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GOYA, La otra sucesión. Por Raúl Saucedo

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Hablar de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en México es hablar de la máxima referencia académica y de investigación, pero a si mismo es hablar de movimientos estudiantiles, de derechos sociales y de política.

En este 2023 inicia el proceso de renovación para designar al nuevo rector de la UNAM se avecina en un contexto de tensiones y expectativas. Con el fin del segundo período de Enrique Graue Wiechers rector número 24 desde la autonomía de la universidad (1929) como líder de la institución, la comunidad universitaria se prepara para un cambio de dirección en una de las instituciones educativas más influyentes y emblemáticas de Latinoamérica.

Son bastantes los intereses que a través de la historia política de México han pasado por las aulas universitarias, ya sea como alumnos o catedráticos, la mayoría de los grandes políticos de México se han forjado en los jardines y trasnochadas de Ciudad Universitaria.

El proceso de selección del nuevo líder universitario se realizará a través de la Junta de Gobierno, un órgano compuesto por 15 miembros académicos que coordinarán la elección. Esta junta se encarga de consultar a la comunidad universitaria, convocar a posibles candidatos a comparar y realizar propuestas, a una votación secreta para determinar al nuevo rector. El candidato que obtenga más de 10 votos será designado como el nuevo rector de la UNAM.

La Junta de Gobierno estará dividida en cinco comisiones para escuchar las propuestas de diferentes entidades académicas, administrativas, culturales e investigativas. Cada comisión atenderá a los representantes de distintas áreas, y se espera que a finales de octubre se anuncien los nombres de los aspirantes y se realicen las comparaciones.

Para ser rector de la UNAM, se deben cumplir ciertos requisitos: ser mexicano, tener entre 35 y 70 años, poseer un grado académico superior al de bachiller, tener al menos 10 años de experiencia docente o de investigación en la universidad, ser destacado en su especialidad y poseer prudencia y honorabilidad.

Sin embargo, el ambiente político en México añade un matiz adicional a este proceso. Las diferencias ideológicas y las posturas disímiles respecto a temas como la autonomía universitaria y la gestión de recursos públicos han causado tensiones visibles. Esta situación coloca la elección del nuevo rector en un contexto donde se demanda independencia y autonomía para la toma de decisiones universitarias.

Entre los posibles aspirantes, figuran nombres de académicos y especialistas con amplias trayectorias en la UNAM. La elección del nuevo rector no solo tendrá que reflejar la excelencia académica, sino también la capacidad de gestión, liderazgo y apertura al diálogo. Además, el proceso debe considerar la diversidad de opiniones y enfoques presentes en una institución que alberga miles de estudiantes, profesores y personal administrativo.

El rector que suceda a Graue se enfrentará a retos significativos. La UNAM, como líder en educación superior y generadora de conocimiento en México, debe adaptarse a los cambios tecnológicos y sociales del siglo XXI. La pandemia de COVID-19 evidencia la necesidad de fortalecer la educación en línea, así como de replantear la interacción entre la universidad y la sociedad en un mundo totalmente globalizado.

Además, la cuestión de género y diversidad adquiere relevancia. El nuevo rector o rectora deberá abordar con seriedad y compromiso la promoción de la equidad de género, la inclusión de comunidades diversas y la garantía de un ambiente libre de acoso. La UNAM tiene la responsabilidad de ser un modelo en este sentido, influyendo no solo a nivel local sino también en la sociedad mexicanaen general.

El papel político de la UNAM también está bajo escrutinio. La institución no puede desligarse de la realidad política del país en miras a la sucesión presidencial del 2024, son muchos los grupos de todos los partidos políticos que cuentan con interés particulares al interior de la universidad y sin lugar a duda los damnificados de los procesos internos del oficialismo y de la oposición encontraran en esta sucesión una moneda de cambio o un espacio para empezar a planear futuras contiendas electorales.

La dimensión de la Máxima Casa de Estudios del País

373 mil 340 alumnos
42 mil 190  académicos
133 carreras de licenciatura
5 mil 986 Académicos en el Sistema Nacional de Investigadores
$ 52 mil 728 millones de pesos (57% del presupuesto del estado de Chihuahua).

Mientras esta sucesión se gesta de manera formal al sur de la Ciudad de México, este servidor se despide porque se hace tarde para llegar a cantera uno y así en los jardines de la universidad seguir meditando de lo que es ser “tío luchón” en la gran metrópoli.

MAIL: [email protected]

TWITTER (X): @Raul_Saucedo

Opinión

Inzunza: la decadencia del favorito. Por Caleb Ordóñez T.

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Hay políticos que caen peleando. Hay políticos que caen defendiendo una causa. Y hay políticos cuya caída comienza mucho antes de que ellos mismos se den cuenta; cuando todavía sonríen en las fotografías oficiales y firman acuerdos con la soltura de quien cree que el futuro le pertenece.

La historia reciente de Enrique Inzunza Cázares parece pertenecer a esta última categoría.

Porque más allá de las acusaciones que enfrenta, más allá de los expedientes estadounidenses y más allá del ruido mediático que rodea a Sinaloa, hay algo que llama poderosamente la atención: Inzunza no se comporta como alguien que busca convencer al país de su inocencia. Se comporta como alguien atrapado en una partida de ajedrez donde cada movimiento tiene un único objetivo: sobrevivir un turno más. Viviendo en un eterno jaque.

