En un suceso inaudito, los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera dirigieron una carta a la opinión pública para contar su versión respecto a las recientes acusaciones de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) por su aparente responsabilidad en el tráfico de fentanilo a Estados Unidos.
El escrito fue entregado al equipo de la periodista Azucena Uresti, en Milenio, y dado a conocer la noche del 3 de mayo. Primordialmente, los hijos del capo se deslindaron del Cártel de Sinaloa y de las operaciones de trasiego de drogas a la Unión Americana.
“No somos la cabeza [del Cártel de Sinaloa] ni estamos interesados en serlo”, fue una de las primeras líneas incluidas en la misiva. Respecto a la presencia del crimen organizado en tal región, argumentaron que se trata de un “sinnúmero de grupos pequeños y grandes que tienen su base de operaciones en el estado o son integrados por personas de Sinaloa”.
Además, acusaron como un acto “publicitario” su denominación en conjunto como “Los Chapitos” y aseguraron que hay “grupos independientes” que utilizan tanto sus nombres como el de su padre “para poder trabajar con total impunidad” y beneficiarse de su reconocimiento internacional.
Los hijos del «Chapo» aseguraron no tener relación con el tráfico de fentanilo. (AP Foto/Eduardo Verdugo, Archivo)
En documentos recientes de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, las autoridades judiciales detallaron cómo, desde 2014, Los Chapitos habrían incrementado y perfeccionado su red de tráfico de fentanilo a Estados Unidos.
Respecto al papel de cada uno de los hijos del “Chapo”, acusaron a Iván Archivaldo Guzmán Salazar de ser el jefe de seguridad y comandante de los sicarios del grupo. Jesús Alfredo, por su parte, también se encargaría de labores de seguridad, así como de coordinar la recepción de precursores químicos y fentanilo desde China. Ambos fueron señalados de haber perpetrado violencia de manera directa e incluso de haber ordenado torturas y asesinatos.
Joaquín Guzmán López, alias “El Güero”, habría asumido el rol de ser uno de los principales operadores del cártel, a cargo del tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana hacia EEUU, así como del lavado de las ganancias obtenidas por la organización.
Ivan Archivaldo Guzmán fue señalado por la DEA como el principal jefe de seguridad de Los Chapitos.
Historias del tigre y el bat “son falsas”, según Los Chapitos
Una de las acusaciones que adquirió más relevancia entre las expuestas por la DEA fue que Los Chapitos aparentemente tenían tigres bajo su cuidado y los alimentaban con sus enemigos cuando seguían con vida.
“En México usaban a sus enemigos aún vivos para alimentar a tigres, los electrocutaban, los sumergían en agua para ahogarlos y les disparaban a corta distancia con una metralleta calibre 50?, detalló Anne Milgram, titular de la agencia en una conferencia con los medios.
Al respecto, los hijos del exlíder del Cártel de Sinaloa argumentaron que dicha historia era falsa. “Un tigre podrá matar a una persona, ¿pero, comérsela? No tenemos ni tuvimos tigres”, escribieron en su carta.
Otra de las versiones que calificaron como falaz fue la aparente participación de Ovidio Guzmán, “El Ratón”, en la tortura del “Guacho”, un sicario de los Beltrán Leyva que “El Chapo” había ordenado secuestrar en 2010.
De acuerdo con declaraciones de Dámaso López Núñez, alias “El Licenciado” ante las autoridades de EEUU, al “Guacho” lo llevaron a una casa cerca de Culiacán y ahí Ovidio lo habría golpeado con un bat de beisbol.
La sesión de tortura contra el sicario quedó grabada en un video de casi cuatro minutos que fue presentado como evidencia por la Fiscalía de EEUU el 22 de enero de 2019, durante el juicio contra “El Chapo”. El cadáver del “Guacho” fue encontrado el 10 de octubre de 2010 en Navolato.
Acusaron deficiencias en las investigaciones
Como parte de su réplica a la DEA, Los Chapitos reconocieron la presencia de fentanilo en Sinaloa, pues “abundan quienes lo trabajan”, pero se deslindaron de las operaciones relacionadas con dicho opioide. “Nunca hemos trabajado con fentanilo”, escribieron.
Los hijos del «Chapo» aseguraron no estar involucrados con el tráfico de fentanilo, a pesar de las acusaciones de la DEA. (News Sky/Captura de pantalla)
En este sentido, sugirieron que las autoridades no han implementado investigaciones lo suficientemente sólidas al respecto, pues argumentaron que “basta con que manden un solo agente al estado, para que realmente sepan lo que pasa en Sinaloa”.
“Nosotros jamás hemos establecido, a sabiendas, relaciones con personas que trafican fentanilo”, aseguraron los hijos del capo.
Otro tema del cual se distanciaron por medio de la carta entregada a Milenio fue la pugna con otros grupos criminales. “Jamás nos involucramos en guerra o diferencia alguna contra el grupo denominado Los Zetas, por lo que no pueden decir que hayamos participado en homicidio contra sus integrantes”, dijeron en referencia a las versiones que señalaron a Iván Archivaldo y Jesús Alfredo de haber torturado y asesinado a tres integrantes del cártel de la última letra en 2017 en Navolato.
Respecto a los informes oficiales que han reportado disputas entre Los Chapitos y otras facciones del Cártel de Sinaloa o células del Cártel de Caborca en Sonora, no mencionaron nada.
Por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar la DEA ofrece hasta 10 millones de dólares, ya que son considerados como los actuales líderes de ‘Los Chapitos’ (Foto: DEA)
¿Cuál fue el motivo de la carta?
El escrito llegó a las manos del citado medio a través de José Refugio Rodríguez, abogado del “Chapo” y de sus hijos,quien confirmó que fueron estos quienes lo redactaron.
“Lo único que yo hice fue investigar si sí provenía de los hijos, si sí estaba autorizada por los hijos de Joaquín [Guzmán Loera] y sí logré concertarlo. Me hablaron de un número y me dijeron que estuviera al pendiente, que me iban a hacer una llamada. Finalmente fue hasta el sábado que recibí una llamada, que me iban a mandar una nota para que buscara hacerla llegar específicamente con ustedes”, explicó el defensor de la familia en entrevista con Uresti.
Además, Rodríguez detalló que la carta no estaba dirigida hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador ni a ninguna autoridad del Gobierno de México, sino que debía entenderse como “una réplica, como si fuera una declaración de defensa de ellos para deslindarse de las imputaciones que le formuló la Agencia Antidrogas de Estados Unidos”.
Finalmente, el jurista consideró que esta carta era una muestra de preocupación por parte de los hijos de Guzmán Loera ante las investigaciones y operativos que la DEA advirtió en su contra.
“Los hijos de Joaquín Guzmán Loera, a quienes ahora en un afán publicitario nos denominan Los Chapitos, jamás hemos producido, maquilado o comercializado fentanilo ni ninguno de sus derivados.Somos víctimas de una persecución y nos convirtieron en chivo expiatorio”, escribieron los hermanos al final de su mensaje.
El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.