”, Brian Cogan, quien decidirá el futuro del exsecretario de Seguridad, quien afronta posibles penas que van desde los 10 años de prisión hasta la cadena perpetua.

Hasta llegar al banquillo de la sala del Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York, García Luna pasó tres años entre rejas, en los que México solicitó su extradición y se cuestionó el grado de conocimiento que Calderón tenía sobre sus relaciones con el narcotráfico.

Tras finalizar la selección del jurado, ahora empezarán los alegatos iniciales del juicio, que duraría cerca de dos meses con decenas de testigos del crimen organizado.

UN EXTRAORDINARIO PODER

Al mando de la llamada “guerra contra el narco” impulsada por Calderón, que inauguró una de las épocas más sangrientas de la historia de México, García Luna se convirtió en la mano derecha del presidente y se llegó a decir que acumulaba más poder que él.

Dicha influencia política, sumada a su cercanía con la cúpula del Cártel de Sinaloa, le habría servido a él y sus socios para lucrar.

Según la investigación de la periodista Peniley Ramírez en el libro Los millonarios de la guerra: El expediente inédito de García Luna y sus socios, extrajeron más de 400 millones de dólares del presupuesto público mexicano, que gastaron en lujos.

Ramírez dibujó a García Luna como un megalómano “obsesionado con James Bond”, hasta el punto de celebrar sus fiestas de cumpleaños con la temática del agente 007, y que contrató con fondos públicos a Televisa para producir una serie policiaca protagonizada por la Policía Federal que él dirigía.

LARGA CARRERA EN LA SEGURIDAD

Antes de acceder a uno de los puestos de mayor responsabilidad con Calderón, García Luna ostentó cargos policiales durante los sexenios de Ernesto Zedillo (1996-2000) y Vicente Fox (2000-2006).

Con el primero dirigió áreas de inteligencia, mientras que con el segundo encabezó la Policía Judicial Federal y la recién creada Agencia Federal de Investigación (AFI), cuyo objetivo principal era luchar contra el crimen organizado.

Paralelamente a su larga carrera en puestos de seguridad, García Luna se ha visto salpicado por su presunta implicación en montajes policiales, presiones al Poder Judicial o sobornos a traficantes.

También estuvo envuelto en “Rápido y Furioso”, un polémico operativo realizado con Estados Unidos entre 2009 y 2011 cuyo propósito era obtener inteligencia sobre la compraventa ilegal de armas en México, pero que acabó con el armamento en manos del crimen organizado.

EL INTERÉS DE LÓPEZ OBRADOR

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, sigue de cerca el juicio al exsecretario de su gran adversario político, Felipe Calderón, contra quien contendió en las elecciones federales de 2006.

Desde su tribuna diaria, el mandatario alude con frecuencia a Calderón, a quien ha pedido que explique su vinculación con las actividades irregulares del que fuera su mano derecha.

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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