Durante años fue presentado como uno de los hombres más inteligentes del círculo cercano de Rubén Rocha Moya. Jurista, magistrado, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, secretario general de Gobierno y después senador de la República. Su ascenso fue tan rápido que muchos (casi todos) dentro de Morena en Sinaloa, lo veían como una especie de gobernador en espera.

No era un político de masas. No era un gran orador. No era un líder carismático.

Su poder provenía de otra parte: de la operación silenciosa, del control institucional, de la cercanía con el grupo gobernante y de una influencia que crecía discretamente, lejos de los reflectores, precisamente donde ese tipo de poder se cultiva mejor.

Por eso resulta tan revelador observar lo que ocurre hoy.Cuando un político es acusado injustamente, normalmente intenta salir a dar la cara. Busca entrevistas. Explica. Debate. Confronta. Construye una narrativa que lo sostenga mientras el temporal amaina.

Inzunza ha hecho exactamente lo contrario.

Los números lo dicen con una frialdad que ningún argumento político puede disfrazar.

Desde el 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación formal en su contra, Inzunza acumuló 21 días de ausencia en sesiones del Congreso. No pidió licencia. No renunció. Simplemente dejó de aparecer. Su única reaparición fue una fotografía en redes sociales junto a su madre, con ubicación en Batequitas, Badiraguato. Un político que dice no tener nada que esconder, escondido. Y cuando finalmente habló, lo hizo desde X, con una frase que revela más de lo que oculta:

«Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad.» Es la declaración de alguien que no quiere testigos en su defensa.

Y en política las formas importan tanto como los hechos, porque la percepción pública rara vez se construye únicamente con documentos judiciales. También se construye observando cómo reaccionan los protagonistas cuando el suelo comienza a moverse bajo sus pies.

Lo que proyecta Inzunza no es fortaleza. No transmite confianza. No parece un político concentrado en demostrar que las acusaciones son falsas.

Parece un político concentrado en administrar daños.

Esa imagen explica en buena medida por qué hoy se encuentra tan aislado. No porque Morena haya decidido abandonarlo de la noche a la mañana. No porque el Senado haya ejecutado una conspiración interna. Sino porque el propio Inzunza dejó de ser una apuesta rentable.

La política es brutalmente pragmática. Los partidos respaldan a quienes generan votos, estabilidad o futuro. Cuando un liderazgo comienza a representar riesgo, incertidumbre o desgaste, las distancias aparecen solas, sin reuniones, sin comunicados, sin rupturas formales. Simplemente aparecen.

Hace apenas unos meses su nombre figuraba entre los aspirantes más serios para suceder a Rocha en la gubernatura de Sinaloa. Hoy prácticamente nadie dentro del oficialismo habla de esa posibilidad. No porque exista una sentencia. No porque haya sido declarado culpable. Sino porque la candidatura dejó de ser viable.

Y en política la inviabilidad suele ser una condena mucho más rápida que cualquier resolución judicial.

Lo verdaderamente inquietante es que el caso de Inzunza trasciende a una sola persona.

Se convierte en un espejo incómodo para todo el sistema político mexicano.

Lo que hace singular el caso de Inzunza no es la acusación en sí. Es la arquitectura que describe. Según el expediente estadounidense, Inzunza habría acompañado al gobernador

Rocha Moya a una reunión con Los Chapitos tras las elecciones de junio de 2021, cuando todavía era secretario general del gobierno estatal y en ese encuentro habrían acordado que el cártel tendría control sobre la Policía Estatal de Sinaloa. Si eso es cierto, no estamos hablando de un funcionario que recibió un sobre. Estamos hablando de una negociación institucional: el Estado cediendo su monopolio de la fuerza a cambio de estabilidad política.

Eso es algo cualitativamente distinto, y más perturbador, que la corrupción individual de siempre. No es un hombre que se corrompió. Es una institución que se ofreció.

Por eso el caso Inzunza genera tanta atención. No solo por sus detalles particulares, sino porque representa el choque entre dos narrativas que México lleva años intentando reconciliar sin éxito: la del político exitoso que parecía destinado a gobernar uno de los

estados más importantes del país, y la del funcionario que termina convertido en símbolo de una crisis de confianza cada vez más profunda.

Su tragedia política no consiste únicamente en las acusaciones.

Consiste en haber perdido aquello que realmente construye el poder: la credibilidad.

Cuando la gente deja de creer en tu futuro, el poder comienza a evaporarse. Cuando tus aliados dejan de apostar por ti, el aislamiento se vuelve inevitable. Cuando tu nombre genera más preguntas que certezas, las puertas empiezan a cerrarse, no con portazos, sino con la silenciosa delicadeza con que se cierra una puerta frente a alguien a quien ya no se espera.

Por eso Enrique Inzunza muy probablemente ya no será gobernador de Sinaloa. No porque un

juez lo haya decretado. No porque un partido lo haya expulsado. Sino porque la política mexicana ya comenzó a actuar como si ese futuro hubiera desaparecido.

Y pocas cosas son más devastadoras para un político que seguir ocupando un cargo mientras todos a su alrededor se comportan como si su historia ya hubiera terminado.

Esa es la verdadera decadencia.

No perder el poder. Sino ver cómo el poder te abandona: despacio, en silencio, sin siquiera molestarse en despedirse.

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