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México

Poder Judicial acepta oferta de AMLO para negociar dinero de fideicomisos para Acapulco

Norma Lucía Piña, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha solicitado un canal de diálogo institucional en relación a la propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador de destinar los fideicomisos del poder judicial para ayudar a las víctimas y la reconstrucción de Acapulco después del huracán «Otis».

Esto surge después de que el Presidente propusiera que el Poder Judicial de la Federación (PJF) donara el dinero de sus 13 fideicomisos, que el Congreso había aprobado eliminar.

En una misiva, la también líder del Consejo de la Judicatura de la Federación (CJF) ha instado al Presidente a definir un canal institucional para entablar un diálogo sobre los detalles con el objetivo de concretar la mencionada propuesta.

En representación del Poder Judicial de la Federación, le manifiesto que tenemos conocimiento de la propuesta expresada en su conferencia matutina, relativa a destinar el dinero que integra los fideicomisos públicos, a la ayuda y defensa de las personas damnificadas por el huracán ‘Otis’ en Acapulco, Guerrero.

La propuesta que se hace desde el Poder Ejecutivo al Poder Judicial representa una alternativa real que nos permitirá actuar como Estado, en defensa de su población», aseveró Piña Hernández.

Enfoque en la Recuperación

Destacó que trabajarán en conjuntopor la recuperación de las personas más afectadas, para devolverles el derecho al futuro que les fue suspendido y buscar asegurarles, en el menor tiempo posible, condiciones de igualdad para continuar con su proyecto de vida.

Como lo he manifestado antes, desde el Poder Judicial Federal, estamos obligados a garantizar los derechos de todos los integrantes de nuestra institución. Lo anterior al margen de que, desde que inició este año, mi administración ha venido trabajando en un proyecto de reingeniería, tanto de los fideicomisos, como del ejercicio del presupuesto asignado», resaltó la presidenta de la Corte.

Explicó que esto con el objeto de que, por un lado, se garanticen esos derechos, y por el otro, se mejore el uso y aprovechamiento de los recursos públicos para el cumplimiento de otros fines sociales, como sin duda, en este caso se requiere.

A partir de lo anterior, quedo a la espera de la definición del canal institucional para dialogar los términos con la finalidad de concretar la propuesta en cuestión. Sin otro particular, reciba un saludo cordial», puntualizó.

México

Avanza nueva Ley de Telecomunicaciones en el Senado: oposición advierte riesgo de censura y espionaje

El Senado de la República aprobó en lo general y lo particular la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, impulsada por Morena y sus aliados, en una sesión extraordinaria que terminó con 77 votos a favor y 30 en contra, principalmente del PRI y del PAN, quienes alertaron sobre riesgos de censura, vigilancia masiva y concentración de poder por parte del Estado.

Durante el debate, se presentaron 20 reservas, de las cuales sólo se aceptaron cuatro: dos del morenista Javier Corral y dos del senador Ricardo Sheffield. Estas últimas incorporan facultades para que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones —nuevo órgano autónomo creado por esta ley— vigile los costos de los equipos de telefonía móvil y evite incrementos injustificados.

El dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis y posible aprobación. Entre los puntos más polémicos se encuentra la facultad de suspender transmisiones de radio y televisión bajo criterios aún considerados ambiguos por la oposición, y la posibilidad de crear un registro de líneas de telefonía móvil, que algunos senadores calificaron como una amenaza a la privacidad.

El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, sostuvo que aunque Morena eliminó del dictamen el artículo 109 —que planteaba el bloqueo de plataformas digitales—, esto se debió a la presión ciudadana, no a una convicción democrática. «Pusieron a temblar al gobierno. Los dobló la presión ciudadana», dijo desde tribuna. Aun así, insistió en que persisten mecanismos de control estatal que buscan acallar voces críticas.

En ese mismo sentido, el dirigente nacional del PRI y senador, Alejandro Moreno Cárdenas, advirtió que esta reforma representa “una guía de bolsillo para fortalecer un régimen antidemocrático, dictatorial”, al permitir al Estado vigilar a los ciudadanos, controlar los medios de comunicación y restringir la libertad de expresión. «Ustedes están destruyendo la República», acusó.

En defensa del dictamen, el senador Manuel Huerta (Morena) respondió que la ley “no espía, no persigue, no censura”, sino que garantiza que las telecomunicaciones estén al servicio del pueblo y no de intereses económicos particulares. Por su parte, Jorge Carlos Ramírez Marín (PVEM) argumentó que el registro de líneas ya está contemplado en el artículo 190 de la ley vigente, y desestimó las acusaciones de que se trata de un «Big Brother».

Uno de los cambios relevantes del dictamen fue la eliminación de la censura previa de contenidos de medios internacionales a través de la Secretaría de Gobernación, medida que habría violado el capítulo 18.18 del T-MEC. Además, se sustituyó la polémica Agencia de Transformación Digital por una Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, con independencia técnica y operativa, aunque con integrantes propuestos por la Presidencia y ratificados por el Senado, lo que motivó críticas por un posible conflicto constitucional.

La senadora Claudia Anaya (PRI) advirtió que estos nombramientos serían ilegales, ya que el artículo 76 de la Constitución no faculta al Senado para ratificar integrantes de órganos reguladores como el que se plantea.

En paralelo, se determinó que la autoridad en materia de competencia económica quedará sectorizada en la Secretaría de Economía, que en conjunto con tribunales especializados decidirá sobre casos de poder sustancial o preponderancia en el sector.

Mientras tanto, la Agencia de Transformación Digital, ahora con funciones reducidas, será responsable de la política estatal de cobertura social, acceso satelital y aprovechamiento del espectro, sin excluir su participación como proveedor comercial.

La discusión en la Cámara de Diputados será clave para definir el rumbo de esta polémica reforma que, pese a los ajustes realizados, sigue dividiendo a los actores políticos y a la opinión pública.

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