Opinión
Los niños dosis cero. Por Itali Heide
La salud parece sencilla en teoría: la ciencia se ha considerado digna de confianza durante cientos de años, por lo que la opción obvia sería confiar en ella. Confiamos en la ciencia para todo: elegimos la pasta de dientes favorita de 9/10 dentistas, nos abrigamos de más para escapar de la gripe, creemos en las instrucciones para hornear de Betty Crocker y fiamos en que una manzana caerá cuando la soltemos.

Itali Heide
Imposible negar la certeza de la ciencia, sin embargo, un número creciente de niños y niñas en México cae víctima a un problema preocupante: las bajas tasas de vacunación. La ley es clara como el agua cristalina cuando afirma que los niños tienen derecho al más alto nivel posible de salud, así que ¿dónde nos estamos equivocando?
La encuesta ENSANUT 2022 confirma temores al mostrar que las tasas de vacunación completa bajaron de 31.1% en 2021 a 26.2% en niños y niñas de dos años. Incluso en los primeros dos años de vida, la vacunación parece volverse menos accesible. Los niños de un año llegan con un 42.6% de vacunación completa, cayendo más de 15 puntos tras soplar las velas del primer cumpleaños.
Lejos de la cobertura del 90% que México quiere alcanzar, la situación actual de los niños no vacunados se debe a muchos problemas: la falta de accesibilidad debido a la pobreza, la falta de apoyo gubernamental y la desinformación que causa desconfianza en la atención sanitaria y las vacunas.
Las comunidades más afectadas suelen ser las que tienen poco acceso al mundo exterior, y albergan perspectivas, tradiciones y temores únicos que pueden fomentar o impedir la aceptación de las vacunas. Cuando se trata de la indecisión ante las vacunas, va más allá de clavar la aguja. Es esencial comprender las raíces y encontrar estrategias culturalmente sensibles para superarlas.
Las comunidades empobrecidas y de difícil acceso se encuentran a menudo en la periferia de los conocimientos esenciales debido al acceso limitado a la educación y a los recursos sanitarios. Los mitos sobre las vacunas pueden arraigar y florecer, causando desconfianza en los servicios médicos que visitan estas regiones. La falta de información perpetúa generaciones de malentendidos y vulnerabilidades, por lo que organizaciones como Medical IMPACT trabajan para desmantelar las barreras que fomentan la desinformación y capacitar a las personas para que tomen decisiones informadas para sus familias.
Las comunidades que viven en el lujo de la modernidad no están a salvo de la desinformación: incluso personas educadas con acceso a datos e investigación pueden caer en la madriguera de los anti-vacunas, siendo los niños los últimos sufridores de las decisiones de sus padres. En última instancia, el poder de la concienciación y la educación públicas está luchando contra las sombras que se ciernen sobre la eficacia y la seguridad de las vacunas.
La decisión deliberada de algunos de rechazar las vacunas tiene sus raíces en el escepticismo, el miedo y las teorías conspirativas, un movimiento que opera abiertamente en un panorama rico en información fácilmente accesible. El movimiento antivacunas se nutre de la desconfianza en las instituciones establecidas y se alimenta de datos seleccionados y estudios desacreditados para justificar la retórica antivacunas. El diálogo respetuoso, la información basada en pruebas y el desmantelamiento de mitos son pasos cruciales para frenar esta tendencia.
Estas dos perspectivas pueden proceder de contextos diferentes, pero es crucial salvar la brecha informativa entre quienes no pueden acceder a ella y quienes no quieren creerla. Las comunidades vulnerables requieren estrategias adaptadas que reconozcan los matices culturales y empleen la accesibilidad, mientras que la lucha contra el movimiento antivacunas exige un compromiso con el diálogo y la comprensión de las raíces del escepticismo.
En la búsqueda de un futuro más saludable para los niños y niñas de México, organizaciones como Medical IMPACT y The People’s Vaccine Alliance se erigen como un faro de esperanza, comprometidas con el principio de que la vacunación salva vidas. Las iniciativas sobre el terreno de Medical IMPACT, desde clínicas móviles hasta talleres comunitarios, sirven de salvavidas para quienes se encuentran al margen de los conocimientos sanitarios esenciales. Mientras seguimos sorteando las complejidades de la vacunación, nuestro compromiso colectivo es crear un mundo en el que todos los niños estén protegidos.
Opinión
La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.
En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.
La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.
Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.
Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.
El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.
Y los decretos tampoco.
Las buenas intenciones también tienen consecuencias
La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.
Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.
Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.
Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.
¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?
Habrá una vivienda menos.
Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.
No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.
Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.
El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.
¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?
Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.
Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.
Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.
El gobierno también debe rendir cuentas
Hay otra contradicción.
Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.
¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?
El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.
Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.
Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.
La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.
La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.
Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.
Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.
Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.
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